Diputados dio dictamen de mayoría a la Ley de Modernización Laboral y la reforma se encamina a una votación clave

Diputados firmó el dictamen de mayoría de la Ley de Modernización Laboral y la reforma se encamina a una votación clave este jueves a las 14. El oficialismo reunió 44 firmas y defendió el proyecto como una herramienta para formalizar empleo y actualizar un régimen laboral con más de 50 años de vigencia.

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En una jornada cargada de tensión política y sindical, el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados firmó el dictamen de mayoría del proyecto de Ley de Modernización Laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado y será debatido este jueves desde las 14 en el recinto.

El oficialismo consiguió 44 firmas sobre 80 diputados presentes, con el respaldo de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo e Independencia, además de acompañamientos parciales de otros bloques.

El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa y llamó a acompañarla en el recinto: “Esta ley está pensada para que el 50% de trabajadores que hoy están en la informalidad pasen a la formalidad”. Además, confirmó la eliminación del artículo 44 —referido al régimen de licencias por enfermedad— para garantizar consensos y evitar que una discusión puntual desvíe el objetivo central de la reforma. Al introducir modificaciones, el texto deberá regresar al Senado tras su eventual aprobación en Diputados.

“Necesitamos una nueva ley laboral que incluya a todos los trabajadores. Sólo con trabajo vamos a salir adelante”, sostuvo Bornoroni.

El eje del proyecto: formalización y reglas claras

La reforma impulsada por el presidente Javier Milei apunta a modernizar un régimen laboral con más de cinco décadas de vigencia. El oficialismo sostiene que el esquema actual dejó a millones de argentinos fuera del sistema formal y generó una estructura rígida que desalienta la contratación.

Desde sectores empresarios que participaron del plenario, como IDEA y representantes del ecosistema fintech y de plataformas digitales, señalaron que la iniciativa aporta previsibilidad, baja la conflictividad y establece reglas claras para nuevas modalidades de empleo. “Permite definir un estándar sobre el que se realiza esta actividad en Argentina y garantiza soberanía del tiempo para el trabajador”, afirmaron desde el sector emprendedor.

Rechazo sindical y paro general

En contrapartida, referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las CTA cuestionaron duramente el proyecto, lo calificaron de “regresivo” e “inconstitucional” y ratificaron el paro general convocado para este jueves, en coincidencia con la sesión especial.

El debate en comisión se desarrolló en un clima atravesado por la crisis industrial y las protestas sindicales. Legisladores de izquierda exhibieron carteles en defensa de trabajadores despedidos de la empresa Fate, mientras dirigentes gremiales advirtieron que la reforma no generará empleo sin un “proyecto productivo”.

Sin embargo, desde el oficialismo consideran que la resistencia sindical responde a la defensa de un esquema que consolidó privilegios y estructuras corporativas, mientras la informalidad crecía año tras año. Para el Gobierno, la reforma no quita derechos sino que amplía oportunidades y busca incorporar a millones de trabajadores que hoy están fuera del sistema.

Una votación con impacto estructural

Con la sesión extraordinaria ya oficializada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, el proyecto se encamina a una votación decisiva.

Para la Casa Rosada, la Ley de Modernización Laboral forma parte del paquete de transformaciones estructurales destinadas a ordenar la economía, dar previsibilidad y terminar con décadas de estancamiento. En ese marco, la confrontación con el sindicalismo tradicional aparece como uno de los ejes centrales del debate político actual.

Este jueves, el Congreso definirá si avanza en un cambio profundo del régimen laboral argentino o si prevalece la presión sindical en medio de un paro nacional que busca frenar la reforma.

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Julián Sayago
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