Evo Morales prófugo de la justicia por tráfico de menores y abuso infantil: la caída del ícono socialista
Orden de arresto por tráfico de menores y abuso sexual. Se oculta en el Chapare, protegido por sindicatos de cocaleros. Niega los cargos y habla de «lawfare».
El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta una orden de arresto vigente por presunto tráfico de una menor de 15 años durante su mandato (2006-2019). La fiscal Sandra Gutiérrez emitió la orden en octubre de 2024, revelada públicamente en diciembre del mismo año. Morales no compareció a la citación judicial del 10 de octubre de 2024, argumentando «lawfare» y persecución política por parte del gobierno de Luis Arce.
El origen del caso
La historia comienza en 2015. Según documentos fiscales, Morales —entonces de 57 años— mantuvo una relación con una adolescente de 15 años, miembro de la Generación Evo, grupo juvenil de su partido. La menor dio a luz en febrero de 2016. El certificado de nacimiento, rectificado en 2018, registra a Morales como padre. Los fiscales sostienen que los padres de la víctima la «inscribieron en la guardia juvenil de Morales con el único propósito de escalar políticamente y obtener beneficios… a cambio de su hija menor de edad». La madre de la víctima fue también indiciada por tráfico humano agravado.
Antecedentes y señales previas
El caso tiene antecedentes. En 2016, el periodista Carlos Valverde reveló un affaire de Morales con Gabriela Zapata, una joven 26 años menor, empleada de una empresa china con contratos gubernamentales. En 2020, la agrupación feminista Mujeres Creando exigió investigación por «estupro reiterado». Ese mismo año, el entonces ministro David Choquehuanca admitió públicamente que Morales «tendrá que someterse a la justicia» si existían pruebas.
Chapare: refugio, blindaje y bloqueos
Morales se refugia desde 2024 en el Chapare, su feudo cocalero en el centro de Bolivia. Allí opera desde la sede de las Seis Federaciones del Trópico, protegido por hasta tres cordones de seguridad. Sus seguidores bloquearon carreteras durante 23 días en octubre de 2024 para impedir su arresto. La fiscal Gutiérrez confirmó que «fue imposible ejecutar la orden… muchos policías fueron víctimas de agresión e intento de asesinato por parte de los bloqueadores».
Reafirmación judicial y “desaparición” pública
En enero de 2025, el juez Nelson Rocabado reafirmó la orden de arresto tras un nuevo incumplimiento de Morales. Su defensa alegó «bronconeumonía» y problemas cardíacos; el juez desestimó los argumentos por tratables. Desde entonces, Morales mantuvo bajo perfil: en febrero de 2026, desapareció de la vista pública durante casi un mes, cancelando su programa radial semanal y ausentándose de ceremonias protocolares. Sus allegados alegaron «dengue», una enfermedad que típicamente dura una semana.
Otros procesos abiertos
El ex presidente también enfrenta otros procesos: fraude electoral en 2019 (anulado por la OEA), sedición y terrorismo por presuntos audios incitando a bloqueos. En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional lo inhabilitó para postularse a la presidencia.
Si es condenado por tráfico de menores, Morales enfrenta 10 a 15 años de prisión. La víctima y su madre, según fuentes parlamentarias, habrían tomado refugio en Argentina.
El patrón del caudillo: de Perón a Morales
La historia argentina ofrece un espejo incómodo. En 1954, Juan Domingo Perón —entonces de 59 años— fue acusado de relación con Nelly Rivas, una adolescente de 14 años que ingresó al Instituto de Niñas protegido por la Fundación Eva Perón. La denuncia surgió del propio entorno peronista: la esposa de un senador de la Capital, Elena Caporale de Donato, encontró a Rivas en la residencia presidencial de Olivos y la expulsó .
El escándalo estalló cuando La Prensa y La Nación publicaron las acusaciones. Perón respondió con «Ley de difusión de información calumniosa», cerrando diarios y encarcelando periodistas . La Cámara de Diputados —controlada por el peronismo— rechazó la acusación constitucional por 81 votos contra 28 . Rivas, ante la prensa, negó la relación.
Sin embargo, en 2012, la propia Nelly Rivas, ya como adulta, confirmó la relación ante el periodista Mario Wainfeld. Reveló que había confesado a amigas íntimas que la relación fue real, y que Perón le pagó un departamento en Buenos Aires tras su caída. La confesión de la propia víctima, décadas después, valida lo que la justicia de 1954 se negó a investigar.
Las similitudes son evidentes: caudillo en el poder, víctima menor de edad vinculada a estructura juvenil del partido, negación inicial, uso del aparato estatal para protegerse, y «lawfare» avant la lettre —Perón acusó a la oposición de «calumnia», Morales de «persecución política»—. La diferencia: Perón fue derrocado meses después por el golpe de 1955; Morales, por ahora, sigue protegido por sus bases en el Chapare.
El caso Perón-Nelly Rivas quedó archivado sin condena. El caso Morales está en curso. La pregunta es si la justicia boliviana logrará lo que la argentina de 1954 no pudo: someter al caudillo a la ley.
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