La EPE entre las empresas de luz más caras del país
En Argentina el precio mayorista de la energía (CAMMESA) es el mismo para todas las distribuidoras: la EPE de Santa Fe compra la electricidad en el Mercado Eléctrico Mayorista al costo definido por el Estado nacional, con subsidios que igualmente benefician a Edenor, Edesur, EPEC y el resto. A pesar de ello, Santa Fe exhibe tarifas residenciales mucho más altas que el promedio nacional. El Observatorio UBA-Conicet muestra que, por ejemplo, en marzo un hogar N1 pagó $66.348 en Santa Fe vs $58.160 en promedio nacional, un N2 $45.847 vs $33.411 y un N3 $50.915 vs $40.400. Es decir, aunque todos reciben el mismo subsidio mayorista, la diferencia tarifaria responde al margen de distribución local (VAD) y a los impuestos y cargos añadidos, no al precio CAMMESA.
Empleados y masa salarial
Distribuidores eléctrico estatal (EPE) vs privado (Edenor/Edesur). En Santa Fe la EPE emplea una planta estatal enorme: son 4.068 trabajadores para atender a ~1,36 millones de usuarios. En cambio, Edenor (Buenos Aires Norte) tiene 4.642 empleados directos y Edesur (Buenos Aires Sur) unos 4.500 para más de 5,8 millones de clientes. La EPEC de Córdoba, otra empresa estatal, emplea “más de 3 mil” trabajadores. Este desbalance (la EPE tiene muchos más empleados por usuario) genera una masa salarial estatal abultada. Por ejemplo, en la EPEC el salario promedio bruto supera $470.000 mensuales (al que además se suman jugosos bonos anuales). La EPE cobra a sus propios empleados los primeros 400 kWh gratis, pero mantiene miles de sueldos elevados con cargo al presupuesto. En definitiva, el modelo estatal implica planta excesiva, gremios fuertes y costos por encima de sus pares privados, lo que presiona al alza las tarifas.
Estructura tarifaria y presión fiscal
La boleta de luz se arma con varios componentes:
- Generación + Transporte (CAMMESA) – ~40% del precio final (determinado nacionalmente y subsidiado en igual medida para todos).
- Distribución (VAD) – ~30% (cubriendo costos de redes, mantenimiento, pago a distribuidoras).
- Impuestos y tasas – ~30%, incluyendo IVA (21%) y otros cargos.
Un estudio de ADEERA/UIA indica que los impuestos llegan al 46% de la tarifa eléctrica promedio. En Santa Fe la carga fiscal es particularmente alta: la EPE grava un 31% de cada boleta residencial en impuestos (frente a 25% nacional), cifra que incluso supera a algunas provincias cuyo modelo tarifario es ya insostenible. Además, la factura santafesina incluye recargos “agregados” como Gastos Administrativos y Cobertura de Incendio, que no corresponden estrictamente al servicio energético. Estos cargos extra, autorizados por decretos provinciales, encarecen la tarifa sin aportar eficiencia. La Resolución nacional 2024-267, por el contrario, obliga a que las facturas solo lleven el costo del servicio contratado y prohíbe “cargos ajenos a la naturaleza del servicio”. En la práctica, Edenor/Edesur ya tuvieron que eliminar impuestos y tasas municipales, mientras la EPE alega que la medida no le aplica por ser un servicio de regulación provincial. En suma, Santa Fe soporta una pesada mochila tributaria: casi la mitad de cada factura son impuestos nacionales, provinciales o municipales encubiertos.
Tasas municipales en la boleta
Uno de los cargos más cuestionados en la factura de electricidad de Santa Fe es la “tasa de alumbrado público”, un ítem que la EPE incluye mensualmente y que representa un cargo municipal encubierto aplicado sobre los consumos de los usuarios particulares. Aunque la distribución eléctrica es un servicio regulado, la inclusión de este tributo —que nada tiene que ver con el consumo individual— viola el principio de que en la factura solo deben cobrarse conceptos vinculados al suministro. A pesar del DNU 70/2023 del Gobierno Nacional, que prohíbe expresamente este tipo de tasas en servicios públicos, la EPE continúa cobrándola bajo diferentes nomenclaturas, transfiriendo el costo del alumbrado urbano directamente a los hogares. Este mecanismo es inconstitucional y regresivo, ya que hace recaer un gasto municipal general sobre cada vecino, sin importar su consumo o capacidad contributiva, y sin ningún control efectivo por parte del usuario sobre el servicio que supuestamente financia.
El rol de la gestión provincial vs crítica nacional
La elevada tarifa final en Santa Fe tiene también raíces políticas internas. El propio gobernador Maximiliano Pullaro ha criticado al Gobierno nacional por supuestos favoritismos y falta de subsidios, pero avaló en cambio aumentos fuertes en su provincia. Por ejemplo, defendió el pedido de la EPE de un aumento promedio del 24,8% (28% para residenciales) calificándolo de “mínimo y razonable”. A la vez, Pullaro reclamó subsidios a Nación para transporte local y condenó la “discriminación” con Santa Fe. Sin embargo, omitió explicar el lado local de la ecuación: la EPE triplica los empleados (y gastos) que Edenor/Edesur tienen por usuario, e impone impuestos extra. El resultado es paradójico: Santa Fe aporta hoy más a las cuentas nacionales que lo que recibe, y aun así paga una de las tarifas más altas del país. Esto demuestra que no bastan los subsidios federales: el alto costo lo genera el propio esquema estatal provincial. Mientras Pullaro señala al Gobierno nacional, la verdadera contradicción es local: la EPE compra energía al mismo precio que otras distribuidoras, pero el modelo público infla el valor agregado y los tributos que terminan en cada factura.
El ejemplo de Santa Fe ilustra las ineficiencias del modelo estatal de distribución eléctrica. A costa de una burocracia sobredimensionada y altos salarios públicos, los usuarios pagan tarifas muy superiores pese a costos de compra idénticos. La carga fiscal en la boleta (impuestos provinciales, tasas indirectas, etc.) agrava aún más el golpe al bolsillo. Desde una perspectiva liberal se evidencia que el monopoly estatal, lejos de abaratar el servicio, impone una pesada mochila de gastos que termina financiada por los santafesinos. Esta situación es contradictoria con las críticas que el Ejecutivo provincial dirige al Gobierno nacional: aquí el sobreprecio es resultado de decisiones y privilegios locales, no del precio mayorista homogéneo. Si los santafesinos quieren tarifas razonables, habrá que replantear el esquema estatal actual: reducir empleos y beneficios excesivos en la EPE, eliminar cargos ajenos al servicio, y dejar que la competencia –no el monopolio público– dicte precios eficientes.
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