guerra comercialLula responde al arancel de Trump con más Estado: Brasil activa la Ley de Reciprocidad
En un gesto que evoca los viejos manuales del intervencionismo económico, Luiz Inácio Lula da Silva rubricó un decreto que pone en marcha la llamada Ley de Reciprocidad Económica. La medida, que regirá desde el 1 de agosto de 2025, se presenta como la contestación brasileña al arancel del 50 % impuesto por Donald Trump sobre productos de origen brasileño.
El gobierno del PT califica la decisión norteamericana como una “agresión unilateral”. No obstante, lo que resalta no es precisamente la defensa de los intereses nacionales, sino la elección de un sendero conocido: más intervención estatal, más burocracia y menos libertad económica.
Lejos de estimular la apertura de mercados, reducir impuestos o eliminar trabas que fortalezcan a los exportadores, Lula se abraza al proteccionismo clásico, con nuevas capas de regulación y un tono abiertamente confrontativo hacia los Estados Unidos. Más Estado, más controles, menos libertad.
El decreto —publicado el 15 de julio en el Diario Oficial— reglamenta una ley aprobada en abril y establece dos vías de respuesta ante barreras comerciales:
- Un procedimiento ordinario, a cargo de la Cámara de Comercio Exterior (Camex), con consultas públicas y dictámenes técnicos.
- Un procedimiento urgente, bajo un comité interministerial integrado por los ministros de Hacienda, Industria, Relaciones Exteriores y Casa Civil, además de delegados del sector privado.
Inmediatamente después de la publicación, el Ejecutivo inició reuniones con sectores estratégicos —siderurgia, aeronáutica, automotriz y agroindustria— para evaluar impactos y diseñar represalias.
Si no media un acuerdo diplomático antes del 1 de agosto, el plan contempla:
- Aranceles espejo a productos estadounidenses.
- Restricciones a la inversión extranjera.
- Suspensión de beneficios comerciales y de protección intelectual.
Pero, como ya ocurrió en otras épocas, estas medidas rara vez golpean a Washington. El verdadero costo lo pagan los ciudadanos brasileños: precios más altos, importaciones encarecidas, incertidumbre jurídica y fuga de capitales. Lo que se vende como “defensa de la industria nacional” termina profundizando los problemas estructurales de siempre.
