Informe especialSubsidios para ricos: el privilegio silencioso que Milei comenzó a eliminar
Javier Milei avanza en la eliminación progresiva de subsidios que beneficiaban a sectores de alto poder adquisitivo, marcando un giro histórico respecto al kirchnerismo y el macrismo, que sostuvieron ese esquema regresivo durante décadas.
El gobierno de Javier Milei ha iniciado un cambio radical en la política de subsidios de Argentina. En una medida de fuerte impacto fiscal y simbólico, anunció la eliminación de los subsidios a las tarifas de electricidad y gas para los hogares ubicados en barrios cerrados, countries y zonas de alto poder adquisitivo en todo el país. Esta decisión, que se implementará de forma progresiva y coordinada con las provincias, marca un antes y un después tras décadas de subsidios generalizados. Según fuentes oficiales, “el Estado no puede subsidiar a quienes viven en barrios de lujo”. La iniciativa apunta a enfocar la ayuda estatal en los sectores verdaderamente vulnerables y recortar el gasto público improductivo, en línea con compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
Resulta paradójico que sea un gobierno de corte libertario – frecuentemente acusado por sus detractores de favorecer a “los ricos” – el que tome esta decisión de retirar privilegios a los sectores de mayor poder adquisitivo. En contraste, administraciones anteriores, tanto de corte kirchnerista como incluso la de Mauricio Macri, mantuvieron subsidios amplios que terminaban beneficiando también a quienes menos lo necesitaban. Esta nota analiza cómo llegamos a esta situación, por qué la medida de Milei es histórica, y cuáles son los efectos nocivos de un sistema de subsidios mal focalizado. Además, se citan las visiones de reconocidos autores libertarios sobre las consecuencias a largo plazo de tales políticas.
Kirchnerismo y Macrismo: subsidios generalizados que favorecieron a los más ricos
Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) se implementó un extenso esquema de subsidios a servicios públicos (energía eléctrica, gas, agua, transporte) con el objetivo declarado de proteger el bolsillo popular y estimular el consumo. Por decisión política de los Kirchner, Argentina llegó a tener una de las energías más subsidiadas del mundo. Este congelamiento tarifario duró más de una década, acumulando un enorme costo fiscal. Irónicamente, múltiples estudios demostraron que estos subsidios mal focalizados terminaron beneficiando más en términos absolutos a los hogares de mayores ingresos que a los más pobres.
Por ejemplo, un estudio del Centro de Estudios Distributivos (CEDLAS) de la Universidad de La Plata reveló que en 2014 un hogar del decil más rico del Gran Buenos Aires recibió en promedio unos $6.500 (pesos argentinos) en subsidios anuales para pagar sus facturas de luz y gas, mientras que un hogar del decil más pobre obtuvo apenas $2.800 en subsidios por los mismos conceptos. En otras palabras, “los hogares de los cinco deciles más ricos obtuvieron subsidios por un monto 250% más alto que los hogares de los cinco deciles más pobres”. Esta distribución regresiva se explica porque los más acomodados consumen más energía y, al estar las tarifas artificialmente bajas, capturan mayores transferencias del Estado. Analistas calificaron así el esquema como “pro-rico” en términos absolutos, aunque ligeramente progresivo en porcentaje del ingreso. Es decir, la mayoría de los subsidios se concentraron en los deciles de ingresos más altos, algo que atenta contra su supuesto objetivo redistributivo.
Incluso durante el macrismo (2015-2019), que intentó recortar subsidios para reducir el déficit fiscal, se mantuvo parte de este sistema de ayudas generalizadas. El gobierno de Mauricio Macri reconocía que “los subsidios eran injustos porque beneficiaban a los más ricos, que gastan más luz y gas y pueden pagar más”, e implementó fuertes aumentos tarifarios (el llamado tarifazo, con subas de hasta 300% o más) para empezar a corregir la distorsión. No obstante, Macri no eliminó por completo los privilegios, ya que preservó tarifas subsidiadas para ciertos sectores y frenó parcialmente los aumentos ante el costo político. Al final de su mandato, el gasto en subsidios aún representaba 1,5% del PBI (había bajado desde 3,4% en 2015). En resumen, ni el kirchnerismo “popular” ni el macrismo “pro-mercado” lograron o quisieron cortar totalmente una política que, en la práctica, subvencionaba también a familias de altos ingresos con recursos del erario público.
