El Gobierno cierra el Plan «Volver al Trabajo» y apuesta por la capacitación
El Ministerio de Capital Humano oficializó el fin del programa que alcanzaba a más de 900.000 personas. A partir de abril, la transferencia directa de $78.000 será reemplazada por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, confirmó este martes lo que venía anticipando desde el inicio de la gestión: el programa Volver al Trabajo (VAT) finaliza el 9 de abril de 2026. Los 937.132 beneficiarios recibirán su última asignación mensual no remunerativa de $78.000 en el mes de abril y, a partir de entonces, quienes quieran seguir recibiendo apoyo del Estado deberán dar un paso adelante: inscribirse en el nuevo sistema de vouchers de capacitación laboral.
No se trata de dejar a nadie a la deriva. Se trata de terminar con un modelo que durante más de seis años mantuvo a más de un millón de personas atadas a una transferencia mínima, sin exigencias reales, sin resultados medibles y, en muchos casos, con la intermediación de organizaciones sociales y piqueteras que lucraban políticamente con la pobreza ajena.
Como comunicó oficialmente el Ministerio: «Las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina. Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral».
Los números que justifican el cambio
Los datos duros hablan por sí solos y explican por qué este modelo estaba agotado:
- Potenciar Trabajo (origen del VAT): Lanzado en marzo de 2020 por Alberto Fernández, llegó a tener 1,3 millones de beneficiarios. Nació como respuesta a la pandemia pero se convirtió en una herramienta de control político de los movimientos sociales.
- Volver al Trabajo: Tras la reestructuración realizada por el gobierno de Milei en 2024, el programa quedó con 937.132 beneficiarios (personas de hasta 49 años orientadas a la reinserción laboral).
- Acompañamiento Social: El otro segmento, con 204.766 personas (mayores de 49 años y madres con cuatro o más hijos menores), continúa vigente y no es alcanzado por esta baja. Tampoco se tocan las aproximadamente 300.000 personas en el esquema de asistencia más permanente, destinado a quienes presentan mayores dificultades de inserción.
- Monto del beneficio: $78.000 mensuales. Una cifra que, reconoce el propio Gobierno, no alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de nadie. En la práctica, la enorme mayoría de los beneficiarios ya realizaba alguna actividad en la informalidad para complementar ese ingreso.
- Impacto fiscal estimado: La baja de 900.000 beneficios de $78.000 representa un ahorro potencial cercano a los $60.000 millones mensuales, aunque el monto final dependerá del nivel de adhesión al nuevo sistema de vouchers, ya que una parte de esos recursos se destinará a financiar las capacitaciones.
- Reducción de programas: Al asumir, la gestión encontró 125 programas sociales, muchos superpuestos, duplicados y sin evaluación. Fueron unificados en 49, con reglas claras y trazabilidad completa.
Cómo funciona el nuevo sistema de vouchers
El reemplazo no es un vacío: es un cambio de paradigma. El Estado deja de transferir dinero de forma pasiva y pasa a invertir en formación concreta con reglas claras:
1. Inscripción voluntaria y activa. El beneficiario debe manifestar expresamente su voluntad de participar. Ya no hay transferencias automáticas. El recurso va directamente a la persona, que decide dónde capacitarse. Se terminó la intermediación.
2. Red federal de centros de capacitación. El Ministerio de Capital Humano está montando una red de instituciones en todo el país, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia. El Estado aporta la infraestructura; las empresas privadas aportan los contenidos, los capacitadores y los materiales.
3. Convenios con empresas de primer nivel. El lunes 17, Pettovello firmó un convenio con el CEO de YPF, Horacio Marín, para incorporar propuestas formativas al Centro de Formación de Capital Humano. No es el único: se están articulando acuerdos con empresas privadas que necesitan mano de obra calificada y que están dispuestas a formar a los trabajadores.
4. Exigencia de presentismo y resultados. En las pruebas piloto ya realizadas, los participantes debieron cumplir con al menos un 70% de asistencia para obtener el certificado. Quien abandone la capacitación pierde el beneficio sin posibilidad de reingreso. El mensaje es inequívoco: esto no es un trámite burocrático, es una oportunidad real que exige compromiso.
5. Cursos enfocados en oficios y áreas técnicas. La formación estará orientada a oficios con demanda real en el mercado laboral, no a talleres teóricos sin salida concreta. El objetivo es la certificación y la empleabilidad efectiva.
Lo que el Gobierno fortaleció
Es fundamental señalar que esta medida no ocurre en el vacío. Desde el inicio de la gestión, el gobierno de Milei tomó decisiones concretas para proteger a los sectores más vulnerables por las vías que corresponden:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): Fue fortalecida significativamente, mejorando la cobertura de la canasta básica alimentaria.
- Tarjeta Alimentar: También fue reforzada, como herramienta directa para garantizar la alimentación de las familias.
- Esquema de asistencia permanente: Las aproximadamente 300.000 personas con mayores dificultades de inserción laboral permanecen en una red de asistencia y no son alcanzadas por esta baja.
El fin de la intermediación: el Estado habla directo con el ciudadano
Uno de los logros más significativos de esta reconversión —y quizás el más silenciado— es la eliminación definitiva de los intermediarios. Durante años, organizaciones piqueteras y movimientos sociales funcionaron como gatekeepers del acceso a los planes. Esa estructura no solo era ineficiente: era perversa. Generaba lealtades forzadas, clientelismo y un negocio político que se alimentaba de la necesidad ajena.
Con el nuevo esquema, el vínculo es directo entre el Estado y el ciudadano. Las notificaciones llegan por Mi Argentina y por correo electrónico. La inscripción es personal. La elección del curso es individual. No hay gestores, no hay mediadores, no hay punteros.
Una apuesta por la dignidad del trabajo
El Gobierno es consciente de que no todos los actuales beneficiarios se inscribirán en el nuevo sistema. Muchos ya trabajan informalmente y quizás no estén dispuestos a cumplir con la carga horaria de capacitación. Eso, lejos de ser un problema, es parte del diagnóstico: el plan de $78.000 no era un sostén real, era una ficción que mantenía a millones de personas en una zona gris entre la asistencia y la informalidad, sin herramientas para salir de ninguna de las dos.
La reconversión no retira personas del mercado de trabajo. Lo que hace es sincerar la intervención estatal y ofrecer, por primera vez en años, una salida concreta: formación en oficios con demanda real, certificación oficial y conexión directa con empresas que necesitan trabajadores.
Es un cambio profundo. Es incómodo para quienes se beneficiaban del statu quo. Pero es, en definitiva, lo que este Gobierno prometió hacer: dejar de administrar la pobreza para empezar a combatirla de verdad.
