Investigación de El Liberador frenó una licitación con sobreprecios en el Túnel Subfluvial Santa Fe-Paraná
La apertura de sobres de la Licitación Pública N° 492/25 fue frenada a último momento tras una investigación de El Liberador que expuso luminarias “fantasma”, duplicación de equipamiento ya instalado del lado Paraná y presuntos sobreprecios de hasta 88%. La suspensión llegó por pedido formal del representante de Entre Ríos, mientras el gobierno de Santa Fe mantuvo silencio y quedó otra vez bajo sospecha por su vieja pulsión por la obra pública opaca.
A horas de la apertura de sobres prevista para este lunes 26 de enero a las 11:00, la Licitación Pública N° 492/25 del Ente Túnel Subfluvial quedó frenada luego de que el Director representante de Entre Ríos, Aníbal José Vergara, enviara una nota formal a su par de Santa Fe, Sebastián Barbona, solicitando la suspensión de la apertura y/o una prórroga en la adjudicación “ante la inminencia” del acto. El pedido se disparó tras el escándalo público que destapó la investigación: el Ente estaba por avanzar con la compra de 400 luminarias LED en zonas donde, del lado Paraná, gran parte del equipamiento ya estaría instalado por una donación previa.
Lo más revelador no es solo el freno: es de dónde vino. La reacción institucional llegó desde Entre Ríos, mientras que del lado santafesino —donde el gobierno habla de “transparencia”— el tema no tuvo la misma exposición ni una explicación clara hacia la ciudadanía.
Qué se intentaba licitar y por qué estalló el escándalo
El 6 de enero, El Liberador publicó una investigación que puso bajo la lupa el expediente: el Ente pretendía gastar $150 millones en la compra de luminarias que, según el cruce de documentación y la realidad en el terreno, ya se encontrarían funcionando del lado entrerriano gracias a un convenio de donación con ENERSA desde enero de 2025.
Según la nota, los pliegos pedían equipos para Zonas 7 y 8, Espacios Verdes y Rampa de Acostumbramiento, con columnas específicas K001 a K056, que ya habrían sido equipadas con 55 luminarias viales y 12 proyectores LED donados (en total, 67 unidades). La pregunta era tan obvia como explosiva: si ya están puestas, ¿qué se va a comprar y adónde iría ese material pagado con fondos públicos?
Los números del sobreprecio: la otra alarma roja
La investigación también marcó un punto clave: el presunto sobreprecio. Con presupuesto oficial de $150.000.000 para 400 equipos, el valor implícito era de $375.000 por unidad, contra un promedio de mercado estimado en $200.000 (y referencias aún más bajas en plataformas de venta), lo que arrojaba una brecha del 88%.
Además, solo por el remanente de 67 luminarias ya instaladas, el cálculo expuesto estimaba una erogación injustificada cercana a $25.125.000.
La carta que frenó todo: tratado interprovincial y riesgo de juicios
El texto enviado por Vergara a Barbona sostiene que la licitación “aparentemente se contrapone” con un convenio previo con ENERSA, y advierte que tanto el convenio marco como la donación de la gestión anterior no habrían tenido consentimiento de Santa Fe, lo que implicaría un choque con el Tratado Interprovincial. También remarca el riesgo de perjudicar oferentes y abrir la puerta a reclamos por daños y perjuicios si el proceso avanzaba y luego debía retroceder.
En otras palabras: cuando el escándalo ya estaba instalado, Entre Ríos activó el freno para no quedar pegada a una licitación con olor a papelón administrativo —o algo peor—.
El dato político que deja expuesta a Santa Fe
El episodio deja una conclusión incómoda: la alarma institucional no se encendió primero en Santa Fe, sino del otro lado del túnel. Y si el freno llega por carta y a último momento, es porque el proceso venía encaminado pese a las señales de duplicación y los números del pliego.
Para un gobierno que declama transparencia, el silencio es un problema: si todo estaba bien, debieron explicarlo; si estaba mal, debieron frenarlo. Lo que ocurrió —otra vez— es lo típico del “partido del Estado” con distintos colores: cuando la caja de la obra pública aparece en escena, la reacción suele ser tardía, opaca y defensiva.
Lo que debería explicar el Ente (y el gobierno santafesino)
Para despejar dudas —y no alimentar sospechas— hay preguntas básicas que exigen respuesta pública:
- ¿Por qué se licitó equipamiento que ya estaba instalado del lado entrerriano?
- ¿Quién verificó el inventario real antes de redactar los pliegos?
- ¿De dónde surgen los precios unitarios presupuestados?
- ¿Por qué Santa Fe no informó de inmediato lo ocurrido, si dice gobernar con transparencia?
- ¿Qué responsabilidades administrativas se van a determinar y en qué plazos?
Cuando el Estado administra recursos ajenos, el silencio no es prudencia: es encubrimiento y/o negligencia.
