Milei endurece los controles migratorios: operativo en Rosario detectó ocho extranjeros irregulares, uno con pedido de captura
Migraciones y la Policía Federal desplegaron unos 60 agentes en el centro y la Terminal de Rosario. Controlaron a 420 personas y retuvieron a un ciudadano chino que tenía una orden de expulsión vigente. La avanzada forma parte del nuevo enfoque migratorio del Gobierno nacional, que busca reforzar los controles de ingreso y permanencia en el país.
El Gobierno de Javier Milei profundiza el endurecimiento de la política migratoria argentina. Un importante operativo realizado por la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal en Rosario terminó con ocho extranjeros en situación irregular y un ciudadano chino retenido sobre quien pesaba una orden de expulsión del territorio nacional.
El procedimiento comenzó este martes alrededor de las 12.30 y se extendió hasta las 21, con un despliegue de aproximadamente 60 agentes federales. Los primeros controles tuvieron lugar en comercios ubicados sobre las calles San Martín y San Luis, en pleno centro rosarino, y posteriormente se trasladaron hasta la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.
En total fueron identificadas 420 personas. De ellas, 86 eran ciudadanos extranjeros que tenían su documentación migratoria en regla y otros ocho presentaban irregularidades. Como consecuencia, se confeccionaron las correspondientes actas migratorias.
El resultado más relevante se produjo con la identificación de un ciudadano de nacionalidad china que tenía vigente una orden de expulsión de la Argentina. El hombre quedó retenido en el marco del procedimiento.
El despliegue no fue presentado como un hecho aislado. Los agentes indicaron que los controles continuarían durante la semana y que responden a una política impulsada desde el Gobierno nacional.
Un giro en la política migratoria argentina
La decisión se inscribe en un cambio más profundo iniciado por la administración libertaria. Después de años en los que el sistema migratorio argentino fue cuestionado por la falta de controles suficientes sobre el ingreso y permanencia irregular de extranjeros, la Casa Rosada decidió elevar los estándares de seguridad y endurecer las condiciones para permanecer en el territorio nacional.
El Gobierno modificó en mayo de 2025 el Régimen Migratorio mediante un decreto de necesidad y urgencia. Al anunciar la reforma, la administración nacional sostuvo que buscaba recuperar el orden y reforzar la seguridad, manteniendo al mismo tiempo una política abierta hacia quienes ingresen legalmente al país.
Uno de los datos utilizados por el Ejecutivo para justificar aquella transformación fue especialmente significativo: según informó entonces el Gobierno, más de un millón de inmigrantes habían ingresado irregularmente a la Argentina durante los 20 años anteriores.
La reforma estableció criterios más estrictos para impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y amplió las posibilidades de expulsión cuando una persona extranjera comete delitos en territorio argentino. El principio planteado por la administración Milei es diferenciar entre la inmigración legal —históricamente fundamental para el desarrollo argentino— y quienes incumplen las condiciones establecidas por la legislación nacional.
El cambio también se produce en un contexto internacional en el que el control de las fronteras recuperó centralidad en las agendas de seguridad de numerosos países, ante fenómenos como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la trata de personas y los movimientos migratorios irregulares.
En ese escenario, el objetivo declarado de la administración libertaria es abandonar una concepción de fronteras con controles insuficientes y avanzar hacia un esquema en el que el Estado conozca quién ingresa al país, bajo qué condiciones permanece y si cumple con la legislación argentina.
Eso no significa cerrar las fronteras a la inmigración. Al presentar la reforma, el propio Gobierno sostuvo que Argentina continuará recibiendo migrantes, pero bajo reglas más estrictas y con mecanismos efectivos para actuar frente a quienes incumplan la ley.
El operativo de Rosario muestra ahora esa política trasladada al territorio. No se trató únicamente de controles en pasos fronterizos: Migraciones comenzó a desplegar inspecciones dentro de las principales ciudades para verificar la situación de extranjeros que ya se encuentran en el país.
El saldo de la primera jornada fue concreto: 420 personas controladas, ocho actas por irregularidades migratorias y un extranjero retenido con una orden de expulsión pendiente.
Después de décadas de una política migratoria caracterizada por controles más laxos, el Gobierno de Milei busca instalar un nuevo paradigma: Argentina seguirá abierta para quien llegue legalmente, pero permanecer en el país dejará de ser indiferente al cumplimiento de las normas migratorias.
