La Gran Estafa: Pullaro anunció un decreto que no mejora casi nada para sacarse las sirenas y medios de Buenos Aires de encima
Con una jugada de manual —“divide y reinarás”, máxima atribuida a Maquiavelo— el gobierno vendió “aumento de bolsillo” mientras el Decreto 203/2026 no recompone el sueldo básico: instala un ingreso mínimo garantizado atado a la Canasta Básica Total y lo “completa” con asignaciones no remunerativas para función operativa y choferes, que además son discrecionales y no sirven de base para otros adicionales; en la práctica, premia al personal de calle que sostuvo el corte frente a Jefatura en Rosario y deja al grueso de la Policía de la Provincia de Santa Fe sin la suba estructural que reclamaba.
El gobierno provincial salió a vender un “aumento” para descomprimir la crisis policial, pero el corazón del reclamo —mover el sueldo básico— no aparece en el texto del decreto. Lo que se instrumenta, según el propio Decreto 203/2026, es un piso de ingreso atado a la canasta básica y una batería de asignaciones especiales no remunerativas y no bonificables, concentradas en unidades operativas y en quienes conducen móviles. En los hechos: se mejora el “en mano” de algunos, pero sin tocar el básico que ordena la escala salarial y sin impactar en aportes, aguinaldo y jubilación.
Qué dice el decreto (y qué NO dice)
El esquema oficial se apoya en tres pilares:
- Ingreso mínimo garantizado: el artículo 1 establece un ingreso mínimo equivalente a la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar de cuatro integrantes, según publique el INDEC, “a partir del 1 de febrero de 2026”. El artículo 2 aclara que corre “sin perjuicio” de otros incrementos posteriores.
- Bonos/plus por “función operativa”: el artículo 3 crea una Asignación Especial No Remunerativa y No Bonificable para personal policial de seguridad y para penitenciarios en tareas operativas, con tres niveles: $500.000 / $250.000 / $150.000.
- Plus para choferes: el artículo 4 agrega $250.000 mensuales para quienes conduzcan vehículos oficiales en operativos.
Y el punto político más importante: el artículo 5 blinda el “truco” contable: esas sumas pueden integrar el mínimo garantizado, pero no sirven como base para calcular otros adicionales. Es decir: suman al bolsillo, pero no reordenan la estructura salarial.
La venta política: “nadie cobra menos de $1.350.000”
En paralelo, el Ejecutivo comunicó un piso: Pullaro afirmó que “ningún personal policial ni del servicio penitenciario… va a tener un sueldo inferior a $1.350.000”, y detalló ejemplos donde —sumando garantía + tarjeta + pluses— los ingresos en zonas “de mayor conflictividad” podrían superar los $2 millones para tareas operativas, especialmente en Rosario y alrededores.
Ahora bien, incluso en la comunicación oficial aparece una letra chica clave: el Gobierno habló de garantizar canasta al personal con 48 horas o más (por “alta dedicación y carga horaria”), lo que deja margen para discrecionalidad y para que el “piso” no funcione igual para todos.
El “divide y reinarás” dentro de la fuerza
Según fuentes policiales, la estrategia fue quirúrgica: premiar a los que estaban en la calle (y, dentro de ese universo, privilegiar al “conductor” por sobre el acompañante) para quebrar la unidad del reclamo. El decreto, de hecho, consolida esa lógica: la mejora grande no está en el básico, sino en pluses por función y por manejo de móviles.
En la negociación, siempre según reconstrucciones internas, no habría estado el Dr. Sarlo —señalado como quien venía llevando la conversación— y habrían tomado protagonismo referentes de unidades especiales (Comando, PAT, Guardia de Infantería, TOE). Con el retiro de patrulleros y motorizada en la puerta de jefatura, el poder intentó instalar “conflicto resuelto”. Pero en la base queda otra lectura: se cerró un capítulo mediático, no el problema de fondo.
El punto ciego: el 80% afuera y el básico congelado
El decreto promete “garantía” general, pero el salto real de ingresos llega por suplementos operativos y por conducción de móviles, que no son universales. En la práctica, sostienen fuentes consultadas, solo una minoría (se menciona en ámbitos policiales un orden del 20%) accedería a los bonos más altos, mientras el resto —comisarías, 911, áreas administrativas, bomberos, muchas regionales, y buena parte del esquema penitenciario no operativo— quedaría mirando desde afuera o dependiendo apenas del “piso” mínimo.
El resultado es doble:
- No se reconstruye el salario base (lo que reclamaban “desde el principio” para que el aumento impacte en toda la carrera).
- Se consolida un sistema de sumas no remunerativas que alivian el bolsillo hoy, pero no construyen derechos previsionales ni ordenan escalas.
“Canasta básica” según INDEC: el número de referencia
Para dimensionar de qué se habla cuando se dice “canasta”, el último valor oficial disponible en informes del INDEC para hogar tipo de 4 integrantes (GBA) en diciembre de 2025 fue de $1.308.713,26 de Canasta Básica Total.
El decreto provincial ata el piso al valor que publique INDEC desde febrero de 2026, y el Ejecutivo provincial redondeó políticamente el umbral en $1.350.000.
El desenlace abierto
En el corto plazo, el gobierno gana aire: instala el titular de “aumento” y muestra números grandes. Pero el conflicto de fondo queda latente: si el básico no se mueve, y si el “aumento” es mayormente un paquete de pluses segmentados, el malestar se reacomoda y vuelve. En un momento de debilidad política, la apuesta es clara: más relato, más segmentación interna y más comunicación para tapar el agujero.
Fuentes policiales aseguran que ya se están reorganizando para sostener el pedido original: aumento real del básico, sin maquillaje contable y sin bonos discrecionales.
