Dictadura: Ortega anuncia el fin de las elecciones presidenciales en Nicaragua
El dictador comunista aseguró que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones» para disputar el poder. La decisión consolida un modelo de poder permanente, genera una ola de condenas internacionales y representa uno de los golpes más severos contra la democracia desde el regreso del sandinismo al gobierno.
Daniel Ortega dio un paso que marca un antes y un después en la historia política de Nicaragua. Durante el acto por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente anunció que en el país «no volverá a haber elecciones» para que la oposición pueda acceder al gobierno, una declaración que elimina de manera explícita la alternancia democrática como mecanismo de acceso al poder.
«Que se olviden. Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno», afirmó Ortega ante simpatizantes reunidos en Managua.
El mandatario también adelantó que impulsará nuevas leyes junto a la Asamblea Nacional —controlada íntegramente por el oficialismo— para impedir que los partidos opositores puedan competir por el poder.
La decisión representa un salto político incluso respecto del sistema que Nicaragua mantenía hasta ahora. Aunque las elecciones de los últimos años habían sido ampliamente cuestionadas por organismos internacionales debido a denuncias de fraude, persecución política, encarcelamiento de candidatos y ausencia de garantías democráticas, el régimen mantenía formalmente la celebración de comicios. Con el anuncio de Ortega, incluso esa apariencia desaparece.
Dictador
Ortega gobierna Nicaragua desde 2007, tras haber ejercido una primera presidencia entre 1985 y 1990. En los últimos años consolidó un proceso de concentración del poder junto a su esposa, Rosario Murillo, primero como vicepresidenta y posteriormente como copresidenta tras una reforma constitucional.
Diversos organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y el gobierno de Estados Unidos, han denunciado reiteradamente el deterioro institucional del país, la eliminación de la independencia de poderes y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Desde la crisis política iniciada en 2018, el gobierno nicaragüense ha cerrado miles de organizaciones civiles, expulsado universidades, medios de comunicación y organizaciones religiosas, además de encarcelar o forzar al exilio a buena parte de la oposición política.
En las elecciones presidenciales de 2021, prácticamente todos los principales precandidatos opositores fueron detenidos antes de la votación, lo que llevó a numerosos gobiernos a desconocer la legitimidad del proceso electoral.
«Un muro» contra la oposición
Durante su discurso, Ortega acusó a los partidos opositores de responder a intereses de Estados Unidos y prometió levantar «un muro» legal para impedir que puedan llegar al gobierno.
«Por mucha plata que le den los yanquis, no podrán», sostuvo.
El objetivo es institucionalizar un sistema donde la permanencia del oficialismo deje de depender incluso de elecciones controladas.
El abogado opositor Juan Diego Barberena afirmó que el anuncio significa que el régimen «ni siquiera pretende seguir organizando elecciones fraudulentas», mientras que el economista Juan Sebastián Chamorro sostuvo que Nicaragua avanza hacia un esquema similar al de los regímenes de partido único.
Comunismo autoritario
Estados Unidos reiteró que continúa considerando ilegítimo al régimen de Ortega debido a la represión política y recordó que mantiene sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al gobierno.
Desde Washington sostienen desde hace años que cualquier solución política para Nicaragua requiere elecciones libres, competitivas y con observación internacional.
La declaración de Ortega termina de confirmar una transformación que se venía profundizando desde hace varios años: el paso desde un sistema con elecciones cuestionadas hacia un régimen donde la alternancia política deja de existir incluso en el plano formal.
La eliminación de la competencia electoral implica que los ciudadanos pierden el mecanismo básico mediante el cual una democracia permite reemplazar a sus gobernantes mediante el voto. El episodio vuelve a colocar a Nicaragua entre los países más cuestionados por su situación institucional y refuerza las críticas de quienes consideran que el régimen sandinista ha abandonado definitivamente cualquier compromiso con los principios democráticos.
La decisión también reabre el debate sobre el futuro político de América Latina y sobre la respuesta que adoptarán los organismos internacionales frente a un gobierno que anuncia abiertamente que no permitirá nuevas elecciones competitivas. Mientras la comunidad internacional analiza posibles medidas diplomáticas y económicas, Nicaragua ingresa en una nueva etapa marcada por una dictadura sin precedentes desde el retorno de Ortega al gobierno hace casi dos décadas.
