Quién es “Pequeño J”, el joven narco peruano tras el triple crimen de Florencio Varela
Tras el brutal hallazgo de tres jóvenes mujeres asesinadas en Florencio Varela (sur del conurbano bonaerense) a mediados de septiembre, las autoridades argentinas pusieron la mira en un sospechoso internacional: “Pequeño J”. Así apodan a Tony Janzen Valverde Victoriano, un peruano de 20 años sindicado como el autor intelectual de ese triple crimen que conmocionó al país. El caso destapó la historia oscura de este joven, líder de una banda narco vinculada a clanes peruanos, y culminó con su captura en Perú tras una intensa cacería binacional. El 30 de septiembre, apenas seis días después de los asesinatos, la policía antidrogas peruana lo detuvo en un camión en Pucusana, cerca de Lima. Ahora enfrenta un pedido de extradición a la Argentina bajo cargos de homicidio agravado con premeditación, ensañamiento y alevosías, mientras crece el interés por conocer el recorrido vital que lo llevó de una infancia delictiva en Trujillo a encabezar una organización criminal en Buenos Aires.
Infancia marcada por el crimen familiar
Tony Valverde nació y creció en La Esperanza, un barrio precario de la ciudad peruana de Trujillo conocido por la violencia de pandillas. Su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, fue un narco local de peso: lideró la banda “Los Injertos de Nuevo Jerusalén” dedicada a la extorsión y venta de drogas en esa región. Fanatizado con la cultura narco, Janhzen bautizó a su hijo como “Tony” en honor a Tony Montana, el protagonista gangster de Scarface, y llenó su niñez de relatos sobre Pablo Escobar, a quien tenía como modelo de poder. La vida del pequeño Tony estuvo rodeada de armas, apodos criminales y admiración hacia capos de la droga reales y ficticios.
Esta herencia delictiva pronto tuvo un giro trágico: el 16 de diciembre de 2018, cuando Tony tenía apenas 13 años, su padre Janhzen fue asesinado a balazos por un sicario de la banda rival “El Gran Marqués”, en plena disputa territorial en Trujillo. El adolescente quedó marcado a fuego por el asesinato y juró venganza públicamente. “Esto no va a quedar así, si nadie hace nada yo mismo lo hago con pana y elegancia”, escribió Tony en la cuenta de redes sociales de su padre tras el crimen. A partir de entonces –relatan personas de su entorno– el joven asumió la violencia como un destino, enarbolando la bandera del bandido. De hecho, una de las frases que repetía y que lo definió fue “toda la vida bandido”, reflejo de la cultura delincuencial en la que se crió. No solo su padre abonó ese camino: tíos paternos de Tony, Luis y Manuel Valverde, también figuraron en los registros policiales por extorsión, robo agravado e incluso homicidio, perpetuando la asociación del apellido Valverde con el crimen organizado en la región. En resumen, el joven creció inmerso en una genealogía criminal donde el narcotráfico, la violencia y la impunidad eran parte del día a día. “Toda la familia tenía vínculos con bandas narcos. No parecía haber otro futuro para Pequeño J”, resume un reporte sobre su pasado.
De Trujillo a Argentina: vínculos con clanes narco
Tras la muerte de su padre, Tony –ya conocido como “Pequeño J” en alusión a ser el Jr. o pequeño Janhzen, homenajeando al progenitor caído– salió de Perú siendo apenas un menor. Llegó a la Argentina en 2020, con 15 años, presuntamente bajo el ala de familiares o contactos del entorno narco. Su desembarco no fue al azar: investigaciones periodísticas señalan que Valverde tendría lazos de sangre con el histórico clan narco peruano asentado en Buenos Aires. De hecho, se dice que es sobrino de Marcos Estrada, un veterano capo peruano vinculado a Sendero Luminoso que dominó durante años la venta de cocaína en barrios del sur porteño, y primo de “Dumbo”, quien heredó el liderazgo de ese circuito. Con apenas 18 o 19 años, “Pequeño J” habría pretendido “quedarse con lo que era de nuestra familia” –en palabras atribuidas al propio Tony–, es decir, recuperar el control territorial que antes ostentaban sus parientes en la zona sur de la Capital.
