Trump deporta 2,9 millones en un año: el efecto disuasivo funciona sin muros nuevos
El 70% de los arrestados tenían antecedentes penales. La mera certeza de aplicación de la ley generó que 2,2 millones abandonaran el país voluntariamente.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos presentó cifras que muestran un cambio de paradigma en la política migratoria. En doce meses, la administración Trump logró 675.000 deportaciones formales y 2,2 millones de auto-deportaciones, superando el total de expulsiones del gobierno anterior en cuatro años. El dato relevante no es solo el número, sino el mecanismo: no se construyeron nuevos centros de detención masivos, sino que se multiplicó la capacidad operativa mediante convenios con estados republicanos y la estrategia denominada «Alligator Alcatraz».
La historia comienza con un diagnóstico diferente. Mientras la administración anterior procesaba solicitudes de asilo con demoras que permitían la integración de solicitantes en territorio estadounidense —muchas veces sin verificación de antecedentes—, la actual priorizó la detención y expulsión inmediata de quienes cruzaban ilegalmente. El resultado fue una reducción del flujo en la frontera sur antes incluso de que la mayoría de las deportaciones formales se ejecutaran.
Los números desagregados revelan el perfil de quienes fueron arrestados. El 70% presentaba antecedentes penales: 1.416 vinculados a organizaciones terroristas, 7.000 miembros de pandillas, 752 asesinos convictos, 44.000 agresores sexuales y 58.000 condenados por delitos graves contra personas. Esto contradice la narrativa de que la política afectaba principalmente a «trabajadores indocumentados».
El efecto disuasivo operó de manera inesperada. La simple certeza de que la ley se aplicaría generó que 2,2 millones de personas —muchas con años residiendo en el país— abandonaran territorio estadounidense por sus propios medios, evitando el proceso de deportación formal. Este dato es clave: no se requirió fuerza para expulsarlos, sino la eliminación de la expectativa de impunidad.
El caso de Minnesota: cuando el sistema de subsidios se instrumentaliza
El youtuber Nick Shirley expuso en diciembre de 2025 un patrón de fraude en centros de cuidado infantil administrados por la comunidad somalí de Minneapolis. Su video, que superó los 135 millones de views en Twitter y 3 millones en YouTube, mostró instalaciones que aparecían vacías o inactivas durante horario de operación, con registros de pago públicos que indicaban $110 millones en fondos federales transferidos a estos centros.
Shirley, de 23 años, no es periodista profesional. Es un influencer de Utah que comenzó a documentar fraudes estatales con su cámara y una laptop. Su método: visitar sitios públicos, solicitar información bajo leyes de transparencia, y contrastar registros de pagos gubernamentales con la realidad física de las instalaciones. En Minneapolis, encontró centros que cobraban subsidios por cientos de niños inscritos pero que, según testimonios de vecinos y su propia observación, no operaban regularmente.
La reacción fue inmediata y violenta. Shirley reportó amenazas de muerte, doxxing de su domicilio, intentos de hackeo a sus cuentas, y tuvo que contratar seguridad privada 24/7
. Algunas amenazas específicas mencionaban que sería «Kirked» —referencia al asesinato de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA . El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional desplegaron agentes en Minnesota, y el gobierno federal congeló los pagos de cuidado infantil a cinco estados administrados por demócratas, exigiendo «justificación y comprobantes fotográficos antes de cada transferencia».
El caso de Minnesota no es aislado. Forma parte de un patrón mayor: el escándalo «Feeding Our Future» ya había documentado $250 millones desviados en supuestas comidas para niños durante la pandemia, con 72 de 78 acusados de origen somalí.
Las investigaciones federales actuales estiman que el fraude total en programas de asistencia social de Minnesota podría superar los $9 mil millones.
Europa: el mismo patrón, distinta escala
En Reino Unido, barrios enteros operan bajo normas paralelas islámicas con patrullas que imponen vestimenta femenina. Alemania registró atentados de asesinos solicitantes de asilo en Aschaffenburg y Magdeburgo. España enfrenta entrada masiva por Canarias y Ceuta con inacción gubernamental. Italia bajo Meloni intenta contener el flujo pero recibe 150.000 llegadas anuales. Francia es caso aparte: su colonialismo en África del Norte generó una población magrebí con ciudadanía francesa que hoy rechaza la laïcité republicana, un boomerang demográfico distinto al de otros países europeos.
La conexión sudamericana: cuando el islamismo se cruza con el narcotráfico
El problema no es exclusivo de comunidades islámicas. Estados Unidos recibe flujos de toda América Latina donde el narcotráfico opera con lógica similar: captura de instituciones, corrupción de funcionarios, y uso de redes sociales para reclutamiento.
El Cartel de los Soles venezolano, vinculado a la dictadura de Maduro, controla rutas de cocaína hacia EE.UU. y Europa con apoyo de altos oficiales militares. La designación del Tren de Aragua como organización terrorista por parte de la administración Trump en 2025 reconoció lo que los hechos demostraban: las fronteras sudamericanas son permeables a grupos criminales que operan como estructuras paragubernamentales.
En Bolivia, el gobierno de Evo Morales (2006-2019) permitió el crecimiento de rutas de narcotráfico por el Chapare, con supuesta protección de fuerzas de seguridad aliadas al MAS. La caída de Morales en 2019 expuso documentos que sugerían vínculos entre funcionarios del gobierno y carteles mexicanos, aunque la justicia boliviana nunca profundizó las investigaciones por presiones políticas.
La comparación con Argentina es inevitable. El gobierno de Milei enfrenta una situación similar: un sistema migratorio desbordado, una justicia que demora años en procesar expulsiones, y una frontera norte donde ingresan ciudadanos de países con los que Argentina no mantiene relaciones diplomáticas fluidas para la repatriación. La diferencia radica en la asignación de recursos: Estados Unidos destina el 0,4% de su PBI al control migratorio; Argentina, el 0,03%.
El principio liberal de libre circulación de personas presupone un marco institucional estable. Cuando Estados como Venezuela, Cuba o Nicaragua utilizan el flujo migratorio como herramienta de presión geopolítica —liberando presos, facilitando tránsito de individuos vinculados a redes criminales— la ecuación cambia. La defensa de fronteras deja de ser un tema de restricción comercial y se convierte en cuestión de seguridad nacional.
Los datos de 2025 muestran que la política Trump redujo los cruces ilegales en un 40% en Texas, el estado con mayor flujo. Simultáneamente, las remesas enviadas a Centroamérica cayeron un 15%, indicando que la población indocumentada estaba efectivamente integrada en la economía formal y su salida tuvo impacto macroeconómico en países de origen.
