Nueva ofensiva judicial por Malvinas: denunciaron a siete grupos pesqueros que operan con licencias británicas
La presentación acusa a compañías españolas y sociedades constituidas en las islas de extraer recursos del Mar Argentino sin autorización nacional. Los abogados denunciantes sostienen que podrían haber cometido contrabando y reclaman investigar posibles omisiones de funcionarios públicos.
La disputa por la explotación de los recursos naturales de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo judicial. Siete grupos pesqueros internacionales fueron denunciados por operar en aguas reclamadas por la Argentina mediante licencias expedidas por las autoridades británicas del archipiélago.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 7, encabezado por Juan Pedro Galván Greenway.
Los denunciantes sostienen que las actividades cuestionadas vulneran la soberanía argentina, el control aduanero y los derechos del país sobre los recursos naturales de su Plataforma Continental y su Zona Económica Exclusiva.
La denuncia se dirige contra los directivos, administradores y representantes legales de compañías extranjeras que trabajan asociadas con sociedades constituidas en las Malvinas.
Las empresas incluidas en la presentación
El escrito individualizó principalmente a grupos empresarios españoles radicados en Galicia y sus respectivos socios comerciales en las islas.
Una de las firmas señaladas es Lanzal, vinculada con Petrel Fishing Company Ltd. y con el buque Monteferro. También aparece el Grupo Pereira, asociado con Argos Group Ltd., que utiliza las embarcaciones Argos Cíes y Argos Berbés.
La denuncia incluye a Pescapuerta, relacionada con South Atlantic Squid y con los barcos Falcon, Prion y Robin M. Lee. La misma sociedad aparece vinculada con Copemar, que operaría mediante el Hadassa Bay, embarcación que reemplazó al Baffin Bay.
También fueron mencionadas Ferralmes, asociada con Castelo Fishing Co.; Hermanos Touza, vinculada con Beaufort Fishing Ltd.; y Moradiña, relacionada con Polar Ltd. y con el navío New Polar Playa de Sartaxens.
Según la presentación, estas compañías utilizan licencias británicas que carecen de validez para la República Argentina y explotan recursos ubicados en espacios marítimos sobre los cuales el país reivindica soberanía.
Una denuncia por presunto contrabando
Los abogados consideraron que las operaciones podrían encuadrar en el delito de contrabando. El planteo se apoya en dos conductas principales: la supuesta evasión del control aduanero argentino y la extracción clandestina de mercadería.
De acuerdo con el escrito, las capturas serían exportadas, trasladadas a otros barcos en alta mar o descargadas en Puerto Argentino y en terminales de terceros países sin pasar por la fiscalización argentina.
Esa operatoria también permitiría evitar el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de las normas cambiarias vigentes.
La denuncia invocó los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero. El último contempla posibles agravantes relacionadas con la participación organizada de varias personas, el perjuicio patrimonial al Estado y la utilización de transporte marítimo para evitar los controles.
Por el momento, las imputaciones representan la hipótesis formulada por los denunciantes. El juzgado deberá resolver si existen elementos suficientes para impulsar una investigación y determinar responsabilidades.
Reclaman información a Prefectura, Aduana e INIDEP
Para avanzar con la causa, los abogados solicitaron una serie de medidas de prueba. Entre ellas, reclamaron que la Prefectura Naval Argentina y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero entreguen los registros de avistamiento e identificación de los buques involucrados.
También pidieron información sobre cualquier otra embarcación que opere en el Atlántico Sur con licencias británicas o sin autorización de las autoridades argentinas.
A la Dirección General de Aduanas le solicitaron que informe si las compañías declararon exportaciones o abonaron aranceles por las capturas realizadas en la zona.
La presentación también requirió que la Inspección General de Justicia determine si las empresas denunciadas cuentan con filiales, bienes, vínculos comerciales u otros activos dentro del territorio continental argentino.
También se investigarán posibles omisiones oficiales
El escrito no se limitó a las compañías pesqueras. Los denunciantes solicitaron investigar si autoridades nacionales incumplieron sus deberes al omitir tareas de vigilancia, patrullaje o persecución de las operaciones señaladas.
También pretenden determinar si el Estado promovió acciones para cobrar los derechos aduaneros y las multas que eventualmente correspondieran.
La presentación se conoció en medio del endurecimiento de la estrategia argentina contra las empresas que explotan recursos naturales en Malvinas con autorización británica.
En el Juzgado Federal N.º 12 de Comodoro Py tramitan paralelamente las denuncias presentadas por la Cancillería contra compañías vinculadas con proyectos hidrocarburíferos. Esas actuaciones alcanzan a 27 empresarios, ejecutivos y directivos relacionados con petroleras que operan en la cuenca norte del archipiélago.
La nueva causa traslada esa ofensiva al negocio pesquero, una de las principales fuentes de ingresos de la administración británica en las islas y un sector estratégico para el control económico del Atlántico Sur.
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