Milei elimina un aporte obligatorio y desarma un fondo que funcionaba como impuesto encubierto en Tierra del Fuego
El Gobierno nacional llevó a 0% el aporte del 15% que las empresas fueguinas debían pagar al FAMP. La medida apunta a recuperar competitividad, sostener el empleo y terminar con un esquema de financiamiento privado obligatorio administrado por el Estado.
El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de desregulación económica y alivio fiscal al eliminar el aporte mensual obligatorio del 15% que las empresas industriales de Tierra del Fuego debían realizar al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 20/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, que fija en 0% el aporte previsto en el artículo 4° del Decreto 727/2021, condición que hasta ahora era obligatoria para acceder a los beneficios del régimen de promoción industrial de la Ley 19.640.
Hasta esta modificación, las empresas debían destinar al FAMP el 15% del beneficio obtenido por la exención del IVA, un esquema que el Gobierno considera distorsivo y perjudicial para la competitividad, especialmente tras la eliminación de aranceles a productos electrónicos y la apertura económica en curso.
Qué era el FAMP y por qué el Gobierno decidió avanzar
El FAMP funcionaba como un fondo fiduciario de financiación privada y control estatal, alimentado por aportes obligatorios de las empresas radicadas en la provincia. Del total recaudado, el Estado utilizaba el 40% para financiar obra pública, mientras que el 60% restante se destinaba a inversiones privadas previamente aprobadas por el propio Estado.
Para el actual Gobierno, este esquema se había transformado en un impuesto encubierto, que obligaba a las empresas a financiar infraestructura y proyectos definidos políticamente, bajo amenaza de perder los beneficios del régimen promocional.
La medida fue adoptada tras reclamos formales de la Unión Industrial Fueguina (UIF) y AFARTE, que alertaron sobre una “pérdida crítica de competitividad” derivada de los cambios tributarios y arancelarios recientes, con riesgo para la continuidad productiva y el empleo.
Las obras públicas financiadas con el FAMP
Con el 40% de los aportes privados, el Estado había aprobado diversas obras de infraestructura, entre ellas:
Gobierno de Tierra del Fuego
- Interconexión de los gasoductos San Martín y Fueguino: $1.260 millones
- Ampliación de la matriz energética provincial: $1.450 millones
- Centro de servicios de la madera: $627 millones
Municipios (7 proyectos aprobados)
- Infraestructura del Parque Industrial de Río Grande: $5.000 millones
- Parque Industrial Tolhuin: $2.200 millones
- Ensanche y pavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen (Ushuaia)
- Obras en el Aeropuerto de Ushuaia: $550 millones
Estas iniciativas eran financiadas íntegramente con recursos provenientes de aportes privados obligatorios.
Inversión privada dirigida y condicionada
El 60% restante del FAMP, teóricamente destinado a inversión privada, también estaba sujeto a aprobación estatal y contaba con 12 proyectos autorizados, entre ellos:
- Grupo Mirgor:
- Puerto Multimodal ($400 millones)
- Hotel de lujo ($70 millones)
- Terminal de cruceros en Ushuaia
- Grupo Radio Victoria: producción intensiva de carne vacuna ($4.700 millones)
- Grupo Newsan:
- Buque portacontenedores ($46 millones)
- Cultivo de mejillones ($5 millones)
- VINISA: fabricación de pallets plásticos ($3,5 millones)
- Tecnomyl: productos químicos ($10.000 millones)
- Plásticos Isla Grande: planta de reciclaje y valorización de residuos ($2.000 millones)
- Río Chico: centro logístico ($5.000 millones)
Desde la óptica del Gobierno nacional, este modelo implicaba inversión dirigida, no libre, y condicionaba las decisiones empresariales a la aprobación estatal.
Qué cambia y qué se mantiene
La resolución aclara que la eliminación del aporte no exime a las empresas del cumplimiento de los proyectos productivos propios que ya hubieran sido aprobados. En caso de incumplimiento, las firmas deberán reintegrar los fondos correspondientes, con intereses.
Sin embargo, a partir de ahora, las empresas podrán mantener los beneficios del régimen promocional sin realizar transferencias mensuales obligatorias, recuperando margen financiero y autonomía para decidir cómo y dónde invertir.
Con esta decisión, el Gobierno de Milei ratifica su rumbo: menos impuestos, menos intervencionismo y más incentivos reales para producir, invertir y generar empleo genuino, incluso en regiones estratégicas como Tierra del Fuego.
La reducción del aporte al 0% se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones actuales, dejando abierta la puerta a futuras revisiones, pero marcando un mensaje contundente: el crecimiento no se logra con más cargas, sino con libertad económica y reglas claras.
