El gobierno de Javier Milei baja las retenciones al petróleo convencional para generar más inversión y más trabajo
Milei vuelve a bajar impuestos y reduce las retenciones al petróleo convencional, profundizando su camino de desregulación y alivio fiscal para quienes producen. Menos presión del Estado, más inversión y más trabajo.
Buenos Aires — El presidente Javier Milei oficializó una medida de fuerte impacto para la industria hidrocarburífera tradicional al reducir los derechos de exportación al petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales, mediante el Decreto 59/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La decisión apunta a frenar el declino productivo, sostener miles de puestos de trabajo, evitar el cierre de yacimientos maduros y mejorar la competitividad de un segmento que quedó relegado frente al auge del shale, pero que sigue siendo central para economías provinciales como Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Tierra del Fuego.
Qué cambia con el nuevo esquema de retenciones
El decreto establece un régimen diferencial exclusivo para el petróleo convencional, modificando el esquema vigente desde 2020 y dejando sin efecto, para este tipo de crudo, el marco general del Decreto 488/2020.
A partir de ahora, las retenciones quedan fijadas de la siguiente manera:
- 0% de derechos de exportación cuando el precio internacional del barril Brent sea igual o inferior a USD 65
- 8% de retenciones cuando el precio del Brent sea igual o superior a USD 80
- Alícuota móvil para los valores intermedios, calculada mediante una fórmula específica
Hasta la sanción del Decreto 59/2026, las retenciones se activaban con precios sensiblemente más bajos, afectando de manera directa la rentabilidad de yacimientos con altos costos operativos y baja productividad natural, típicos de las cuencas maduras.
La reducción de retenciones al petróleo convencional encuentra su fundamento en una diferencia estructural de costos que hoy define la inversión energética en la Argentina. Un pozo no convencional en Vaca Muerta requiere una inversión promedio de unos u$s 12 millones, pero a lo largo de su vida productiva puede acumular cerca de 1,2 millones de barriles, con un costo total por unidad de apenas u$s 13 por barril, incluyendo perforación y mantenimiento. La inversión se recupera en un plazo de 18 a 24 meses, con una vida útil estimada de 20 años.
El panorama es diametralmente opuesto en los yacimientos convencionales. Allí, un pozo demanda una inversión cercana a u$s 4 millones, pero su producción total apenas alcanza los 120.000 barriles, apenas un 10% del rendimiento de un pozo shale. A esto se suma un costo de mantenimiento considerablemente más elevado, del orden de u$s 35 por barril, lo que eleva el costo total de producción a entre u$s 55 y u$s 58 por barril.
Esta brecha explica por qué las grandes operadoras —YPF, Vista Energy, Pan American Energy y Tecpetrol— concentran casi la totalidad de sus inversiones en Vaca Muerta, mientras que los yacimientos maduros quedan en manos de empresas más pequeñas, con estructuras livianas y alta sensibilidad a la carga fiscal.
Los datos productivos refuerzan el diagnóstico. En 2025, la Argentina produjo en promedio 861.000 barriles diarios, un 13% más que el año anterior. Sin embargo, ese crecimiento se explicó casi exclusivamente por el aumento del 31% en la producción no convencional, que compensó la caída del 13% del petróleo convencional, concentrado en Chubut, Santa Cruz y áreas maduras de Neuquén.
En este contexto, la baja de retenciones dispuesta por el Gobierno de Javier Milei aparece como una medida correctiva destinada a evitar el colapso definitivo del petróleo convencional, sostener empleo y preservar actividad en las cuencas históricas del país.
Provincias y empresas beneficiadas
La medida tiene un impacto directo en las provincias con mayor peso de producción convencional:
- Santa Cruz
- Chubut
- Mendoza
- Tierra del Fuego
- Sectores convencionales de Neuquén
En particular, Santa Cruz aparece como la principal beneficiada. La provincia atraviesa una profunda crisis productiva tras el retiro de YPF de los pozos maduros para concentrarse en Vaca Muerta.
Semanas atrás, el gobernador Claudio Vidal firmó un acuerdo con el Gobierno nacional que incluía el compromiso de avanzar en esta reducción de derechos de exportación, como parte de una estrategia integral para sostener el empleo y la producción.
Con el Decreto 59/2026, ese compromiso se transforma en una norma concreta.
Tras la salida de YPF, el Gobierno de Santa Cruz avanzó con el Plan Andes, mediante el cual las áreas convencionales fueron transferidas a la empresa estatal FOMICRUZ, que licitó los yacimientos en diciembre pasado.
Actualmente, 10 áreas maduras de la Zona Norte santacruceña son operadas por 6 empresas, que asumieron compromisos de inversión por 1.259 millones de dólares.
Las empresas beneficiadas directamente por la baja de retenciones son:
- Patagonia Resources S.A.
Opera Los Perales – Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky. - Clear Petroleum S.A.
A cargo de Cañadón de la Escondida – Las Heras. - Roch Proyectos S.A.U.
Opera Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra, Cañadón Yatel y El Guadal – Lomas del Cuy. - Azruge S.A.
Responsable de Cañadón Vasco. - Brest S.A.
Opera Pico Truncado – El Cordón. - Quintana E&P Argentina S.R.L. y Quintana Energy Investments S.A.
A cargo de Cañadón León y Meseta Espinosa.
Federalismo productivo y reglas claras
La medida también se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno nacional: devolver competitividad a las economías regionales, abandonar esquemas fiscales confiscatorios y acompañar a quienes producen.
El decreto establece mecanismos de control para garantizar que el beneficio fiscal se aplique exclusivamente al petróleo convencional, tarea que quedará a cargo de la Secretaría de Energía, evitando desvíos o abusos.
Con esta decisión, el Gobierno de Javier Milei envía una señal contundente al mercado y a las provincias productoras: el petróleo convencional no será abandonado. En un escenario donde los desarrollos no convencionales, como Vaca Muerta, concentran gran parte de la inversión, la Casa Rosada apuesta a ganar tiempo, sostener actividad y proteger empleo en cuencas históricas.
