Se cayó la opereta de Andis: un peritaje de la justicia determinó que los audios de Spagnuolo eran truchos
El análisis técnico atribuido a Gendarmería señala cortes, discontinuidades, indicios de regrabación y problemas en la cadena de custodia. Tampoco pudo confirmar las voces ni descartar el uso de inteligencia artificial. Mientras la Justicia advierte que el informe final sigue pendiente, surge una pregunta para quienes acusaron públicamente al Presidente y a su hermana: ¿qué harán si las grabaciones no pueden sostener aquellas acusaciones?
La controversia por los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, dio un giro significativo este jueves 29 de octubre. Un análisis técnico difundido por el Gobierno reveló indicios compatibles con alteraciones en las grabaciones que fueron utilizadas públicamente para vincular a Karina Milei con un presunto sistema de retornos ilegales.
La información, atribuida a un estudio de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, señala que los archivos presentan discontinuidades abruptas, inconsistencias acústicas y características propias de posibles regrabaciones y utilización de IA.
Además, no fue posible autenticar las grabaciones ni atribuir técnicamente las voces a las personas involucradas.
De las acusaciones públicas a las dudas sobre la prueba
El escándalo comenzó en agosto de 2025, cuando se difundieron grabaciones atribuidas a Spagnuolo en las que una voz describía supuestos pagos ilegales vinculados a la compra de medicamentos y mencionaba a Karina Milei como presunta beneficiaria.
Las grabaciones fueron utilizadas en el debate público para formular graves acusaciones contra la secretaria general de la Presidencia y cuestionar políticamente al presidente Javier Milei.
Sin embargo, Karina Milei nunca fue imputada en la causa.
Ahora, los problemas técnicos detectados en los archivos plantean interrogantes sobre el origen y la integridad del material que desencadenó el escándalo mediático.
¿Quién responderá por las acusaciones contra los Milei?
El nuevo escenario obliga a distinguir entre una denuncia que merece ser investigada y una acusación pública presentada como una verdad demostrada.
Si los audios no pueden ser autenticados, quienes los utilizaron para responsabilizar públicamente a Javier o Karina Milei deberían revisar el fundamento de sus afirmaciones.
La pregunta es inevitable: ¿pedirán disculpas quienes dieron por acreditadas acusaciones que las grabaciones, hasta ahora, no permiten comprobar?
También corresponde determinar quién obtuvo los archivos, cómo fueron procesados y si existieron modificaciones antes de su difusión.
Carnaval Stream, Jorge Rial y Mauro Federico: los protagonistas de la difusión
Los audios atribuidos a Diego Spagnuolo fueron difundidos originalmente en agosto de 2025 a través de Data Clave, el programa conducido por Mauro Federico en Carnaval Stream. Posteriormente, Jorge Rial amplificó las grabaciones desde su programa Argenzuela, en C5N, y el contenido se extendió rápidamente a numerosos medios de comunicación. A partir de esas publicaciones se multiplicaron las acusaciones contra Karina Milei y los cuestionamientos al presidente Javier Milei. Ahora que el análisis técnico plantea serias dudas sobre la autenticidad e integridad de las grabaciones, surge una pregunta inevitable: ¿Mauro Federico, Jorge Rial y los medios que presentaron estas acusaciones como ciertas darán las explicaciones correspondientes y pedirán disculpas si finalmente se demuestra que el material fue manipulado? La difusión de los audios no demuestra que los periodistas conocieran una eventual alteración, pero tampoco los exime de la responsabilidad de verificar la información y rectificar cualquier afirmación que resulte falsa.
La investigación judicial continúa
La imposibilidad de autenticar las grabaciones no supone que haya quedado demostrada la inexistencia de irregularidades en ANDIS.
La causa, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, continúa sobre la base de otros elementos probatorios, incluidos mensajes y documentación vinculados con las compras de medicamentos. El fiscal no utilizó los audios cuestionados como fundamento de los procesamientos.
Por eso, el informe técnico no implica automáticamente la nulidad del expediente ni la absolución de los investigados.
Pero sí deja una cuestión periodística y política fundamental: no se puede convertir una grabación de autenticidad incierta en una condena pública contra personas cuya responsabilidad no ha sido acreditada.
Mientras la Justicia continúa investigando, quienes difundieron y amplificaron aquellas acusaciones enfrentan una exigencia elemental: explicar qué comprobaron antes de presentarlas como ciertas.
Porque acusar públicamente tiene consecuencias. Y si las pruebas no sostienen las acusaciones, la responsabilidad por lo que se dijo no debería desaparecer con el próximo titular.
