Casi medio millón de dólares de fondos públicos gastados fiesta del Aeropuerto de Rosario para lavar la imagen de Pullaro
Entre artistas, shows aéreos, paracaidistas, sorteos y despliegue técnico, el evento organizado por el gobierno de Santa Fe habría superado ampliamente los USD 450 mil. Sin rendición de cuentas clara, el festejo aparece como un acto de autopromoción pagado con dinero público.
A simple vista, la reinauguración del Aeropuerto Internacional de Rosario —con pista repavimentada, luces balizas y un nuevo balizamiento— podría leerse como una buena noticia para la conectividad y la logística de una provincia tectónicamente golpeada por la crisis económica. Pero lo que rodeó a ese acto oficial —un festival con artistas “en aparente gratuidad”, exhibiciones aéreas, sorteos, paracaidistas y hasta piruetas de aviones— dice mucho más sobre cómo se usa el dinero público para generar espectáculo político que sobre las reales prioridades del Estado.
La Provincia informó que la obra del aeropuerto demandó una inversión de alrededor de US$150 millones. Pero luego armó un “circo” alrededor de esa obra que, según estimaciones conservadoras, no bajaría de US$450 mil, incluyendo artistas, sonido, escenario, logística aérea, seguridad y todos los costos asociados a un evento de ese tipo.
Ese desbalance no sólo es llamativo: es preocupante por lo que revela sobre decisiones de gasto, prioridades del manejo público y transparencia.
Opacidad tradicional y la fábula de los artistas “que vienen gratis”
En Argentina es común que gobiernos provinciales o municipales anuncien shows con artistas consignando que “el artista viene gratis”. Se repite la narrativa con un mismo guion: artistas reconocidos ofrecen su tiempo sin cachet, dicen que “acompañan la gestión”, y el Estado se coloca en el centro de la escena. La lógica implícita es: el gobierno no paga artistas, y sin embargo consigue que toquen.
Pero cualquiera que haya trabajado en la producción de eventos sabe que eso no ocurre en la realidad. La industria del entretenimiento —como cualquier otra— tiene costos: movilidad, alojamiento, rider técnico, seguros, producción, backline, cargas sociales, equipo de sonido, transporte del staff, técnicos, etc. Un artista no regala su participación para aparecer en la foto con un político: no existe esa “genuina gratuidad”.
Lo que suele ocurrir —y esto es una práctica conocida en eventos estatales— es que los cachets se triangulan, se cargan como otros rubros o se diluyen en “patrocinios” que después terminan siendo facturados a la administración pública, o se pagan mediante convenios con terceros que “aportan” al evento, quedando todo en la nebulosa contable. Esto es especialmente fácil cuando no hay expedientes ni montos publicados por rubro y proveedor.
Aquí, esa opacidad se profundiza: no existe aún un desglose oficial claro de:
- cuánto se pagó a Vilma Palma e Vampiros,
- cuánto se pagó (o se trianguló) por Sofía Gazzaniga y su equipo,
- cuánto costó escenario, luces, sonido, pantallas y generadores,
- cuánto costaron las piruetas aéreas, paracaidistas y coordinación con pilotos,
- cuánto se destinó a seguridad, logística y protocolos,
- cuánto se destinó a invitaciones, hospitalidad y catering.
Todo lo que se sabe del evento viene en forma de relato oficial promocional: fotos, videos y cifras de convocatoria, pero no de gasto efectivo.
Más que una celebración funcional: un espectáculo político con “todo incluido”
Ese espectáculo incluyó:
- Sorteos de pasajes y premios.
- Exhibiciones de aeronaves y pilotos realizando trucos en el aire.
- Paracaidistas bajando ante el público.
- Shows musicales con al menos dos artistas de renombre.
- Food trucks, puestos de atención y logística de recepción.
Lo más preocupante no es solo el nivel de despliegue, sino cómo se financia. Si todo salió de fondos públicos, estamos frente a un caso clásico de despilfarro para autobombo. Pero si hubo “aportes privados”, sponsors o empresas que pusieron plata o recursos para hacer posible el acto, el problema puede ser todavía más grave. Porque entonces ya no se trata solo de un mal uso de los impuestos, sino de otra cosa:
¿por qué una empresa privada financiaría un acto político que tiene como protagonista al gobernador?
