Mal día para Enrico: Milei prohíbe por decreto que empresas vinculadas a causas de corrupción puedan licitar en el Estado
Por decreto 5/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno del presidente Javier Milei reforzó el régimen de contrataciones del Estado nacional y endureció la exclusión de oferentes incluidos en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por prácticas corruptas, fraudulentas o colusorias, entre otras.
La norma modifica puntos centrales del reglamento de contrataciones (Decreto 1030/2016) y del sistema de obras públicas y concesiones (Decreto 1169/2018), con un objetivo explícito: cerrar “vacíos operativos” y evitar que la depuración de proveedores quede reducida a una simple declaración jurada, obligando a los organismos a verificar efectivamente los listados de inhabilitación de los bancos multilaterales al evaluar ofertas.
Qué cambia el decreto 5/2026
El corazón del cambio es claro: serán inelegibles —mientras dure esa condición— las personas o empresas incluidas en las listas del Banco Mundial y/o el BID por prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas, apropiación indebida y/o cualquier causal prevista para integrar esos listados. Y, además, las unidades contratantes deberán chequearlo al momento de evaluar ofertas.
El decreto también fija vigencia: empieza a regir 15 días corridos desde el día hábil siguiente a su publicación, y aplicará a los procedimientos que se autoricen o convoquen desde entonces.
Distintos medios nacionales resumieron el alcance como un endurecimiento del “veto” para empresas con sanciones o antecedentes relevantes a nivel multilateral, ampliando el espectro más allá de la corrupción estrictamente tipificada en el marco original.
¿Por qué esto incomoda a Pullaro y a Lisandro Enrico?
Aunque el decreto es de aplicación federal (Administración Pública Nacional), el mensaje político es potente: se terminó la zona gris del “papelito” y la excusa del trámite. Y eso cae como piedra en Santa Fe, donde el gobierno provincial viene envuelto en polémicas por adjudicaciones a firmas cuestionadas o mencionadas en investigaciones judiciales y mediáticas.
El caso testigo —ya expuesto en una nota previa de El Liberador— es Pietroboni S.A., señalada en el debate público santafesino por sus antecedentes y menciones vinculadas a la causa “Cuadernos”, mientras el Ejecutivo provincial sostuvo adjudicaciones y defendió los procesos.
En ese cruce, el propio ministro Lisandro Enrico salió a responder a los cuestionamientos, en una polémica que escaló a medios provinciales y nacionales.
La lectura política es inevitable: cuando Nación eleva el estándar de integridad y obliga a revisar inhabilitaciones internacionales, deja todavía más expuesto al “partido del Estado” que administra la obra pública como un circuito cerrado, con ganadores repetidos y controles elásticos. En otras palabras: si la vara sube, se achica el margen para justificar adjudicaciones bajo sospecha, aun cuando se intente presentar todo como “formalmente correcto”.
Porque el problema no es solo legal. Es de confianza pública. Y el decreto 5/2026 vuelve a poner esa palabra —integridad— en el centro del tablero.
Compartí esta noticia
