SAMCO Pueblo Esther: más empleados administrativos que médicos
Mientras los vecinos reclaman turnos y atención, el efector sostiene una planta desproporcionada: 20 personas en tareas no médicas frente a 12 médicos. La concejal de La Libertad Avanza, Marcela Elena, presentó un pedido de informes para exigir explicaciones al intendente.
La falta de turnos, las demoras en la atención y la escasez de médicos en el SAMCO de Pueblo Esther no parecen ser hechos aislados. Detrás del malestar de los vecinos aparece un dato que expone una decisión política concreta: el efector cuenta con más personal no médico que profesionales destinados a la atención directa de la salud.
Según datos oficiales brindados por la propia área de Personal de la Municipalidad, la planta actual del SAMCO está compuesta por:
- 12 médicos
- 4 enfermeros
- 2 psicólogos
- 1 asistente social
- 20 personas en tareas no médicas o administrativas
La cuenta es contundente: por cada enfermero hay cinco empleados no médicos. Y por cada médico, existe casi el doble de personal que no atiende pacientes.
El problema no es solamente la desproporción, sino también el origen de esa planta. De acuerdo con la información municipal, esos 20 empleados no médicos se reparten entre personal municipal directo, personal provincial derivado al efector y contratados por la Municipalidad a través de la Cooperativa de Trabajo.
En los hechos, el SAMCO termina funcionando como una estructura donde confluyen tres vías distintas de incorporación de personal: Municipalidad, Provincia y cooperativa. Un esquema perfecto para diluir responsabilidades y sostener nombramientos que, lejos de resolver los problemas de salud de los vecinos, profundizan el deterioro del servicio.
Mientras la planta administrativa crece, las quejas se repiten en el Concejo y en las redes sociales:
“Vas a las 6 de la mañana y no conseguís turno”.
“Te dicen que no hay médicos”.
“Te derivan a Rosario por algo que se podría resolver acá”.
La explicación es simple: los recursos no están puestos donde deberían estar. Un SAMCO debe atender la salud de la población, no funcionar como oficina de empleo político.
Frente a esta situación, la concejal de La Libertad Avanza, Marcela Elena, presentó un pedido de informes para obligar al intendente a dar explicaciones oficiales sobre la composición del personal, los criterios de contratación y la lógica que sostiene una estructura tan desbalanceada.
El planteo de Elena no apunta a discutir sueldos ni nombres propios, sino a poner el foco en lo central: por qué un centro de atención primaria tiene más personal administrativo que personal de salud cuando los vecinos no consiguen turnos.
Entre los puntos que deberán ser respondidos, la concejal pidió saber:
- Qué estudio técnico justifica que haya más personal no médico que personal de salud en el SAMCO.
- Por qué, si faltan médicos y sobran las quejas, se sigue engrosando la planta con personal municipal, provincial y de la cooperativa.
- Cuál es el criterio objetivo para contratar y distribuir personal dentro del efector.
El objetivo político e institucional es claro: dejar asentado que el bloque de La Libertad Avanza no avala esta distribución de recursos y obligar al Departamento Ejecutivo a poner por escrito los fundamentos de una decisión que impacta directamente sobre los vecinos.
La salud no puede ser un aguantadero político
Un SAMCO no es una dependencia administrativa. Es el primer nivel de atención sanitaria de la ciudad. Cada cargo innecesario que se sostiene en la estructura es un recurso que no va a médicos, enfermeros, insumos o turnos para los vecinos.
Cada contrato político es un turno menos. Cada administrativo de más, cuando no se justifica técnicamente, es un profesional de la salud que no se incorpora.
Si el intendente tiene una explicación técnica, deberá presentarla. Y si no la tiene, deberá explicar por qué prefiere sostener una estructura desproporcionada antes que garantizar atención médica.
El Departamento Ejecutivo tiene 15 días hábiles para responder. La Ley 12.069 de Acceso a la Información Pública lo obliga. Si no responde, también quedará asentado.
Porque en Pueblo Esther, la salud no puede seguir siendo la variable de ajuste de la política ni el refugio de una estructura armada para acomodar gente mientras los vecinos siguen esperando atención.
