Kicillof se pone la bandera de los trabajadores y por atrás aprueba regulaciones que afecta directamente a los trabajadores
La avanzada regulatoria del gobernador Axel Kicillof sobre las plataformas digitales vuelve a encender una fuerte polémica, esta vez con un foco claro: el impacto directo sobre miles de trabajadores que dependen de aplicaciones como Uber y Rappi para generar ingresos en la Provincia de Buenos Aires.
Bajo el argumento de “ordenar” y “regular” el sector, la Justicia bonaerense con la autorización del gobernador Axel Kicillof, habilitó un esquema mucho más rígido para estas plataformas. Sin embargo, detrás del discurso oficial, crece la preocupación por lo que muchos ya califican como un golpe directo a la economía de subsistencia: repartidores y conductores que, lejos de ser grandes empresarios, son en su mayoría trabajadores informales que encontraron en estas apps una salida laboral en un contexto de crisis.
Pero el alcance de la medida va mucho más allá de los casos más visibles. La regulación no solo impacta sobre Uber y Rappi, sino que se extiende a todo el ecosistema de aplicaciones que operan en el territorio bonaerense, incluyendo a PedidosYa, Cabify y DiDi. En conjunto, se trata de un universo de decenas de miles de trabajadores que dependen de estas herramientas para sostener sus ingresos en un contexto económico cada vez más restrictivo.
La nueva normativa no es menor. Implica registro obligatorio de empresas y trabajadores, mayores exigencias administrativas, seguros a cargo de las plataformas, controles sobre su funcionamiento ,incluyendo sus algoritmos, y la posibilidad de nuevas cargas impositivas. Es, en los hechos, un rediseño completo del modelo bajo el cual estas aplicaciones operaron hasta ahora.
Y en este tipo de esquemas, la ecuación es simple: cuando suben los costos, alguien los paga. Las empresas ya advierten que esos incrementos podrían trasladarse a tarifas más altas, menor oferta de viajes o entregas, e incluso una reducción de operaciones. En otras palabras, menos trabajo.
Pero el punto más crítico no está en las empresas, sino en quienes quedan en el medio. Conductores y repartidores que dependen del día a día podrían ver cómo sus ingresos se reducen o directamente desaparecen si las plataformas ajustan su funcionamiento o deciden achicar su presencia. Lo que se presenta como una “regulación” podría terminar siendo, en la práctica, una expulsión silenciosa del mercado laboral.
La avanzada en la Provincia de Buenos Aires se inscribe en una tendencia más amplia dentro del país, donde en las distintas jurisdicciones que no gobierna La Libertad Avanza, comenzaron a endurecer las condiciones para las apps de transporte y reparto, con mayores controles, restricciones e incluso intentos de limitar su funcionamiento. El caso bonaerense, por su peso económico y demográfico, podría marcar un precedente que impacte en todo el sector a nivel nacional.
El gobierno provincial insiste en la necesidad de mayor control estatal, pero evita responder una pregunta clave: ¿qué alternativa concreta ofrece a quienes hoy viven de estas aplicaciones? Porque regular sin generar empleo es, en los hechos, cerrar puertas y ¿por qué esa necesidad de meter al Estado en todo cuando ya se ve a la clara que no funciona?
La medida expone una contradicción de fondo. En nombre de proteger derechos, se avanza sobre un sistema que, con todas sus falencias, permitió a miles de personas trabajar sin depender del empleo público o de estructuras tradicionales cada vez más restringidas. En ese contexto, la decisión de Kicillof no aparece como una mejora, sino como una intervención que desconoce la realidad de quienes viven de estas plataformas y que se planta a romper algo que funcionaba bien.
El resultado puede ser previsible: menos oportunidades, más informalidad y trabajadores nuevamente a la deriva. Una política que, lejos de ordenar, corre el riesgo de profundizar el problema que dice querer resolver.