¿qué espera recibir a cambio, en contratos, regulaciones, permisos o trato preferencial?
Un político no debería apropiarse de recursos privados para montar un evento que lo beneficia electoralmente. Si eso ocurre, no es un “gesto de colaboración”: es, como mínimo, un conflicto de intereses monumental y, en el peor de los casos, la puerta a un escándalo institucional de enorme magnitud.
Y en medio de una sociedad con dificultades económicas reales (inflación, pérdida de poder adquisitivo, crisis de empleo), el acto político montado rodeado de espectáculo y autopromoción suena —literal y figuradamente— a gala para la élite, pagada con el esfuerzo fiscal del ciudadano promedio.
¿Por qué importan los números, si todo se ve “bonito” en la foto?
Porque en la foto no se come, no se paga la luz ni la garrafa.
Porque las promesas de campaña y los actos simbólicos no generan riqueza real ni alivian la presión monetaria sobre las familias.
Y porque cuando un administrador de fondos públicos se celebra a sí mismo —como quien festeja que “arregló cañerías o puso luz en el palier”— con el dinero del edificio, con su foto en cada aviso y con pauta oficial financiada por todos, la distorsión de incentivos es peligrosa.
Es exactamente ese mecanismo el que el poder político ha convertido en normalidad:
- se gasta más de lo necesario en espectáculo,
- se publica el relato,
- se multiplica la pauta oficial en medios afines,
- se vende la sensación de “gestión histórica”.
El resultado es un circuito cerrado donde no importa lo que realmente sucedió, sino cómo se muestra.
1.500 asistentes que multiplicaron artificialmente en medios pautados a 25.000
En el anuncio oficial se habló de 25.000 personas presentes. Pero quienes observaron las imágenes aéreas y el flujo real de la gente se preguntan si ese número tiene sustento técnico:
para que hubiera esa asistencia, hubiera sido necesario llenar toda la pista, los alrededores de ingreso, la avenida de acceso y zonas contiguas. Las estimaciones visuales sugieren que las personas presentes rondaron —en el mejor momento— apenas unos cientos o, a lo sumo, poco más de mil.
Esa discrepancia no es menor: es parte de la construcción de relato que a menudo acompaña a los actos políticos estatales.
El administrador que usa los recursos para sí mismo
Imaginemos algo sencillo: vivís en un edificio y el administrador tiene la obligación de arreglar cañerías, cambiar luces del palier y mantener el ascensor. Lo hace usando tu plata, la de las expensas. Perfecto: para eso está.
Ahora imaginá que, después de cambiar las cañerías y poner luces nuevas, decide organizar una fiesta en la terraza: contrata una banda, pone un catering, alquila sonido, luces y hasta invitan a un mago para los chicos. Todo pago con la caja del consorcio. Y además, contrata avisos en los diarios del barrio, también con plata del edificio, para salir en la foto como “el administrador modelo que modernizó el edificio”.
Si encima aparece una empresa privada —por ejemplo, la de los ascensores o la de las luminarias— y “pone algo” para esa fiesta, el problema se multiplica:
¿lo hace por amor al arte? ¿o porque espera que el administrador la siga eligiendo, le firme contratos sin competencia o le permita cobrar más caro?
En ese escenario, el administrador ya no solo derrocha el dinero de todos para celebrarse, sino que además se apalanca en proveedores privados que lo ayudan a construirse una imagen, con la expectativa de algún tipo de beneficio a cambio.
Eso mismo es lo que estamos viendo, a otra escala, con este tipo de actos oficiales:
un administrador de fondos públicos que arma su propia fiesta para levantarse a sí mismo, que usa recursos del “consorcio” provincial, y que después se hace promocionar por medios que viven de la pauta. Como si el cajero del banco pretendiera ser venerado por darte tu propia plata, pero cobrándote comisión por aplaudirlo.
La verdadera pregunta
No es cuánto costó el evento.
Es: ¿por qué no sabemos cuánto costó?
¿Por qué el gasto público se convierte en espectáculo político con relatos diseñados para mostrar gestión, y no en cuentas claras publicadas para el contribuyente?
La opacidad y la propaganda pueden disfrazar la realidad, pero no la reemplazan. Y cuando la administración de fondos públicos se usa para lavar imagen política con un festival pagado por todos, la justicia mínima que el ciudadano merece es transparencia total.