Vale recordar que mientras estos gobiernos acusaban retóricamente a sus opositores de “gobernar para los ricos”, sus políticas de subsidios terminaron favoreciendo de hecho a esos mismos sectores acomodados. Un caso emblemático fue revelado en 2022: al implementarse un registro para segmentar tarifas, salió a la luz que numerosas personalidades adineradas (empresarios, celebridades e incluso ex funcionarios) estaban entre los beneficiarios de subsidios a servicios públicos, recibiendo durante años facturas de luz y gas muy por debajo del costo real. En otras palabras, se daba una suerte de “Robin Hood invertido”, donde el Estado le quitaba recursos al contribuyente común (vía impuestos o inflación) para abaratar las cuentas de country clubs, countries y barrios pudientes.
El gobierno de Milei quita privilegios a los de alto poder adquisitivo
Con este antecedente, la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar los subsidios para los consumidores de mayor poder adquisitivo representa un hecho inédito en la Argentina contemporánea. La nueva administración libertaria avanzó primero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) –donde se dio de baja el subsidio a más de 15.500 hogares de barrios exclusivos, ahorrando cerca de $3.000 millones anuales al fisco– y ahora extendió la medida a todas las provincias.
A diferencia del esquema anterior, basado en la declaración voluntaria de ingresos (Registro RASE), el nuevo criterio excluye automáticamente del subsidio a los usuarios que vivan en zonas geográficas de ingresos altos, utilizando datos objetivos como la ubicación del inmueble y el nivel de expensas. En palabras sencillas, quien reside en un barrio de lujo dejará de recibir energía barata a costa del Estado. “El Estado no puede subsidiar a quienes viven en barrios de lujo”, justificó una fuente oficial la medida. Este recorte, además de reducir el déficit fiscal, busca darle coherencia social al gasto público: que la ayuda llegue solo a los sectores vulnerables, no a quienes pueden pagar el costo pleno de los servicios.
Es importante destacar que la quita de subsidios a los ricos será gradual y segmentada, para evitar sobresaltos. El plan contempla una “segunda etapa” de auditorías cruzadas con datos fiscales para detectar casos de usuarios de altos ingresos que pudieran estar evitando la exclusión. También se habilitaron canales (app “Mi Argentina”, sitio web de Energía) para que los ciudadanos consulten su situación y soliciten reconsideraciones si creen haber sido excluidos injustamente. Es decir, se intenta afinar la puntería del subsidio, focalizándolo como verdadera red de protección social y no como un regalo universal.
Desde el punto de vista político, esta iniciativa de Milei resulta incómoda para la oposición kirchnerista, que rápidamente tildó al gobierno libertario de “insensible” y de “ajustar en beneficio del FMI”. Sin embargo, cabe recordar que fueron los propios gobiernos kirchneristas (y la continuidad de hecho bajo Macri) quienes por años permitieron que millones de dólares en subsidios beneficiaran a clases altas, en lugar de focalizarlos en los humildes. Aquellos que acusan a Milei de “gobernar para los ricos” son justamente quienes los han beneficiado históricamente con tarifas privilegiadas, mientras que este gobierno libertario está haciendo lo contrario: quitar privilegios a los acomodados. En términos prácticos, Milei está alineando la política de subsidios con un principio de justicia económica básica: que el Estado deje de financiar el consumo de quienes no lo necesitan, liberando recursos para aliviar las cargas sobre quienes sí necesitan ayuda.
Los efectos negativos de un sistema de subsidios mal enfocado
El prolongado esquema de subsidios generalizados en Argentina no solo implicó injusticias distributivas, sino que también trajo serias distorsiones económicas que aún hoy pesan sobre la sociedad. Diversos economistas han advertido que los subsidios amplios y mal diseñados provocan problemas fiscales y reducen la eficiencia económica a largo plazo. En primer lugar, deben financiarse con mayor presión tributaria, endeudamiento o emisión monetaria (inflación), ya que el Estado cubre la diferencia entre el costo real de los servicios y lo que paga el usuario. Esto significa que, tarde o temprano, todos los contribuyentes terminan pagando la cuenta de los subsidios “gratuitos”. Como resumió el economista Francisco Pizzi, los subsidios “mejoran el salario real” de ciertos grupos en el corto plazo, pero crean carga fiscal que se traduce en más impuestos o inflación. De hecho, la inflación crónicamente alta que sufrió Argentina en la última década estuvo ligada en parte a la emisión monetaria para cubrir déficits originados por el cuantioso gasto en subsidios. La inflación funciona como un “impuesto encubierto” que erosiona el poder adquisitivo de todos, pero especialmente de los más pobres, que no tienen cómo protegerse de la suba de precios. Milton Friedman definió certeramente a la inflación como “un impuesto sin legislación” que recae sobre la población.
