Antes del veredicto por Sueños Compartidos, Schoklender trató de loca a Cristina Kirchner
El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo defendió el programa de viviendas sociales y lanzó una ironía contra la expresidenta durante sus últimas palabras. La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de $206 millones.
A pocos días de conocer el veredicto por la causa Sueños Compartidos, Sergio Schoklender utilizó sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal N.º 5 para defender el programa de viviendas sociales y lanzar una dura referencia contra Cristina Kirchner.
“No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver”, expresó el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo frente a los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.
La frase aludió a las declaraciones realizadas por la expresidenta durante el juicio por la causa Vialidad, en el que recibió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Cristina Kirchner no se encuentra entre los nueve acusados en el expediente Sueños Compartidos. Su nombre apareció en la audiencia exclusivamente por la referencia realizada por Schoklender.
Schoklender defendió el programa investigado
Durante su breve intervención, Schoklender agradeció el trabajo de sus abogados y aseguró que, independientemente del resultado del juicio, durante el debate quedó demostrado el valor que tuvo el programa para miles de familias.
También calificó la iniciativa de obra pública como “intachable” y sostuvo que permitió mejorar las condiciones de vida de personas que recibieron viviendas construidas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La acusación presentó una interpretación completamente diferente. Según la Fiscalía, detrás del programa funcionó una maniobra destinada a desviar parte de los fondos transferidos por el Estado nacional para construir viviendas sociales.
Entre 2008 y 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Fundación recibió cerca de $900 millones. Los investigadores sostienen que aproximadamente $206 millones, calculados a valores de aquella época, habrían sido apartados de su destino original.
Parte de ese dinero habría terminado en sociedades vinculadas con Sergio y Pablo Schoklender, quienes se desempeñaban como apoderados de la Fundación y administraban el programa.
De Vido y José López decidieron no hablar
Además de los hermanos Schoklender, están acusados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario Abel Fatala.
Durante la audiencia del viernes, De Vido, López, Pablo Schoklender y Fatala optaron por no hacer uso de su derecho a pronunciar unas últimas palabras antes de la sentencia.
De Vido participó desde el lugar donde cumple prisión domiciliaria, mientras que López siguió la audiencia desde la cárcel federal de Ezeiza.
Para este lunes quedaron pendientes las intervenciones del expresidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, la exfuncionaria provincial Silvia Nasif y los exintegrantes del Ministerio de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.
Después de escucharlos, el tribunal deberá informar el horario en el que dará a conocer su decisión.
La Fiscalía pidió condenas de hasta seis años
El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera solicitaron que los nueve imputados sean condenados por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
Para Sergio y Pablo Schoklender, Julio De Vido, José López y Abel Fatala reclamaron seis años de prisión. También solicitaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en los casos correspondientes.
Para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, considerados partícipes necesarios de las presuntas maniobras, pidieron penas de cuatro años de cárcel.
Los acusadores reclamaron, además, el decomiso de bienes por un valor equivalente a los $206 millones supuestamente desviados. La cifra debería actualizarse por inflación cuando una eventual condena quede firme.
La Fiscalía propuso que el dinero recuperado sea destinado a nuevos programas de viviendas sociales.
Las defensas rechazaron las acusaciones, reclamaron la absolución de sus representados y sostuvieron que no se probó la existencia de una administración fraudulenta.
Un fallo atravesado por la discusión sobre la prescripción
El veredicto estaba inicialmente previsto para el viernes, pero el tribunal decidió postergarlo debido a la cantidad de documentación que debía analizar. La sentencia quedó programada para este lunes, en medio de una fuerte controversia sobre la posible prescripción del expediente.
Los abogados defensores sostienen que transcurrió el plazo máximo correspondiente al delito investigado. Para fundamentar el planteo, toman como último acto interruptivo la citación a juicio realizada el 8 de julio de 2020.
La Fiscalía rechaza esa interpretación y afirma que debe considerarse una nueva citación efectuada el 15 de septiembre de 2020, después de una serie de planteos realizados por las propias defensas durante la pandemia.
De acuerdo con ese criterio, el plazo vencería un día después de la fecha fijada para el veredicto. El Ministerio Público también sostiene que deben contemplarse las reglas aplicables cuando entre los acusados existen funcionarios públicos.
La discusión sobre la prescripción agregó tensión al cierre de un proceso oral que se extendió durante seis meses y que busca establecer responsabilidades por uno de los mayores escándalos relacionados con el manejo de fondos destinados a viviendas sociales.
Este lunes, después de las últimas intervenciones pendientes, el Tribunal Oral Federal N.º 5 deberá resolver si condena o absuelve a los nueve acusados. El fallo también determinará si el planteo de prescripción puede clausurar una causa iniciada hace más de quince años.
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