Milei pasó a la ofensiva por Malvinas: llevó al Congreso penas de hasta 20 años por explotar sus recursos
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional alcanza a petroleras, pesqueras, proveedores, financistas y accionistas. También contempla multas calculadas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que endurece las consecuencias penales y económicas para quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
La propuesta no se limita a las compañías que extraigan petróleo. El nuevo régimen también alcanzaría a empresas pesqueras, proveedores logísticos, consultoras, financistas, accionistas y controlantes que participen conscientemente de operaciones desarrolladas bajo permisos otorgados por el Reino Unido.
El texto lleva las firmas de Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el titular de Economía, Luis Caputo.
Su ingreso al Congreso concreta uno de los anuncios realizados por el Presidente durante la cadena nacional del 3 de septiembre, cuando anticipó un cambio de estrategia frente a la explotación británica de los recursos del Atlántico Sur.
Hasta 20 años de prisión
El proyecto propone derogar la Ley 26.659, sancionada en 2011, y reemplazarla por un régimen que amplía las actividades alcanzadas.
La norma vigente se concentra principalmente en los hidrocarburos. El nuevo texto abarca todos los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina.
La prospección o exploración hidrocarburífera sin autorización argentina podría recibir penas de entre 12 y 15 años de prisión. Para la exploración o explotación de otros recursos no renovables, la escala ascendería a entre 12 y 20 años.
Los responsables de extraer, transportar o almacenar hidrocarburos quedarían expuestos a condenas de entre 15 y 20 años de cárcel, además de multas equivalentes a un máximo de 3 millones de barriles de petróleo.
Los proveedores que entreguen bienes o servicios indispensables para esas operaciones, con conocimiento de su destino, podrían recibir penas de entre cinco y siete años.
El texto también incorpora la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para evitar que la permanencia de los acusados fuera del país paralice los procesos judiciales.
Multas, inhabilitaciones y cierre del mercado argentino
En el plano administrativo, las multas oscilarían entre el valor de 4.000 y 500.000 barriles de petróleo. La autoridad competente también podría cancelar permisos e imponer inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.
Las personas y compañías sancionadas no podrían desarrollar actividades económicas ni contratar con el Estado argentino durante el plazo fijado.
El régimen permitiría revocar habilitaciones, eliminar beneficios fiscales y previsionales, rescindir contratos ejecutados dentro del país e impedir que organismos públicos, provincias, municipios y empresas privadas argentinas mantengan vínculos comerciales con los infractores.
Para las personas jurídicas, las consecuencias podrían incluir la suspensión de actividades por hasta 30 años y, en los casos más graves, la disolución o liquidación de la sociedad.
De esta manera, el Gobierno busca elevar el costo de participar en emprendimientos británicos dentro del territorio en disputa y extender la presión sobre toda la cadena que hace posible esas operaciones.
El proyecto Sea Lion, en la mira
La iniciativa surgió como respuesta al avance de Sea Lion, el proyecto petrolero encabezado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration al norte de las Islas Malvinas.
La Casa Rosada sostiene que la extracción se desarrolla sobre recursos pertenecientes a la Argentina y sin autorización de las autoridades nacionales.
El nuevo marco también alcanzaría a la pesca, una actividad central para la administración británica de las islas y una fuente relevante de ingresos por la venta de licencias.
El proyecto ofrece, al mismo tiempo, una vía de salida para las compañías que decidan abandonar las operaciones cuestionadas. Los infractores podrían ingresar a un régimen de desistimiento, pagar multas o comprometer inversiones legales dentro de la Argentina.
La autoridad de aplicación fijaría un plazo de entre 30 y 180 días para cesar las actividades, con la posibilidad de considerar la situación de trabajadores, acreedores y terceros de buena fe.
Una reforma más amplia de la seguridad nacional
La propuesta excede la disputa por los recursos naturales. También crea un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el jefe del Estado e integrado por las áreas de Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, Inteligencia y Legal y Técnica.
El organismo coordinaría políticas diplomáticas, económicas, militares, cibernéticas y de protección de infraestructura crítica.
Además, el texto regula la respuesta ante aeronaves y embarcaciones consideradas hostiles, habilita el bloqueo de activos frente a amenazas externas y permite aplicar restricciones comerciales y financieras.
Con el envío de la iniciativa, Milei transforma el reclamo argentino por Malvinas en una estrategia concreta de presión jurídica, económica y penal. La definición quedará ahora en manos del Congreso, que deberá decidir si respalda el endurecimiento de las sanciones contra quienes exploten recursos argentinos bajo autorización británica.
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