Javkin quiere regular Uber, crear una tasa y prohibir Uber Moto: La Libertad Avanza anticipó que no acompañará el proyecto
El bloque libertario cuestionó la iniciativa enviada por el intendente porque contempla una tarifa mínima, habilita una nueva tasa sobre la actividad, exige licencia profesional D1 y deja afuera a los viajes en moto. “Queremos habilitar, no regular de más”, señalaron. También acusaron al Ejecutivo de intentar reemplazar con otra vía recaudatoria los ingresos que hoy obtiene mediante multas.
La discusión por la legalización de Uber, DiDi y otras aplicaciones de movilidad en Rosario entró en una etapa decisiva y La Libertad Avanza anticipó que, en las condiciones actuales, no acompañará el proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin.
El bloque libertario cuestionó cuatro puntos centrales de la iniciativa municipal: la posibilidad de crear una nueva tasa específica, la imposición de una tarifa mínima, la exigencia de licencia profesional D1 y la exclusión de Uber Moto y otros servicios de transporte mediante motocicletas.
Para los concejales de LLA, el Municipio pretende presentar como modernización un esquema que, en los hechos, trasladaría parte de las viejas regulaciones del sistema de taxis y remises hacia las plataformas digitales.
“Esto va a encarecer los viajes y perjudicar a usuarios y conductores”, advirtieron desde el bloque.
De las multas a una nueva tasa
Uno de los principales cuestionamientos libertarios apunta al componente recaudatorio del proyecto de Javkin.
Según los números manejados por el bloque, la Municipalidad recauda actualmente alrededor de $4.500 millones por año mediante multas vinculadas con conductores de aplicaciones. Para LLA, en lugar de eliminar definitivamente esa lógica persecutoria y habilitar la actividad con reglas simples, el Ejecutivo estaría buscando reemplazar esos ingresos mediante una nueva tasa.
“No se trata de simplificar, sino de encontrar otra forma de recaudar”, señalaron.
El planteo adquiere especial relevancia porque durante años los choferes de plataformas fueron objeto de controles, sanciones y remisiones de vehículos mientras las aplicaciones continuaban creciendo entre los usuarios rosarinos. Ahora que el Ejecutivo decidió avanzar con una legalización, los libertarios rechazan que ese cambio termine acompañado por una nueva carga económica.
La posición del bloque es que el Municipio debe habilitar la actividad, establecer condiciones básicas de seguridad y dejar que sean conductores, pasajeros y plataformas quienes definan el funcionamiento económico del servicio.
La tarifa mínima, otro punto de choque
El proyecto de Javkin también establece una tarifa mínima para los viajes realizados mediante aplicaciones.
La Libertad Avanza rechaza de plano ese mecanismo porque considera que rompe uno de los elementos centrales que explican el funcionamiento de las plataformas: la formación dinámica de precios a partir de la oferta y la demanda.
Para el bloque, establecer desde el Estado cuánto puede costar como mínimo un viaje implica intervenir artificialmente en una relación entre privados y puede terminar perjudicando especialmente al pasajero.
“Nuestra posición es clara: queremos habilitar, no regular de más”, remarcaron.
El concejal libertario Enriquez sostuvo que los rosarinos deben poder elegir libremente cómo trasladarse y los conductores decidir bajo qué plataforma trabajar, “sin que el Estado distorsione el sistema con nuevas tasas, burocracia y controles innecesarios”.
Javkin deja afuera a Uber Moto
La exclusión de las motocicletas promete convertirse en otro de los grandes focos de conflicto.
El proyecto del intendente no contempla Uber Moto ni otras modalidades equivalentes, por lo que quienes actualmente generan ingresos transportando pasajeros mediante motocicletas continuarían sin poder desarrollar legalmente esa actividad bajo el nuevo régimen.
Para La Libertad Avanza, esa decisión contradice cualquier pretensión de presentar la ordenanza como una verdadera modernización.
“No hay modernización si se deja gente sin trabajo. Queremos habilitar las aplicaciones y permitir que jóvenes y conductores de motos puedan trabajar legalmente, sin que el Municipio los persiga”, plantearon desde el bloque.
Los libertarios consideran que, si una plataforma dispone de mecanismos para vincular voluntariamente a un pasajero con un conductor y existen condiciones razonables de seguridad, el Municipio no debería prohibir esa alternativa simplemente porque utiliza una motocicleta en lugar de un automóvil.