En segundo lugar, los subsidios masivos desincentivan la inversión y la calidad del servicio. Al mantener artificialmente bajas las tarifas de energía y transporte, se generó durante años un subconsumo aparente (los usuarios no perciben el verdadero costo y consumen más) y a la vez se ahuyentó la inversión privada en ampliación y mantenimiento de infraestructura. Esto resultó en deterioro del servicio: por ejemplo, frecuentes cortes de luz en verano debido a redes sobrecargadas y falta de inversiones. Como señala el economista Dante Sica, mientras en países desarrollados un usuario sufre en promedio 40 minutos de cortes de electricidad al año, en Argentina llegó a padecer 2.100 minutos de cortes al año bajo el esquema de energía ultrabarata. La baja calidad y productividad de sectores clave fue el precio oculto de vender servicios por debajo de su costo. En términos empresariales, ningún proveedor puede mejorar o innovar si opera a pérdida constante subsidiada; las empresas de energía y transporte se volvieron dependientes del Estado y perdieron incentivos para la eficiencia. En definitiva, la productividad general de la economía se resintió, pues recursos que pudieron destinarse a inversión productiva fueron consumidos en mantener un sistema ineficiente.
En tercer lugar, el sistema tributario debió volverse más pesado y distorsivo para sostener el gasto en subsidios. Argentina aumentó impuestos al consumo (IVA elevado), retenciones a exportaciones y múltiples gravámenes cuya carga recae proporcionalmente más sobre la clase media y baja. Así, los que menos ingresos tienen terminan sosteniendo, vía impuestos e inflación, un aparato estatal costoso que luego les devuelve migajas en forma de servicios públicos de baja calidad o planes sociales mínimos. Es decir, se cierra un círculo perverso: el Estado quita mucho (por múltiples vías) al ciudadano común para, después de un enorme derroche intermedio, devolverle apenas una fracción en “beneficios”. El economista Frédéric Bastiat describió hace más de un siglo esta trampa con una frase memorable: “El Estado es la gran ficción mediante la cual todo el mundo trata de vivir a expensas de todo el mundo”. En el contexto argentino, esa “ficción” se materializó en que sectores de altos ingresos vivieron a expensas de los contribuyentes, mientras que los sectores populares dependieron de un Estado que primero los asfixia con inflación/impuestos y luego les provee subsidios insuficientes.
La perspectiva libertaria: subsidios, incentivos perversos y consecuencias a largo plazo
Voces libertarias y de la economía de libre mercado llevan décadas advirtiendo sobre los efectos nocivos de los subsidios generalizados y la redistribución mal entendida. Uno de los argumentos centrales es que los subsidios distorsionan los incentivos tanto de individuos como de empresas, generando dependencia y menor productividad. El economista Ludwig von Mises, en su análisis del intervencionismo, señaló que cuando el gobierno subvenciona actividades o consumos, en realidad “los ciudadanos pagan dos veces: una como contribuyentes que pagan indirectamente el subsidio, y otra vez como consumidores, con precios más altos por los bienes que compran y reduciendo su consumo”. Esto significa que no existe el “almuerzo gratis”: lo que el Estado entrega con una mano en forma de subsidio, lo quita con la otra a través de impuestos ocultos o daños económicos (precios más altos en el futuro, menos oferta de bienes, etc.). Mises argumentaba que estas políticas, presentadas como benefactoras, terminan por empobrecer a la sociedad en su conjunto a largo plazo.
Asimismo, el filósofo y economista Hans-Hermann Hoppe ha explicado que “cuando se recibe una subvención sin contrapartida, no hay ningún incentivo para ser más productivo en el futuro”. De este modo, “la actividad productiva y las previsiones a largo plazo disminuyen” y la redistribución castiga a los individuos más productivos (mediante impuestos cada vez mayores) “al eliminar su incentivo para producir”, lo cual conduce a la infantilización y degeneración moral de la sociedad civil. En otras palabras, un Estado que subsidia ampliamente crea una ciudadanía más pasiva y dependiente, habituada a recibir sin esforzarse, al mismo tiempo que desincentiva a quienes generan riqueza. La consecuencia a largo plazo es una economía estancada, con menos iniciativa privada, menos innovación y menos crecimiento, algo que países con prolongados estados de bienestar disfuncionales han experimentado.