Sin embargo, su protagonismo delictivo recién comenzó a sentirse en los últimos dos años. Según investigadores, ni Pequeño J ni su mano derecha Matías Ozorio formaban parte de una gran organización internacional, sino de un grupo reducido de marginales que buscaban disputar el negocio de la droga al menudeo en el sur del Gran Buenos Aires. Hacia 2024, la banda de Pequeño J estaba integrada por él y siete u ocho individuos más, incluidos otros jóvenes de origen peruano y argentino. Entre ellos se destacaba Matías Agustín Ozorio, un argentino de 28 años identificado como su segundo al mando. Para imponerse, el grupo recurrió a métodos extremadamente violentos: llegaron a secuestrar a hijos e hijas de narcos rivales y usurpar sus viviendas como forma de amedrentamiento, intentando arrogarse la “herencia” de los antiguos jefes narco de la zona. Pese a estos ataques, los nombres de Valverde y su gente no figuraban en antecedentes ni estaban en el radar policial, lo que indica que lograron operar en las sombras –posiblemente con alguna complicidad o al menos desidia de autoridades– hasta que sus crímenes escalaron en notoriedad.
Allanamiento: la Policía secuestró una pistola Glock calibre .40, documentación y otros indicios en uno de los refugios de “Pequeño J” durante los operativos por el triple crimen. En la vivienda de una mujer que solía darle alojamiento, los investigadores encontraron el arma registrada a nombre de Valverde, un pasaporte nuevo a su nombre –lo que evidencia planes de fuga–, recibos de transferencias de dinero a Perú por cientos de miles de dólares y un esquema de recaudación de fondos mediante la billetera virtual Mercado Pago. Estos hallazgos revelaron la importante estructura financiera de la banda y cómo el joven narco enviaba ganancias a su país de origen, a la vez que preparaba su escape. Cabe destacar que, si bien Tony no tenía antecedentes penales en Perú, las autoridades argentinas lo señalan por al menos dos años de actividades criminales en Buenos Aires, incluyendo acciones de sicariato (asesinatos por encargo) y microtráfico de cocaína en barrios populares. Es decir, desde la adolescencia tardía Pequeño J ya se había fogueado en la violencia y el narcomenudeo al otro lado de la frontera.
El triple crimen que conmocionó a Florencio Varela
La madrugada del 20 de septiembre de 2025, la violencia de la banda de “Pequeño J” salió a la luz de la peor manera. Ese día, en una casa alquilada de Florencio Varela (provincia de Buenos Aires), la policía halló los cuerpos mutilados y semi enterrados de Brenda Loreley Del Castillo (20 años), Morena Belén Verri (20) y Lara Agustina Gutiérrez (15). Las tres jóvenes habían desaparecido horas antes tras salir engañadas de sus casas rumbo a una supuesta fiesta; en realidad fueron secuestradas y llevadas con engaños hasta ese domicilio, una trampa mortal tendida por la organización narco. Allí, según reconstruyó la investigación, las víctimas fueron torturadas ferozmente a golpes y cuchillazos durante horas antes de ser asesinadas. La saña quedó en evidencia: a la menor de ellas, Lara, llegaron a amputarle los dedos de una mano mientras seguía con vida, además de mutilarle una oreja, previo a quitarle la vida degollándola; Brenda murió por un fuerte golpe en la cabeza tras ser apuñalada reiteradas veces, y Morena presentaba el rostro desfigurado a golpes y el cuello roto.
