Inseguridad rural sin freno: la Sociedad Rural de Rosario denuncia abandono del gobierno de Pullaro
La Sociedad Rural de Rosario denunció que el gobierno de Maximiliano Pullaro dejó al campo sin controles ni políticas de seguridad específicas, mientras la inseguridad rural se profundiza.
La inseguridad rural volvió a ocupar el centro de la escena en Santa Fe y expone una creciente distancia entre el gobierno provincial y el interior productivo. En las últimas horas, la Sociedad Rural de Rosario (SRR) emitió un duro comunicado en el que denunció el aumento sostenido de delitos en zonas rurales y cuestionó la falta de respuestas concretas por parte de la administración de Maximiliano Pullaro.
Abigeatos, robos de maquinaria agrícola, hurtos de granos y ataques a instalaciones productivas se repiten con mayor frecuencia, según alertan los productores, en un contexto marcado por la ausencia de políticas específicas para el ámbito rural. Desde la entidad rosarina aseguran que desde hace al menos dos años vienen solicitando reuniones con los ministerios de Producción y de Seguridad sin obtener respuestas ni propuestas de trabajo.
“La falta de controles y la desarticulación de los mecanismos que funcionaban nos dejan prácticamente a la deriva”, advirtieron desde la SRR, en un mensaje que refleja el malestar creciente del sector frente a lo que consideran una desatención sistemática del Estado provincial.
El desmantelamiento del sistema OJO, en el centro de las críticas
Uno de los puntos más sensibles del reclamo apunta al desmantelamiento de la central del sistema OJO y a la ruptura de su vínculo operativo con las entidades agropecuarias. Este esquema de monitoreo y coordinación había sido diseñado para prevenir y actuar rápidamente ante hechos de inseguridad rural, y era considerado una herramienta clave en vastas zonas del territorio santafesino.
Según la Sociedad Rural de Rosario, la eliminación de este sistema dejó enormes extensiones rurales sin cobertura efectiva y sin canales de comunicación ágiles entre productores, fuerzas de seguridad y organismos de control. “Era un esquema que daba resultados concretos y hoy directamente no existe”, señalaron.
La crítica adquiere mayor peso político si se tiene en cuenta que el sistema OJO había sido impulsado por dirigentes del propio ruralismo santafesino y que su desactivación se produjo bajo la actual gestión provincial, sin que fuera reemplazado por una alternativa equivalente.
El campo, entre la desprotección y la resignación
La preocupación no se limita a Rosario. Entidades rurales de distintas provincias vienen advirtiendo que la inseguridad en el campo se repite en todo el país, con pérdidas económicas crecientes y un deterioro profundo de las condiciones de vida y trabajo en zonas rurales.
En Santa Fe, la SRR destacó como única excepción el rol del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al que reconoció por mantener canales de diálogo abiertos y atender las denuncias del sector. Sin embargo, remarcan que la acción judicial llega tarde si no está acompañada por prevención, controles y presencia del Estado.
El delito rural requiere decisión política. Sin eso, cualquier discurso sobre producción y desarrollo queda vacío.
Un reclamo que interpela al gobernador
El mensaje del ruralismo es claro: justicia efectiva, investigaciones ágiles, más patrullajes rurales, reactivación de sistemas de monitoreo, comunicación directa con las fuerzas de seguridad y una agenda formal de trabajo entre el Estado y las entidades agropecuarias.
Hasta ahora, advierten, nada de eso aparece con claridad en la gestión de Pullaro. Mientras el gobierno provincial prioriza otros frentes, el campo santafesino denuncia que quedó solo frente al delito.
“Servimos a la Patria mejorando la producción”, cerró la Sociedad Rural de Rosario en su comunicado. Una consigna que, para muchos productores, contrasta cada vez más con un Gobierno Provincial que mira para otro lado.