La licencia D1 también dejaría afuera a jóvenes de entre 18 y 20 años
Otro requisito cuestionado es la obligatoriedad de contar con licencia profesional D1.
En Rosario, esa categoría exige tener al menos 21 años, lo que impediría que jóvenes de entre 18 y 20 años puedan trabajar legalmente como conductores de aplicaciones aunque tengan edad suficiente para conducir y cumplan con los demás requisitos generales.
Para LLA, se trata de otra barrera innecesaria de entrada al mercado laboral.
El planteo libertario vuelve a ser el mismo: exigir condiciones vinculadas con la seguridad vial, documentación, seguro y estado del vehículo, pero evitar requisitos administrativos que terminen expulsando a personas que buscan generar ingresos.
Aleart recordó que LLA ya presentó su propia ordenanza
El bloque también rechazó la idea de que su postura consista simplemente en oponerse al proyecto oficialista.
La Libertad Avanza recordó que en febrero presentó una propuesta propia para establecer un nuevo régimen de aplicaciones de movilidad en Rosario.
Ese proyecto contempla la habilitación de las plataformas, incorpora los viajes en motocicleta, garantiza libertad tarifaria, simplifica requisitos administrativos y establece condiciones de seguridad sin crear una tasa específica sobre la actividad.
“Nosotros no nos quedamos en la crítica. Presentamos una propuesta concreta. Si nos tocara gobernar Rosario, haríamos exactamente lo que estamos planteando hoy: una normativa moderna, sencilla, que facilite el trabajo, promueva la competencia y permita que cada vecino elija libremente cómo trasladarse”, sostuvo el concejal Juan Pedro Aleart.
La diferencia entre ambas propuestas es conceptual. Mientras el Ejecutivo busca integrar las aplicaciones dentro de un marco regulatorio más cercano al sistema tradicional, LLA propone reconocer que se trata de una actividad distinta y diseñar una normativa desde cero.
“No es un servicio público, son acuerdos entre privados”
El concejal Franco Volpe fue especialmente crítico con el antecedente de 2023.
Ese año, el Municipio intentó abordar el funcionamiento de las aplicaciones mediante una ordenanza vinculada con taxis y remises. Para La Libertad Avanza, aquella regulación fracasó porque intentó encajar un modelo tecnológico nuevo dentro de reglas pensadas para otro tipo de transporte.
“No podemos pretender resolver el funcionamiento de las aplicaciones de movilidad con las mismas reglas de un sistema tradicional, porque no estamos frente a un servicio público, sino ante una actividad basada en acuerdos entre privados”, sostuvo Volpe.
El concejal insistió en que Rosario necesita una ordenanza específicamente diseñada para las plataformas y no una adaptación de regulaciones anteriores.
“No se trata de modificar una ordenanza que fracasó para volver a intentar lo mismo, sino de entender la realidad y darle una solución de fondo: habilitar, no regular de más”, afirmó.
LLA acusa a Javkin de querer aprobarlo a las apuradas
El enfrentamiento no se limita al contenido del proyecto. En el bloque libertario también existe malestar por las formas elegidas por el Ejecutivo para intentar conseguir su aprobación.
Los concejales cuestionaron que después de años de conflicto con las aplicaciones ahora el Municipio pretenda cerrar el debate en cuestión de semanas y con escaso margen para introducir modificaciones sustanciales.
“De golpe están desesperados por aprobar un proyecto en 15 días, sin modificaciones y con prepotencia. Si no hay humildad de parte del Ejecutivo, es muy difícil”, advirtieron.
Para La Libertad Avanza, la contradicción política es evidente: después de años de operativos, multas y vehículos enviados al corralón, la administración Javkin finalmente reconoce que las plataformas forman parte de la realidad de Rosario, pero intenta legalizarlas conservando tarifas reguladas, una nueva tasa y restricciones de acceso.
El bloque libertario anticipó que no dará su voto bajo esas condiciones.
La discusión, entonces, ya no pasa por decidir si Uber y las demás aplicaciones deben funcionar en Rosario. Eso, en los hechos, ya ocurre todos los días. La pelea es otra: si la ciudad va a aprovechar la oportunidad para eliminar prohibiciones y habilitar la competencia o si Javkin convertirá la legalización en una nueva estructura de tasas, precios mínimos y restricciones que deje afuera incluso a servicios que presta actualmente la App y a muchos trabajadores sin la posibilidad de seguir ejerciendo la actividad.
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