Escándalo en Santa Fe: denuncian al gobernador Pullaro por abuso de autoridad, «violencia institucional» y «muerte civil» de una escribana
La abogada y escribana María Covadonga Susana Marcuzzi elevó una denuncia penal contra la cúpula del poder provincial y el Colegio de Escribanos. El caso ya llegó a la CIDH bajo la carátula de violación de Derechos Humanos y Abuso de Autoridad.
Tras ser destituida en 2010 por una falta administrativa leve, Marcuzzi lleva una década y media intentando reinsertarse profesionalmente. A pesar de contar con certificados de reincidencia limpios (2024-2025) y de no tener deudas ni causas penales, el Colegio de Escribanos y el Gobierno Provincial le cierran sistemáticamente las puertas, ignorando incluso dictámenes de la propia Fiscalía de Estado y la constitución.
La abogada y escribana María Covadonga Susana Marcuzzi presentó una denuncia penal contra la cúpula del poder provincial de Santa Fe y las autoridades del Colegio de Escribanos de la Primera Circunscripción. La causa, que ya fue elevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo la petición P-2324-25, está caratulada por Abuso de Autoridad, Violencia Institucional, violación de Derechos Humanos y Muerte civil.
Entre los denunciados se encuentran el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Gobierno Fabián Bastia, el secretario de Registros Notariales Matías Figueroa y directivos del Colegio de Escribanos.
EL NÚCLEO DEL CONFLICTO: UNA SANCIÓN QUE SE VOLVIÓ CONDENA PERPETUA
El eje central del caso es la denuncia de que el Estado provincial está aplicando una sanción de carácter perpetuo, algo prohibido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.
Marcuzzi fue destituida en 2010 por una falta administrativa leve. Sin embargo, sostiene que dicha destitución fue nula, ya que no se respetaron los plazos legales y los sumarios se realizaron fuera de término, vulnerando el debido proceso.
A 16 años de esa decisión, la profesional continúa impedida de ejercer. Según su planteo, ninguna sanción administrativa puede ser indefinida. La imposibilidad de trabajar durante más de una década configura lo que define como una “muerte civil”, es decir, la anulación total de su capacidad de ejercer su profesión y quita de sus derechos civiles.
«Me tratan en peores condiciones que a un penado por delitos graves», sostiene Marcuzzi en su denuncia. La profesional argumenta que ninguna sanción administrativa puede ser perpetua, y que el impedimento sine die para ejercer su derecho constitucional al trabajo constituye una violación directa a los Derechos Humanos.
Este argumento se apoya en dictámenes de Fiscalía de Estado que establecen que las sanciones no pueden ser perpetuas, así como en el artículo 21 de la constitución, que contempla el principio de rehabilitación.
Además, se invoca el criterio de que cualquier sanción por tiempo indeterminado debe poder revisarse a partir de los 10 años, algo que en este caso no se estaría cumpliendo.
REHABILITACIÓN NEGADA Y BLOQUEO SISTEMÁTICO
El reclamo principal de Marcuzzi no se centra únicamente en la destitución original, sino en la negativa constante a permitirle reinsertarse profesionalmente.
La escribana cuenta con certificados de reincidencia limpios y actualizados (2024 y 2025) que acreditan que no posee antecedentes penales, ni deudas ni causas judiciales. Sin embargo, el Colegio de Escribanos y el Gobierno provincial le impiden sistemáticamente acceder a concursos o recuperar su matrícula.
Incluso, sostiene que no se le permite rendir concursos por el solo hecho de haber pasado más de 10 años desde su destitución, lo que considera un argumento arbitrario.
A pesar de haber presentado múltiples recursos administrativos y cinco pedidos de pronto despacho (Expte. N° 00101-0330037-8), no obtuvo respuestas favorables. El Ministerio de Justicia, por su parte, se declaró incompetente, derivando el caso al Ministerio Público de la Acusación.
LA DOBLE VARA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS
Uno de los puntos más graves de la denuncia es la existencia de un presunto doble estándar dentro del Colegio de Escribanos.
Marcuzzi afirma que existen profesionales con antecedentes penales graves, incluso con períodos de detención, que no fueron suspendidos ni excluidos del ejercicio profesional.
