Jueces K actúan para llevarse una causa de AFA a PBA pero la dirección utilizada para esta estrategia no existe
La causa que salpica a la cúpula de la AFA fue corrida de CABA a Campana en plena feria judicial, con firma del camarista Alberto Lugones y pese a la oposición del fiscal. La excusa fue un supuesto cambio de domicilio a Pilar, pero ARCA verificó la dirección y confirmó que no existe, dejando al descubierto una maniobra para buscar “justicia amiga” y ganar tiempo.
La causa por presunto lavado vinculada a la compra de la mansión de Pilar atribuida en la investigación a la órbita de la AFA —con foco en Pablo Toviggino y la conducción de Claudio «Chiqui» Tapia— pegó un giro quirúrgico en plena feria judicial, cuando una definición rápida puede significar semanas clave de ventaja procesal. La Cámara Federal de San Martín, con firma del camarista Alberto Lugones, resolvió que el expediente salga del fuero penal económico porteño (donde intervenía Marcelo Aguinsky) y quede en la Justicia Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La propia cronología remarca que la disputa llegó a esa Cámara a comienzos de enero, en feria, y que por licencias y sorteos terminó quedando en manos de Lugones.
Ese traslado, además, se hizo pese a objeciones internas: en Campana, el fiscal Sebastián Bringas sostuvo que no correspondía que el juzgado reclamara el caso (y en Penal Económico también se opusieron fiscal y juez). El movimiento del camarista Lugones fue una decisión tomada a pesar de la oposición de su propio fiscal federal.
La palanca “legal” que permitió justificar el cambio de jurisdicción fue el supuesto cambio de domicilio de la AFA hacia Pilar. Pero ahí aparece el dato que hoy amenaza con derrumbar la coartada: ARCA verificó el domicilio informado (Mercedes 1366, Pilar) y concluyó que no pudo localizarse (no existe) la numeración declarada; por eso anunció que impugnará el trámite.
La causa hoy está en Provincia (Campana), pero el argumento central que ayudó a sacarla de CABA quedó expuesto como domicilio “fantasma”. Y eso abre la puerta a nuevos planteos para discutir competencia y “juez natural” (no vuelve automáticamente, pero el fundamento se debilita).
Lugones, Charvay y Saettone: un combo sensible para el poder político y una señal de por qué la corrupción busca la provincia de Bs. As.
La causa no solo cambió de juzgado: cambió de clima. El perfil del nuevo juez fue descrito en términos políticos por varias coberturas. La percepción de intendentes de su jurisdicción (Pilar, Escobar, Campana y Exaltación de la Cruz) que lo pintan como un magistrado “peronista”, con ambición de carrera y con decisiones que, en la lectura local, golpearon más a opositores que al oficialismo territorial.
En esa misma línea, existen antecedentes concretos usados para sostener esa mirada: el procesamiento al exintendente PRO Nicolás Ducoté y, en contraste, que no habría procesado a Claudia Pombo en una causa resonante vinculada al escándalo de multas que salpicó al exministro Jorge D’Onofrio.
También se lo menciona por fallos contra decisiones del gobierno nacional: por ejemplo, decisiones vinculadas a la Ley de Emergencia en Discapacidad y medidas cautelares/emplazamientos contra el Ejecutivo. Y en materia económica, hay antecedentes reportados donde González Charvay avaló cautelares que permiten a municipios seguir cobrando tasas en facturas de servicios, en el marco del conflicto por la resolución del Ejecutivo en 2024 y lo vinculó al intento del ministro Luis Caputo de impedir ese cobro (incluida la discusión sobre Edenor).
En ese contexto se inscribe el caso Saettone, quizá el episodio más intimidatorio de toda la secuencia. El juez de Garantías bonaerense Walter Federico Saettone autorizó el allanamiento al dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe, hombre cercano a Elisa Carrió y uno de los denunciantes clave de las irregularidades en torno a la mansión de Pilar y la cúpula de la AFA. La orden —formalmente encuadrada en una causa por presunta extorsión— incluyó el secuestro de celulares, computadoras y documentación, pero en la lectura política y judicial aparece como algo mucho más grave: una maniobra para conocer y apropiarse de las pruebas que un denunciante tenía contra la corrupción que rodea a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. El mensaje es nítido: cuando el poder se siente acorralado en lo penal, activa a jueces amigos para disciplinar, protegerse y advertir que quien se meta con la estructura del fútbol–Estado–política pagará consecuencias. Una postal más de cómo operó durante años el entramado kirchnerista-peronista: usar al aparato judicial no para investigar la corrupción, sino para blindarla y amedrentar a quienes la exponen.
A esto se suma el costado político-relacional en su perfil: vínculos y diálogos con Sergio Massa y con Juan Martín Mena (señalado como terminal política del kirchnerismo), además del cuadro bonaerense que rodea al gobernador Axel Kicillof.
En paralelo, el rol de Lugones fue decisivo no solo por el contenido, sino por el timing: la pelea se definió en feria, cuando cada día “ganado” puede servir para descomprimir, ordenar defensas y acomodar jurisdicción. Además que Aguinsky ya remitió el expediente a Campana, consolidando el cambio de hecho.
