Polo de la Niñez: una nueva infraestructura, viejas deudas con los derechos de los niños y sus trabajadores
La inauguración del Polo de la Niñez en Rosario abre un debate que va más allá de la infraestructura: las condiciones laborales de quienes trabajan en el sistema de protección y la situación de los niños y adolescentes alojados en centros residenciales.
El pasado viernes se inauguró en la Ciudad de Rosario el denominado Polo de la Niñez, un edificio de amplias dimensiones, estéticamente atractivo y con espacios que ofrecen mejores condiciones de comodidad y funcionamiento.
Sin dudas, contar con un lugar de trabajo digno es una buena noticia. Sin embargo, detrás de la inauguración existe una realidad que también merece ser visibilizada.
La Dirección Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia funcionaba anteriormente en un pequeño y deteriorado edificio ubicado en Cortada Ricardone 1345, cuyas condiciones edilicias distaban mucho de ser adecuadas para el trabajo que allí se desarrolla.
Como trabajadora de un equipo interdisciplinario, conozco de cerca la responsabilidad que implica intervenir en la vida de niños y adolescentes atravesados por distintas situaciones de vulnerabilidad. Por eso, celebro la existencia de un espacio físico más apropiado, pero también considero necesario preguntarnos: ¿a qué costo y bajo qué condiciones trabajan quienes sostienen diariamente este sistema?
Los salarios de los trabajadores, que en muchos casos no alcanzan el millón de pesos, continúan siendo insuficientes frente a la complejidad de las tareas. A esto se suma la falta de reconocimiento de títulos universitarios, las exigencias permanentes y una presión laboral que dificulta sostener el trabajo cotidiano.
Mientras tanto, según los reclamos de trabajadores del sector, existe una marcada diferencia entre las condiciones salariales y las categorías de los niveles de coordinación y las de quienes integran los equipos interdisciplinarios, que son quienes intervienen directamente en estas situaciones complejas.
Pero la preocupación más profunda está puesta en los niños y adolescentes que se encuentran alojados en centros residenciales dependientes del sistema de Niñez.
Existen cuestionamientos sobre el destino y la administración de los recursos económicos destinados a garantizar sus derechos: partidas presupuestarias, becas, recursos específicos —como los denominados “accionares”— y prestaciones como el Decreto 5 (AUH).
Trabajadores del área denuncian situaciones en las que algunos establecimientos no garantizarían adecuadamente alimentación saludable, vestimenta, calzado, útiles escolares y condiciones habitacionales seguras y dignas.
Es importante aclarar que estas situaciones no necesariamente se presentan en todos los dispositivos residenciales, pero constituyen reclamos que requieren controles, transparencia y respuestas concretas.
En este contexto, surgen preguntas que la gestión provincial encabezada por Maximiliano Pullaro debería responder:
¿Dónde están los controles sobre las condiciones de vida de los niños y adolescentes alojados en los centros residenciales?
¿Qué seguimiento se realiza para garantizar que los procesos de adoptabilidad se concreten cuando corresponda?
¿Qué políticas se implementan para que los adolescentes puedan acceder a equipos de autonomía progresiva y prepararse para una vida independiente de acuerdo con su edad?
¿La prioridad es realmente restituir derechos o solamente controlar el cumplimiento de exigencias administrativas y laborales?
También es necesario aclarar otro aspecto que aparece en el discurso público: el Polo de la Niñez no constituye una institución creada desde cero. El organismo ya existía y atravesó distintas gestiones provinciales, con diferentes problemáticas de organización, funcionamiento y disponibilidad de recursos.
Durante la gestión anterior, encabezada por Omar Perotti, también existían fuertes cuestionamientos internos respecto de la organización y, sobre todo, de la transparencia y el destino final de los recursos disponibles.
Los gobiernos pasan y Niñez no logra ordenarse, transparentar plenamente sus recursos ni restituir en su totalidad los derechos de los niños como debería hacerlo. Al mismo tiempo, el sistema oprime muchas veces al trabajador que pone el cuerpo día a día en la resolución de las medidas de protección excepcional.
Por eso, más allá de la nueva infraestructura, hay una pregunta que sigue vigente y que merece una respuesta concreta: ¿verdaderamente la infancia vulnerada es una prioridad para este gobierno?
