Muertes, suicidios y precarización extrema en la Policía de Santa Fe desnuda una crisis profunda escondida por el gobierno
En dos semanas, Santa Fe registró muertes e intentos de suicidio dentro de la fuerza policial, exponiendo un sistema que exige fortaleza extrema pero abandona la salud mental y física de sus agentes, con salarios insuficientes, desarraigo y una cobertura que no contiene.
En apenas dos semanas, Santa Fe acumuló una seguidilla de muertes y hechos extremos en el ámbito policial: el hallazgo sin vida de un joven suboficial en Rosario, el suicidio de un agente en Coronda y el intento de suicidio de un suboficial de la Unidad Regional XIX —con funciones en Vera—, que permanece en estado crítico tras dispararse en la cabeza en Rosario.
Esto no puede leerse como episodios sueltos: es la consecuencia directa de un sistema que exige fortaleza permanente, disponibilidad absoluta y profesionalismo extremo, pero que no brinda contención real ni condiciones dignas para sostener esa exigencia. Un sistema roto y deshumanizado bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que expone con crudeza una política de seguridad basada en la exigencia permanente, los sueldos miserables y el abandono absoluto de la salud física y mental de la fuerza.
El Gobierno Provincial exige fortaleza permanente y resultados estadísticos, pero responde con una desprotección que raya en la crueldad.
- El abandono médico: Mientras el Ministerio de Seguridad habla de “460 agentes que dejaron su tratamiento”, la realidad es que el propio sistema los empuja a desertar. Con apenas 50 psicólogos para 30.000 efectivos, la atención termina siendo un trámite administrativo vacío. No hay prevención: hay burocracia.
- La trampa de la carpeta médica: El gobierno ha convertido la salud mental en un estigma. Un policía que pide ayuda pierde el derecho a realizar horas adicionales, lo que en la práctica significa una condena a la pobreza. Muchos eligen callar su angustia para no ver recortado un sueldo que ya de por sí es de miseria.
Otro punto es la responsabilidad del Estado provincial, que se manifiesta con especial fuerza en el bolsillo del agente. Los salarios actuales en Santa Fe no alcanzan para cubrir la canasta básica, obligando al personal a jornadas de recargo infinito y horarios inhumanos.
- La vocación no paga deudas: La gestión provincial utiliza la “vocación” como excusa para no otorgar aumentos dignos, sometiendo a los policías a un estrés financiero que se suma al trauma diario del servicio.
- Desarraigo y precariedad: Cientos de agentes del norte provincial son enviados a Rosario sin viáticos suficientes, haciendo dedo para llegar a destino, sometidos a cualquier peligro, durmiendo en condiciones precarias y lejos de sus redes de contención familiar, profundizando el pozo depresivo.
Un sistema que mira para otro lado
El caso de César Muga en la cárcel de Cárcel de Coronda es uno de los ejemplos más brutales de esta desidia: el Estado ignoró tres informes médicos que pedían su internación psiquiátrica, dejando que el desenlace fatal ocurriera tras las rejas. A esto se suman testimonios de agentes con enfermedades graves que denuncian que ninguna autoridad los llamó para saber si tenían acceso a sus remedios.
“No son casos aislados. Es un patrón. Es un sistema que exprime y después descarta”, señalan las voces del reclamo. La salud mental es un derecho laboral que el Gobierno de Santa Fe está vulnerando por falta de inversión y empatía.
La contención no es un privilegio: es una obligación institucional. El reconocimiento a la fuerza no puede quedarse en discursos de mano dura o conferencias de prensa; debe traducirse en:
- Sueldos dignos que eliminen la dependencia de las horas extra.
- Acompañamiento humano real, con profesionales suficientes y fuera de la estructura jerárquica que castiga al que sufre.
- Cobertura de salud eficiente a través de un “IAPOS” que hoy les da la espalda.
Cuidar a quienes cuidan —a quienes integran la fuerza policial y enfrentan a diario situaciones de violencia, muerte y tragedias humanas— es una responsabilidad del Estado que hoy se está incumpliendo. Cada llanto, cada momento desolador, cada pérdida laboral es un grito que interpela directamente a los despachos oficiales: ninguna vida más debería perderse porque el Gobierno decide mirar para otro lado.
