Récord de expulsiones de inmigrantes ilegales en Argentina: 5.000 en 60 días
En apenas 60 días, el Gobierno aplicó una política de “tolerancia cero” que derivó en cerca de 5.000 extranjeros expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados, con controles más duros, coordinación entre fuerzas y depuración acelerada de antecedentes para cerrar grietas históricas del sistema migratorio.
En un giro drástico respecto de gestiones anteriores, la Argentina atraviesa un cambio de paradigma en materia migratoria. En apenas 60 días, el país registró cifras sin precedentes: cerca de 5.000 ciudadanos extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados, como resultado de un endurecimiento sostenido de los controles en fronteras terrestres, puertos y aeropuertos internacionales.
El dato no es aislado ni circunstancial. Responde a una decisión política explícita de cerrar grietas históricas en el sistema de control migratorio y terminar con años de permeabilidad sin consecuencias.
Los números del nuevo estándar de control
La magnitud del cambio se refleja en el desglose de los datos oficiales:
- Diciembre: se impidió el ingreso de 2.400 extranjeros por irregularidades documentales o antecedentes.
- Enero (en curso): ya se concretaron 2.300 expulsiones y extradiciones.
- Tendencia: se proyecta un aumento en la detección de ingresos clandestinos, impulsado por la digitalización de prontuarios y el intercambio de información con organismos internacionales como Interpol.
La celeridad de los procedimientos marca un quiebre con el pasado: trámites que antes se dilataban durante años hoy se resuelven en plazos significativamente más cortos.
¿Qué cambia?
Desde el Gobierno sostienen que la política de “tolerancia cero” busca revertir consecuencias acumuladas durante décadas de controles laxos:
- Saturación de servicios públicos: el ingreso irregular y no planificado presionó los sistemas de salud y educación, deteriorando la calidad de atención para los residentes y contribuyentes.
- Criminalidad organizada transnacional: la ausencia de filtros eficaces facilitó el asentamiento de redes vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y otros delitos complejos.
- Inseguridad jurídica y laboral: la migración irregular alimentó el trabajo informal, redujo la recaudación fiscal y dejó a los propios migrantes en situación de extrema vulnerabilidad.
- Degradación del Estado de Derecho: cuando las leyes migratorias se perciben como opcionales, la autoridad del Estado se debilita y la impunidad se normaliza.
El nuevo paradigma: ley y orden
El mensaje oficial es directo y sin matices: “el que las hace, las paga”. Bajo esta premisa, el Ejecutivo busca reinstalar el orden público como eje rector de la política migratoria.
Entre las medidas centrales se destacan:
- Coordinación multiagencial: una mesa de enlace permanente entre la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Seguridad, Gendarmería y Prefectura.
- Depuración de antecedentes: prioridad absoluta a la detección y expulsión inmediata de extranjeros con causas judiciales abiertas o condenas previas, eliminando trabas burocráticas que antes paralizaban los procesos.
El objetivo declarado es claro: Argentina deja de ser un territorio de tránsito o refugio para la irregularidad. La hospitalidad del país, remarcan desde el Gobierno, no está en discusión, pero queda reservada exclusivamente para quienes ingresan por vías legales, trabajan dentro del marco normativo y respetan la soberanía nacional.
Las cifras récord de los últimos dos meses funcionan así como una señal política contundente, tanto hacia adentro como hacia afuera: en la Argentina, la ley se cumple y el control volvió a ser una política de Estado.