El economista español Jesús Huerta de Soto añade que el Estado benefactor, al violar el principio ético de que cada quien tiene derecho a los frutos de su propio esfuerzo, genera descoordinación generalizada y desequilibrios en la economía, obstaculizando el desarrollo. Recursos que podrían asignarse eficientemente por el mercado son desviados por criterios políticos, lo que reduce la capacidad de la sociedad para adaptarse, innovar y prosperar.
Otro referente clásico, Henry Hazlitt, en Economics in One Lesson, señaló que muchas veces los políticos se enfocan en el beneficio inmediato y visible de un subsidio para un grupo, “lo que se ve”, olvidando el coste distribuido entre todos y las oportunidades perdidas “lo que no se ve”. Por ejemplo, subsidiar la energía barata por años benefició visiblemente al consumidor urbano (que pagaba menos en su factura), pero destruyó inversión y calidad en el sector energético (lo no visto inmediatamente). Frédéric Bastiat había ilustrado este punto con su ensayo “Lo que se ve y lo que no se ve”, demostrando que toda ayuda estatal tiene un costo oculto: el dinero gastado en un sector es dinero detraído de otros usos potencialmente más productivos.
Finalmente, los libertarios argumentan que los programas de subsidios tienden a volverse permanentes y a ampliar su alcance por motivos políticos, creando grupos de interés que los defienden. Milton Friedman ironizaba que “nada es tan permanente como un programa temporal del gobierno”. En Argentina, los subsidios nacieron como medidas de emergencia tras la crisis de 2002, pero se arraigaron casi veinte años, volviéndose políticamente difíciles de desmontar. Mientras tanto, la cultura del subsidio caló hondo: muchas personas llegaron a percibir como “derecho adquirido” el pagar una fracción del costo de los servicios, sin preguntarse quién financiaba la diferencia. Este entitlement dificulta aún más las reformas, ya que cualquier ajuste se presenta (y se percibe) como una pérdida de un beneficio legítimo, cuando en realidad era un privilegio insostenible.
Conclusión
La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar gradualmente los subsidios a los consumos de quienes tienen mayor poder adquisitivo ha expuesto una realidad incómoda: durante años, Argentina sostuvo un sistema que, en nombre de lo “popular”, terminó privilegiando a los acomodados. La paradoja es que un gobierno libertario, acusado por sus críticos de “gobernar para los ricos”, es quien está corrigiendo esa inequidad, mientras que quienes se autoproclamaban defensores de los humildes toleraron o profundizaron el despilfarro regresivo.
Este giro de política no solo es importante por una cuestión fiscal –aliviará las arcas públicas y ayudará a reducir un déficit crónico– sino también por una cuestión moral y económica: se empieza a desmontar un esquema donde los más pobres, con sus impuestos e inflación sufrida, subsidiaban en parte el consumo de los más ricos. Quitar subsidios a los privilegiados liberará recursos que pueden orientarse a quienes verdaderamente los requieran, o mejor aún, permitirá bajar la carga impositiva que pesa sobre la actividad productiva. A su vez, enviar señales de precios reales fomentará un uso más racional de la energía y el transporte, e incentivará la inversión privada en esos sectores, redundando en mejor calidad de servicio y más crecimiento.
La historia reciente argentina ofrece una lección aleccionadora sobre los subsidios mal diseñados: una vez establecidos, crean dependencias e intereses creados que dificultan su remoción, mientras que sus costos a largo plazo socavan la economía. Como enseñan los autores libertarios, no se puede torcer las leyes económicas sin consecuencias. Las intenciones podrán ser buenas, pero “el infierno está empedrado de buenas intenciones”, y el Estado benefactor muchas veces termina causando el daño que pretendía evitar. Reducir subsidios improductivos no es “ajuste contra el pueblo”, sino al contrario, es quitar privilegios que distorsionan la economía y empobrecen al conjunto. En última instancia, un país crece y progresa cuando la riqueza se crea a través del trabajo y la inversión genuina, no cuando se reparte ficticiamente vía subsidios que unos pagan y otros disfrutan sin saberlo.
