Milei va contra el delito organizado desde las cárceles: bloquearán los celulares utilizados por presos
El Gobierno extendió a las provincias un sistema que permite identificar IMEI, tarjetas SIM y líneas utilizadas irregularmente dentro de establecimientos penitenciarios. Las compañías tendrán hasta 48 horas para ejecutar los bloqueos solicitados.
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha una nueva herramienta para atacar uno de los problemas más graves del sistema penitenciario argentino: los presos que continúan coordinando delitos desde sus celdas mediante teléfonos celulares.
El Ministerio de Seguridad Nacional creó un programa federal para detectar y bloquear dispositivos y líneas telefónicas utilizados irregularmente dentro de las cárceles. El mecanismo, que hasta ahora tenía alcance en el sistema penitenciario federal, podrá extenderse a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires mediante convenios de adhesión.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 806/2026, publicada este 25 de agosto, y se apoya además en el procedimiento técnico establecido por ENACOM mediante la Resolución 734/2026.
El sistema apunta simultáneamente a tres elementos: el IMEI, que identifica físicamente cada teléfono; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica utilizada. La combinación busca dificultar una maniobra habitual: cambiar el chip de un celular detectado para continuar utilizándolo con otro número.
Una vez identificado un dispositivo irregular, las administraciones penitenciarias provinciales adheridas deberán remitir la información al Ministerio de Seguridad. Nación funcionará como ventanilla central ante las empresas de telecomunicaciones, que deberán confirmar el bloqueo en un plazo máximo de 48 horas.
La normativa también establece mecanismos de monitoreo, auditorías periódicas y reglas de confidencialidad sobre la información obtenida.
El problema tiene especial relevancia en provincias afectadas por organizaciones criminales que utilizaron históricamente las cárceles como centros desde los cuales impartir órdenes hacia el exterior. Para Santa Fe, atravesada durante años por el narcotráfico y la violencia urbana, la posibilidad de incorporar herramientas de bloqueo tecnológico resulta particularmente significativa.
El Gobierno nacional parte de un principio elemental: una condena no puede transformarse en la posibilidad de dirigir una organización criminal desde una celda.
Ahora la herramienta queda disponible para las jurisdicciones provinciales que decidan adherir. Y la discusión dejará de ser tecnológica para convertirse también en política: cada provincia deberá decidir si utiliza el nuevo sistema para cerrarles a los presos una de las principales ventanas de comunicación ilegal con el exterior.
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