Todo indica que se trató de una ejecución planificada con frialdad. Los asesinos habían cavado con anticipación un profundo pozo en el jardín de la vivienda y, tras el crimen, enterraron allí los cuerpos envueltos en mantas, piedras y cemento. Cuando efectivos policiales irrumpieron en la escena (luego de rastrear por GPS el teléfono de una de las chicas durante cinco días), encontraron a una pareja limpiando con lavandina las manchas de sangre en paredes y pisos, intentando borrar evidencias. También detuvieron a los dueños de la casa, implicados en el alquiler del lugar para el macabro fin. Todo estaba orquestado de antemano: una camioneta blanca robada fue utilizada para trasladar a las jóvenes sin dejar rastros identificables, y distintos miembros de la banda cumplieron roles de apoyo logístico.
La hipótesis de los investigadores es que el móvil del triple crimen fue una venganza narco. “Una de las chicas se quedó con dinero o droga” de la organización, habría sido la acusación que desató la furia de Pequeño J, aunque en los videos grabados de la tortura no se menciona explícitamente qué supuestamente robaron. Convencido de la traición, el joven jefe ordenó un castigo ejemplar: secuestrarlas, torturarlas y asesinarlas para enviar un mensaje de disciplina dentro de su banda. De hecho, todo el suplicio fue filmado en vivo por uno de los cómplices –identificado luego como Miguel Ángel Villanueva Silva, oriundo del mismo pueblo que Tony– y transmitido por redes sociales a más de 40 integrantes del grupo criminal. Esa madrugada atroz fue seguida en tiempo real por decenas de miembros de la organización, a modo de escarmiento interno para quien piense en deslealtades.
El triple homicidio (calificado también como triple femicidio por la condición de género de las víctimas) causó conmoción pública en Argentina, un país poco habituado a este tipo de crímenes vinculados al narcotráfico con tal nivel de ensañamiento. Marchas espontáneas y manifestaciones del movimiento Ni Una Menos clamaron justicia por Brenda, Morena y Lara, visibilizando la extrema violencia del caso. Rápidamente, la Justicia bonaerense avanzó en la causa: el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación, no dudó en apuntar a “Pequeño J” como el ideólogo detrás del ataque. Arribas sostiene que Tony Valverde planificó cada detalle de la emboscada y dio las órdenes para ejecutar a las jóvenes, contando con la asistencia de varios subordinados. “Hubo una estrategia premeditada para llevarlas a un lugar y matarlas”, confirmó también el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, enfatizando el carácter planificado del triple crimen.
Las pesquisas revelaron una red de complicidades detrás del hecho. Además de la pareja de limpiadores y los dueños de la casa (todos jóvenes de entre 18 y 29 años detenidos en flagrancia), se identificó a Víctor Lázaro Sotacuro, un hombre de nacionalidad peruana señalado como chofer de apoyo que iba en un segundo vehículo detrás de la camioneta principal. Sotacuro fue capturado días después en Villazón, Bolivia, cuando intentaba huir por la frontera. También cayó preso Ariel Giménez, un argentino acusado de haber cavado la fosa y enterrado los cadáveres en Varela. Y en un operativo televisado, fue arrestada Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, por su participación en la logística del plan. Cada testimonio y evidencia fue encajando en el rompecabezas: un conductor de app de transporte declaró haber llevado la noche del crimen a dos personas embarradas desde la casa de Varela hasta otro domicilio cercano; luego, en ese lugar, la policía encontró la pala utilizada para cavar el pozo, confirmando así cómo los asesinos se prepararon con anticipación.
Con estos elementos, el cerco sobre Pequeño J y su círculo se fue cerrando. Para el fin de semana siguiente, Matías Ozorio –el mano derecha del líder– ya tenía pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol. Se presumía que tanto él como Tony habían logrado escapar de Argentina inmediatamente después del crimen, intentando refugiarse en el exterior. La cacería policial se volvió entonces internacional.
