Ley de Glaciares: el Congreso aprobó la reforma y Milei suma otra victoria para destrabar inversiones y abrir la economía
Con 137 votos afirmativos en Diputados, la Cámara baja convirtió en ley la modificación de la Ley 26.639. La norma ya había sido aprobada por el Senado en febrero y es celebrada por el Gobierno como un paso para dar seguridad jurídica, devolver poder a las provincias y remover trabas que durante años frenaron proyectos productivos en zonas cordilleranas.
El gobierno de Javier Milei consiguió este 8 de abril una nueva victoria legislativa de alto impacto político y económico. La Cámara de Diputados convirtió en ley la modificación de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, coronando un trámite que ya había obtenido media sanción del Senado el 26 de febrero, cuando fue aprobada por 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención.
La reforma apunta a corregir lo que la Casa Rosada, la Subsecretaría de Ambiente y los bloques oficialistas describieron como una norma con “falencias interpretativas” que generó inseguridad jurídica, paralizó inversiones y lesionó las competencias provinciales sobre sus recursos naturales. En la defensa oficial, el cambio no elimina la protección ambiental: la redefine bajo criterios de función hídrica efectiva, para concentrar la tutela sobre glaciares y geoformas periglaciares que realmente actúan como reservas estratégicas de agua.
Ese punto es central para entender por qué el oficialismo presentó la votación como una victoria de fondo. La ley sancionada mantiene la protección sobre los cuerpos efectivamente relevantes para el sistema hídrico, pero al mismo tiempo habilita una revisión más precisa de zonas que, según el Gobierno, habían quedado bajo restricciones amplias y ambiguas aun cuando no cumplían esa función. Además, fortalece el rol de las provincias en la evaluación y en la determinación de qué áreas quedan alcanzadas por el régimen, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario provincial sobre los recursos naturales.
No es casual que el Gobierno haya ligado esta reforma al clima de negocios, a la minería y a la apertura económica. La Oficina del Presidente sostuvo desde diciembre de 2025 que la vieja redacción había frenado no solo la explotación, sino incluso la prospección y exploración en proyectos productivos, mientras que la nueva norma busca ordenar el marco legal, dar previsibilidad y compatibilizar ambiente con desarrollo. En la misma línea, el texto oficial difundido tras la sanción definitiva habló de “seguridad jurídica”, “verdadero federalismo ambiental” y una política “inteligente y soberana” para el aprovechamiento de los recursos.
En términos políticos, la aprobación también representa una señal de fortaleza para Milei. El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo, defendido por legisladores libertarios en ambas cámaras y acompañado por gobernadores y bloques aliados interesados en destrabar inversiones mineras estratégicas. Para la Casa Rosada, se trata de otro paso concreto en la hoja de ruta que combina desregulación, reducción de obstáculos regulatorios y mayor protagonismo provincial en actividades económicas vinculadas a exportaciones y generación de divisas.
Desde el oficialismo insistieron en que la reforma no supone una renuncia a la protección ambiental, sino el fin de una utilización ideológica de la ley anterior. El comunicado presidencial sostuvo que la redacción previa había dado lugar a “interpretaciones absurdas” que bloqueaban actividades aun en lugares “donde no había nada que proteger”, y celebró que los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras y de sectores ecologistas no lograran frenar el cambio normativo.
La oposición, sobre todo Unión por la Patria y la izquierda, anticipó cuestionamientos y judicialización, pero el dato político ya está consumado: Milei logró sancionar una ley que toca uno de los temas más sensibles del debate ambiental argentino y lo hizo con una mayoría clara en Diputados. La reforma, además, llega en un momento en que el Gobierno busca mostrar que su programa no se agota en el ajuste fiscal, sino que avanza sobre los marcos normativos que, a su juicio, trababan la inversión y el crecimiento.
Con esta votación, la administración libertaria suma una nueva pieza a su estrategia de apertura económica: menos discrecionalidad, más poder para las provincias y un mensaje directo a los sectores productivos de la cordillera. Para el Gobierno, la señal es clara: Argentina quiere dejar atrás la parálisis regulatoria y empezar a convertir sus recursos en inversión, empleo y exportaciones.
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