Quintela amenazó a los inversores: “Lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar”
El gobernador de La Rioja aseguró que una eventual gestión peronista “va a revisar absolutamente todo” lo hecho por Javier Milei y advirtió a los inversores que podría avanzar con nacionalizaciones y expropiaciones. Las declaraciones encendieron la polémica y volvieron a poner en discusión qué modelo económico propone el PJ para 2027.
Las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dejaron un fuerte interrogante de cara a las elecciones presidenciales de 2027: ¿qué modelo económico propone el peronismo para volver al poder? El dirigente fue contundente al referirse a las inversiones realizadas durante el gobierno de Javier Milei y aseguró que, si su espacio regresa a la Casa Rosada, revisará las decisiones adoptadas durante la actual gestión.
“Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Vamos a recuperar”, afirmó Quintela durante una entrevista con El Destape.
La frase no pasó inadvertida. Por el contrario, constituye una de las advertencias más fuertes realizadas por un dirigente peronista con responsabilidades institucionales contra quienes decidan invertir en la Argentina.
Y hay un dato político que vuelve todavía más relevante el episodio: Quintela no es un dirigente marginal dentro del peronismo. Es gobernador de La Rioja y durante los últimos años ocupó un lugar destacado en las disputas internas del Partido Justicialista. Incluso enfrentó al kirchnerismo en la pelea por la conducción nacional del PJ en 2024. Actualmente intenta participar de la construcción de una alternativa peronista para 2027 y promueve la unidad del espacio.
Por eso, sus palabras exceden una opinión personal aislada. Para los inversores, empresarios y ciudadanos que intentan conocer qué podría ocurrir después de las elecciones de 2027, el mensaje es difícil de ignorar.
El conflicto por la Ley de Tierras que encendió la polémica
Las declaraciones de Quintela se produjeron en la previa del debate en el Senado de un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que busca modificar el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros.
La iniciativa, conocida como Ley de Tierras, apunta a flexibilizar las restricciones que actualmente existen para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto también plantea cambios vinculados con el régimen de desalojos y busca reducir las limitaciones que pesan sobre las inversiones en el sector.
El Gobierno sostiene que las restricciones actuales constituyen una barrera para la llegada de capitales y que la inversión extranjera puede contribuir al desarrollo productivo, especialmente en actividades agropecuarias, forestales, mineras y de infraestructura.
“Lo que sea necesario expropiar”
El concepto elegido por Quintela resulta especialmente preocupante en un país que durante décadas sufrió una enorme inestabilidad jurídica y económica.
Expropiar significa que el Estado puede avanzar sobre una propiedad privada mediante un procedimiento legal y bajo determinadas condiciones. Pero cuando un dirigente político anuncia públicamente que una futura administración podría expropiar inversiones realizadas durante otro gobierno, el problema trasciende una discusión ideológica: aparece directamente la cuestión de la seguridad jurídica.
La pregunta es inevitable: ¿qué inversor estaría dispuesto a poner millones de dólares en la Argentina si existe la posibilidad de que un próximo gobierno decida revisar la operación y eventualmente nacionalizar o expropiar el activo?
La Argentina necesita justamente lo contrario. Necesita capital, inversión, infraestructura, empleo privado y reglas estables que permitan proyectar negocios a diez, veinte o treinta años.
El Gobierno de Javier Milei hizo de la recuperación de la confianza y de la llegada de inversiones uno de los pilares de su programa económico. En ese contexto, las advertencias de Quintela funcionan como un mensaje completamente opuesto: “inviertan bajo el actual gobierno, pero sepan que nosotros podríamos revisar lo que hicieron”.
El fantasma de Venezuela y Cuba
Las palabras “nacionalizar” y “expropiar” tienen además una carga histórica particularmente fuerte en América Latina.
Durante décadas, distintos gobiernos de la región utilizaron nacionalizaciones y expropiaciones como instrumentos centrales de sus políticas económicas. En Venezuela, el chavismo avanzó durante años sobre empresas privadas y sectores estratégicos, mientras que el deterioro institucional, la inflación y el derrumbe de la inversión terminaron provocando una profunda crisis económica y social.
Cuba representa otro caso extremo: la eliminación de gran parte de la propiedad privada y la estatización de sectores económicos formaron parte de un modelo que terminó concentrando la actividad productiva en manos del Estado y restringiendo severamente el funcionamiento del mercado.
El Kirchnerismo no entiende que la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad económica son elementos centrales para atraer inversiones y generar crecimiento.
Por eso, que un dirigente con aspiraciones dentro del principal espacio opositor hable de expropiar como una herramienta posible debería generar, como mínimo, un fuerte debate interno dentro del peronismo.
¿Es esta la propuesta del peronismo para 2027?
Mientras el Gobierno de Milei intenta mostrar una Argentina diferente, basada en equilibrio fiscal, desregulación, apertura económica y mayor participación del sector privado, Quintela ofrece una respuesta diametralmente opuesta: revisar las medidas adoptadas, nacionalizar lo que considere necesario y expropiar aquello que, según su criterio, deba ser recuperado.
Si el peronismo pretende volver al poder en 2027, deberá explicar qué significa exactamente “revisar absolutamente todo”. Deberá aclarar qué inversiones estarían en riesgo, qué empresas podrían ser nacionalizadas y bajo qué criterios se producirían eventuales expropiaciones.
Porque detrás de esas declaraciones hay miles de millones de dólares, puestos de trabajo y decisiones empresariales que dependen de una cuestión fundamental: saber si las reglas van a mantenerse en el tiempo. La Argentina ya pagó demasiado caro el precio de la incertidumbre, la intervención permanente del Estado y los cambios constantes de las reglas de juego.
Por eso, amenazar con expropiar inversores no parece una propuesta de futuro, sino un regreso a recetas que el país conoce demasiado bien.