La fuga y la captura en Perú
Confirmando los temores de las autoridades, Tony Valverde “Pequeño J” emprendió una rápida fuga de Argentina apenas consumada la masacre. Según se reconstruyó, escapó por vía terrestre hacia el norte: cruzó a Bolivia y desde allí ingresó a Perú con la intención de llegar hasta Trujillo, su ciudad natal a unos 560 km al norte de Lima. Llevaba menos de una semana prófugo cuando subestimó la capacidad de rastreo policial. Contra todo consejo de manual, el joven siguió utilizando su teléfono celular personal, sin ni siquiera cambiar el chip o número, lo que permitió localizar su posición con relativa facilidad. “Ni el chip le había cambiado. […] Algo muy poco profesional para un narco”, comentó con ironía la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich al revelar este descuido que facilitó su captura. Efectivamente, antenas y tecnología de geolocalización ubicaron a Pequeño J el 30 de septiembre a la altura de Chilca, 75 km al sur de Lima, oculto dentro de la cabina de un camión que transportaba pescado rumbo a la capital.
El operativo final fue llevado a cabo por agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la justicia argentina e Interpol. Tony Valverde fue arrestado en horas de la tarde del 30/9, cuando el tráiler en el que viajaba fue interceptado en la localidad costera de Pucusana. Iba agazapado detrás del asiento del chofer cuando los efectivos peruanos lo descubrieron y redujeron, prácticamente sin ofrecer resistencia. Casi en simultáneo, en otro punto de Lima, autoridades peruanas lograron detener a Matías Ozorio (28), quien se había reunido con su jefe durante la huida. Al momento de ser esposado en un hotel de la capital peruana, Ozorio intentó alegar: “Me trajeron engañado”, según trascendió, intentando minimizar su rol. Pero para entonces los dos principales prófugos del caso ya estaban bajo custodia, poniendo fin a una persecución de película.
La noticia de las capturas fue confirmada esa misma noche por las máximas autoridades. “Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J’”, escribió en la red social X (Twitter) la ministra Bullrich, destacando la cooperación internacional. En Lima, el general Zenón Loayza Díaz, director de investigación criminal de la PNP, brindó detalles a la prensa frente a la sede policial: explicó que Tony Valverde ingresó a Perú desde Argentina a través de Bolivia y que fue ubicado gracias a trabajos de inteligencia tecnológica, hasta ser apresado dentro del camión en Pucusana. Loayza confirmó también que “Pequeño J” no registraba antecedentes en Perú, pero que, según informes argentinos, llevaba al menos dos años realizando sicariato y microtráfico en Buenos Aires, y recordó la figura del padre asesinado en 2018 como parte de su historial.
Con Pequeño J tras las rejas, son nueve los detenidos hasta el momento por el triple crimen de Florencio Varela, contando cómplices de diverso rango. Las autoridades peruanas informaron que Valverde enfrentará un proceso de extradición para ser entregado a la Argentina lo antes posible. Por su parte, Matías Ozorio, al ser ciudadano argentino, será expulsado del Perú por vía administrativa y deportado directo a Buenos Aires. Ambos deberán rendir cuentas ante la justicia argentina por una larga lista de delitos, incluyendo homicidio agravado y asociación ilícita, exponiéndose a la máxima pena.
El caso de “Pequeño J” ha encendido alertas sobre la creciente conexión del narcotráfico trasnacional entre Perú y Argentina, así como la brutalidad que jóvenes criminales importan de entornos violentos. Su historia personal –desde la cuna narco en Trujillo, forjado por la figura de un padre criminal, hasta su sangriento ascenso en el bajo mundo bonaerense– ofrece pistas de cómo se retroalimentan las dinámicas de violencia entre ambos países. En palabras de un análisis periodístico, la trayectoria de Tony Valverde representa “la continuidad de una genealogía criminal que empezó en Trujillo, se alimentó del culto a los capos del narcotráfico y terminó con un triple femicidio que sacudió a toda la región”. Hoy, con “Pequeño J” tras las rejas, concluye una huida corta pero intensa, mientras apenas comienza el proceso judicial para esclarecer totalmente sus crímenes y desmontar la red narco heredada que permitió semejante tragedia.
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