Liberan a un argentino preso sin motivo durante más de un año por la dictadura de Venezuela
El Gobierno confirmó que Gustavo Gabriel Rivara recuperó la libertad tras más de un año privado de ella, y que ya recibió asistencia consular en Colombia. La Cancillería volvió a exigir la liberación inmediata de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, además de “todos los privados de su libertad”.
La República Argentina confirmó la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria en Venezuela desde el 1 de enero de 2025. Tras recuperar la libertad, Rivara abandonó territorio venezolano y se trasladó a Colombia, donde se presentó ante la representación diplomática argentina. Allí recibió asistencia consular y se le emitió la documentación personal correspondiente. La liberación fue confirmada por sus familiares, mientras la Cancillería informó que mantuvo contacto permanente con él y su entorno desde el momento de la excarcelación.
El dato verdaderamente relevante del caso no es solo que Rivara haya recuperado la libertad, sino que durante más de un año el gobierno venezolano jamás explicó públicamente por qué lo tenía detenido. No hubo acusación formal, no se informó una causa judicial concreta, no se conoció ningún expediente verificable ni se brindó una explicación legal consistente. Ese silencio no fue casual ni accidental. Fue deliberado.
La razón es simple y brutal: no había un “por qué” jurídico que explicar. Rivara no estaba preso por un delito comprobado ni por una causa real. Estaba detenido porque el régimen lo necesitaba como pieza de negociación.
En una república con Estado de derecho, el poder detiene para juzgar. En la dictadura comunista narcoterrorista chavista, se detiene para negociar. Por eso no se explican los motivos: explicarlos implicaría admitir que no existen. La detención arbitraria no es un error del sistema; es el sistema.
El paralelismo con una organización criminal no es retórico, es estructural. En una banda de secuestradores, los captores toman un rehén y exigen dinero a cambio de su liberación. En esta dictadura narco, los dictadores capturan ciudadanos extranjeros y los utilizan como monedas de negociación entre Estados: concesiones políticas, alivio diplomático, presión internacional, gestos estratégicos.
No es justicia. Es extorsión institucionalizada.
Este método no es nuevo ni excepcional. Responde a una lógica histórica bien conocida. Los gulags de la Unión Soviética, los campos de concentración del régimen cubano, los sistemas de represión en Europa del Este, el genocidio de Camboya bajo Pol Pot, todos compartieron la misma matriz ideológica: el Estado por encima del individuo, la “reeducación” forzada, la privación de la libertad como herramienta de control político.
La misma lógica fue aplicada por el Partido Nacional Socialista alemán, bajo el mando de Adolf Hitler: detenciones sin debido proceso, campos de concentración, eliminación del disidente, sometimiento total del individuo al poder. Cambian los discursos y las banderas, pero el método es siempre el mismo: sometimiento del individuo en nombre del Estado.
En Venezuela, esa lógica derivó en algo aún más profundo: una estructura criminal alojada dentro del Estado, que terminó tomando a un país entero como rehén. Presos políticos, ciudadanos comunes y extranjeros se convierten en fichas dentro de un esquema de coerción permanente.
Argentina, en ese contexto, volvió a exigir la liberación inmediata de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan detenidos. En un caso, ni siquiera existe una explicación pública. En el otro, el régimen recurre a acusaciones grandilocuentes —terrorismo, conspiración, narcotráfico— sin pruebas públicas ni garantías reales. En ambos, el patrón es idéntico: opacidad, arbitrariedad y utilización política de la detención.
La intervención de Estados Unidos y el rol de Donald Trump
La liberación de Rivara no fue consecuencia de un proceso judicial inexistente, sino del cambio en el contexto internacional y de la intervención directa del gobierno de Estados Unidos, en el marco de la gestión de Donald Trump. La presión política ejercida desde Washington volvió a colocar al régimen venezolano bajo escrutinio y alteró el equilibrio que le permitía sostener detenciones arbitrarias sin costo externo.
El patrón es claro y se repite: cuando hay presión internacional real, el régimen libera. Cuando esa presión desaparece, encarcela. La libertad no depende de la justicia, sino de la conveniencia política del poder.
Por eso, la ausencia de una explicación sobre el “por qué” de la detención de Rivara no es un vacío informativo: es la prueba del método. En Venezuela no se detiene para juzgar. Se detiene para negociar.
Y mientras ese sistema siga en pie, cada liberación será una excepción táctica, no el fin de una práctica criminal que convirtió al Estado en una herramienta de secuestro político.
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