«Hay escribanos amigos del gobernador que estuvieron presos y denunciados y no tuvieron ni un día de suspensión, mientras yo llevo 16 años sin poder trabajar». Afirmó
En contraste, a ella se le impide trabajar por una falta administrativa leve de hace más de una década.
También denuncia falta de transparencia estructural, concursos “digitados” y arbitrariedad en la selección de postulantes.
En particular, señala que fue excluida del concurso de registros notariales de octubre de 2024, a pesar de cumplir con todos los requisitos legales y presentar documentación respaldatoria. Esta exclusión es interpretada como un bloqueo selectivo para impedir su rehabilitación, encajonan sus expedientes.
RESPONSABILIDAD DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL
La denuncia escala hasta el nivel político al involucrar directamente al gobernador Pullaro y al ministro Bastia.
Se los acusa de:
- Ratificar el perjuicio mediante la firma de decretos que rechazan recursos administrativos, ignorando incluso dictámenes de Fiscalía de Estado favorables a la denunciante.
- Omisión de auxilio institucional, al no intervenir para resolver la situación.
- Cajoneo de expedientes, utilizando la burocracia para dilatar decisiones.
- Negativa sistemática de audiencia, pese a reiterados pedidos urgentes.
- Abuso de autoridad
- Violencia institucional
Marcuzzi solicitó una audiencia formal el 29 de octubre de 2024, poco después de la asunción del gobernador, quien había manifestado públicamente estar “a disposición de la gente”. Sin embargo, nunca fue recibida y sus pedidos fueron rechazados en un contexto de excesiva burocracia a pesar de que hayan sido presentados en caracter de urgencia e importante.
IRREGULARIDADES EN EL ORIGEN DE LA SANCIÓN
La denunciante también cuestiona el origen mismo de la destitución:
- Afirma que los sumarios fueron realizados fuera de término.
- Señala que no hubo perjuicio patrimonial ni escrituras anuladas.
- Sostiene que la sanción se basó en fallos administrativos menores y en un protocolo administrativo de 1999.
- Denuncia que ni siquiera se analiza ni contempla el motivo real de la destitución en las decisiones actuales.
Incluso menciona una contradicción judicial: camaristas que afirmaron que “en Argentina nadie es muerto civilmente” habrían sido los mismos que firmaron su destitución con fundamentos mínimos.
ABUSO DE PODER Y FUNCIONAMIENTO DISCRECIONAL DEL ESTADO
El caso también expone, según la denunciante, un patrón de:
- Abuso de poder
- Inoperancia e ineficiencia estatal
- Uso discrecional de las normas
- Beneficios selectivos dentro del sistema
Como ejemplo de “doble vara”, menciona un episodio en el que una agresión menor contra el ministro Bastia fue rápidamente escalada a delitos complejos, contrastando con la falta de respuesta en su caso y dejando a la vista los privilegios que sostienen los del poder por sobre el ciudadano común.
INTERNACIONALIZACIÓN: INTERVENCIÓN DE LA CIDH
Ante la falta de respuestas a nivel provincial, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La petición P-2324-25 plantea:
- Violencia institucional
- Violación del derecho al trabajo
- Violación del debido proceso
- Discriminación y violencia de género
Se argumenta que el Estado santafesino utiliza su estructura para impedir el ejercicio profesional de una persona, aplicando una sanción que en la práctica es vitalicia y degradante.
UN CASO DE GRAVEDAD INSTITUCIONAL
El caso Marcuzzi deja de ser un conflicto administrativo individual para convertirse en un posible precedente de persecución institucional.
La prolongación de una sanción durante 15 años, la exclusión sistemática de concursos públicos, la falta de respuesta del Poder Ejecutivo y las denuncias de arbitrariedad dentro del Colegio de Escribanos configuran un escenario de alta gravedad institucional.
El eje de la controversia es claro: si el Estado puede, en la práctica, imponer una pena perpetua fuera del ámbito penal, anulando el derecho al trabajo y vulnerando garantías constitucionales.
Ahora, la definición ya no depende únicamente de la justicia provincial. La CIDH y el sistema interamericano de derechos humanos tendrán la última palabra sobre si en Santa Fe se configuró un caso de violencia institucional y violación de derechos fundamentales.
