Playa de camiones en Venado Tuerto: estatismo de Unidos vs iniciativa privada de La Libertad Avanza

La concejal Marisel Fabiani (La Libertad Avanza) cuestionó el proyecto del oficialismo (Unidos) para crear una Playa Municipal de Camiones: advierte más gasto, más burocracia y un esquema que fuerza a transportistas a usar una playa oficial con tarifas reguladas. Mientras el Ejecutivo ya anunció obras por $380 millones y licitó por decreto una garita con sanitarios por $46 millones, el proyecto alternativo de LLA —sin costo para el Municipio y basado en inversión privada— sigue sin tratarse.

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La discusión por la Playa de Camiones volvió a encenderse en Venado Tuerto. En el centro del debate está la concejal Marisel Fabiani (La Libertad Avanza), que esta semana expuso con dureza lo que para su bloque es la esencia del proyecto impulsado por el oficialismo de Unidos: un modelo estatista, centralizador y con caja creciente, que avanza a fuerza de ordenanzas y decretos sin transparentar costos reales ni demanda efectiva.

Fabiani reconoce un punto que nadie discute: ordenar el tránsito pesado es necesario. El problema, sostiene, es el camino elegido. Porque el oficialismo no propone “regular” o “habilitar” soluciones: propone crear un Servicio Público Municipal de Playa de Estacionamiento de Camiones y Servicios Anexos, con la Municipalidad como diseñadora del esquema, propietaria del predio, administradora potencial del servicio y árbitro de tarifas.

Millones que se apilan y decisiones por decreto

En paralelo al debate legislativo, el Ejecutivo municipal anunció el inicio de trabajos en el predio de Jujuy y Circunvalación, con una inversión inicial informada de $380 millones para la primera etapa. A eso se suman partidas ya ejecutadas en 2024 por $19.168.155,10 sobre un presupuesto de $21.500.000, diferencia que sería cubierta con Rentas Generales, es decir, dinero municipal.

Pero el punto que encendió aún más las alarmas fue el Decreto Nº 232/25, mediante el cual el Ejecutivo licitó “por decreto” la construcción de una garita con sanitarios por $46 millones, una cifra que para la oposición resulta desproporcionada para una obra menor dentro de un esquema que ya acumula montos millonarios.

El patrón es el de siempre: cuando el Estado decide convertirse en empresario, el costo crece, el control se debilita y la discrecionalidad se multiplica.

Un modelo que fuerza demanda: toda la ciudad “zona urbana”

Uno de los puntos más polémicos del proyecto oficialista es que, con la ordenanza en discusión, toda la ciudad pasaría a ser considerada zona urbana. ¿Qué implica eso? Que el tránsito pesado quedaría obligado a dirigirse de manera forzada a la playa oficial, eliminando alternativas.

No es solo “ordenar”: es capturar demanda. La Municipalidad crea el servicio, fija las reglas, y al mismo tiempo define que el camión no puede estacionar en otro lado. Es un esquema que se parece más a un monopolio regulado que a una solución de convivencia urbana.

Tarifas “a dedo” con una fórmula: el precio del gasoil como índice

El proyecto de Unidos también propone un mecanismo de tarifas reguladas por el Estado: se calculan mensualmente tomando como referencia el precio del gasoil YPF Infinia (por ejemplo, “X litros por día según tipo de unidad”). Es decir: un precio atado a un insumo con volatilidad, definido en una fórmula política y sin competencia.

Para Fabiani, esto abre la puerta al combo clásico: tarifazo + multas + burocracia, con el transportista pagando lo que el Estado decide, sin libertad para elegir entre prestadores ni comparar precios.

Dos proyectos, dos modelos: monopolio estatal o competencia privada

El contraste con el proyecto de La Libertad Avanza es directo y difícil de disimular.

El oficialismo plantea un servicio público que nace del Estado, en un predio municipal de 3,51 hectáreas, con administración municipal o concesión a 15 años. Es un “Estado proveedor” que se reserva la llave.

LLA propone lo contrario: que el servicio sea exclusivamente privado, bajo cuenta y riesgo del inversor, y que el Municipio se limite a habilitar y controlar normas básicas. El proyecto libertario incluso prohíbe expresamente que la Municipalidad construya, explote o administre el servicio, directa o indirectamente. Y abre la puerta a que existan tantas playas privadas como iniciativas se presenten, sin cupos ni privilegios.

La diferencia es ideológica, pero también práctica:

  • En el modelo de Unidos, la Municipalidad puede terminar siendo juez y parte: fija reglas, fija tarifas y concentra la demanda.
  • En el modelo de LLA, la demanda y el precio los ordena el mercado: si un prestador cobra caro o brinda mal servicio, otro le compite.
La concejal Marisel Fabiani con la presidente de La Libertad Avanza Santa Fe, la diputada Romina Diez

¿Inversión pública para concesión privada? La sospecha que se instala

A la crítica por el gasto y el monopolio regulado se suma una duda de fondo: ¿por qué el Municipio haría una inversión gigantesca para después “entregar” la explotación a una empresa concesionaria? Si la obra se paga con recursos de todos los vecinos, pero la caja diaria queda en manos privadas, el modelo termina pareciéndose a un mecanismo de transferencia:

  1. negocio para la constructora que ejecuta una obra millonaria (y aun si no era “amiga”, pasa a serlo después de recibir la adjudicación), y
  2. negocio para la empresa que tome la concesión, que administra un servicio cautivo, con demanda forzada y tarifas reguladas.

El antecedente que muchos recuerdan en Venado Tuerto refuerza la sospecha: la cooperativa de luz, beneficiada con un negocio multimillonario y monopólico que se traslada a la factura, en una ciudad señalada por tener de las tarifas más caras del país.

En ese marco, el riesgo es evidente: el Estado se mete, gasta una fortuna, y luego arma el terreno para que un privado explote la renta con reglas diseñadas desde el poder político. Todo financiado por el contribuyente y con beneficios concentrados.

Porque detrás del argumento “ordenar camiones” hay algo más profundo: si Venado Tuerto necesita una playa, puede conseguirla de dos maneras. Con libertad y competencia, o con un Estado que arma una caja, asigna obras millonarias y prepara una concesión para pocos.

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