Concejales peronistas y de Unidos de Granadero Baigorria se negaron a bajarse los sueldos que ellos mismos se subieron a 4.2 millones
La casta local blindó sus dietas de 4,2 millones. La propuesta de Fontana para ajustarlas al RIPTE —1,7 millones— fue rechazada 6 a 1. La política convencional prefiere sus privilegios antes que la austerad.
El jueves pasado, en el Concejo Deliberante de Granadero Baigorria, se votó una ordenanza que debería haber sido unánime: reducir las dietas de los ediles al valor del RIPTE, es decir, de 4,2 millones de pesos a un promedio de 1,7 millones. El proyecto, presentado por el concejal Santiago Fontana de La Libertad Avanza, buscaba «ordenar prioridades: menos privilegios, más discusión sobre las necesidades concretas de nuestros vecinos».
La respuesta de la política convencional fue contundente: 6 a 1 en contra. Solo Fontana votó a favor de bajarse el sueldo. Los otros seis concejales —representantes de las dos corrientes peronistas y del bloque Unidos— se alinearon para blindarse mutuamente y conservar sus dietas intactas.
El discurso que la casta no quiere escuchar
Fontana subió a la banca y dejó en evidencia lo que el resto prefiere ocultar: la política local vive desconectada de la realidad de los vecinos. «Propusimos que la dieta de los concejales esté atada al RIPTE, generando una baja proporcional del presupuesto para abrir el debate sobre lo que realmente importa en Baigorria», explicó en su exposición, disponible en redes sociales.
La idea era simple pero profunda: que la política vuelva a estar en sintonía con la gente. Menos plata para los ediles, más discusión sobre calles rotas, seguridad y baja de impuestos. Pero para la casta, eso es inaceptable. No están dispuestos a renunciar ni a un peso de sus 4,2 millones.
La misma receta de siempre
El modus operandi es el que se repite en cada rincón de la provincia de Santa Fe: cuando alguien toca los intereses de la política tradicional, la respuesta es el aislamiento institucional y, si hace falta, la persecución. Fontana ya lo había sufrido: semanas atrás, tras oponerse a la suba de sueldos que dejó las dietas en los actuales 4,2 millones, fue denunciado penalmente bajo acusaciones de supuesta manipulación del sistema informático del Concejo —un «hackeo» que no resistirá el más mínimo análisis judicial— .
La denuncia, burda y previsible, buscaba amedrentar al único concejal que no se doblegó. Pero Fontana no se achicó. Fue por más, presentó la ordenanza de reducción salarial y obligó a la casta a mostrar la cara.
Concejales que se aumentaron el sueldo y luego votaron en contra de bajárselo
Antonella García (peronista del Movimiento Evita)
Adrián Milo (peronista de Ramos, exintendente de la ciudad)
Gisela Da Ponte (Unidos, hija de Guillermo Da Ponte, un conocido político peronista de Capitán Bermúdez que le maneja la carrera política, aliada al peronismo del Movimiento Evita y al ramismo)
Favio Maurelli, Natalia Annunziata y Martín Tartarelli (peronistas oficialistas del intendente Maglia)
La política que no quiere ser transparente
Lo que ocurrió el jueves en Baigorria no es un episodio menor de un municipio del Gran Rosario. Es la radiografía de la política argentina: un sistema donde los representantes de la política convencional —peronistas de todas las cepas, radicales, socialistas, progresistas de turno— viven del Estado, no para el Estado. Donde el concejal gana más del doble que el vecino promedio y donde quien pide austeridad es tratado de delincuente.
La llegada de Santiago Fontana y de La Libertad Avanza al Concejo de Baigorria hizo algo que la casta local no perdona: encendió la luz. Durante años, los ediles se movieron en la oscuridad, priorizando sus sueldos, sus negocios y sus pactos. Fontana les recordó que la política no es un club de beneficios. Y por eso lo quieren fuera, callado o preso.
El mensaje es claro: en Baigorria, como en Santa Fe, como en Buenos Aires, la casta no negocia. Se defiende. Con votos en bloque, con denuncias falaces y con el bolsillo bien cerrado. El jueves pasado, seis concejales eligieron cobrar 4,2 millones antes que sentarse a discutir cómo mejorarle la vida a los vecinos. Eso es la política tradicional. Eso es lo que La Libertad Avanza vino a romper.
