Revés para la denuncia contra Adorni: el fiscal no encontró pruebas de enriquecimiento ilícito
Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener que el exjefe de Gabinete incrementó injustificadamente su patrimonio durante su paso por el Gobierno de Milei. La investigación podría trasladarse al fuero Penal Económico para determinar si hubo irregularidades tributarias anteriores a su llegada a la función pública.
La investigación judicial contra Manuel Adorni dio un giro este viernes después de que el fiscal federal Gerardo Pollicita concluyera que no existen pruebas suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que los elementos reunidos no permiten demostrar que el patrimonio cuestionado se haya originado durante el ejercicio de la función pública. Por ese motivo, solicitó que el expediente deje de tramitar en la Justicia Federal y sea remitido al fuero Nacional en lo Penal Económico para investigar una eventual evasión tributaria.
La presentación quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el planteo de incompetencia y dispone el traslado de la investigación.
La conclusión representa un cambio importante en el expediente, iniciado a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. Sin embargo, no constituye un sobreseimiento ni implica el cierre definitivo de la causa, ya que la Fiscalía considera necesario profundizar otras posibles irregularidades.
La explicación de Adorni sobre sus inversiones en Bitcoin
Uno de los principales elementos analizados fue el origen de los fondos que Adorni utilizó para realizar distintas operaciones inmobiliarias y afrontar gastos personales.
Durante la investigación se identificaron desembolsos por aproximadamente US$402.578, de los cuales más de US$374.000 habrían sido abonados en efectivo. También se detectaron diferencias entre ingresos registrados y gastos realizados durante el período examinado.
Frente a esos cuestionamientos, Adorni explicó que había realizado inversiones en Bitcoin entre 2014 y 2018, varios años antes de incorporarse al Gobierno nacional.
Según su descargo, utilizó ocho direcciones de autocustodia para comprar criptomonedas por aproximadamente US$200.000. Posteriormente habría liquidado esos activos por US$591.544,61, fondos que aseguró haber conservado en efectivo.
La Fiscalía dispuso peritajes sobre las billeteras virtuales mencionadas. Los estudios permitieron confirmar su actividad histórica y que la defensa controlaba las claves al momento de la verificación, aunque no pudieron establecer de manera definitiva quién administraba esas direcciones durante los años investigados.
Pollicita concluyó que esa explicación no pudo ser refutada con las pruebas disponibles. La distinción resulta fundamental porque el delito de enriquecimiento ilícito requiere acreditar un incremento patrimonial apreciable e injustificado vinculado temporalmente con el desempeño de un cargo público.
El fiscal tampoco encontró elementos que permitieran relacionar el dinero cuestionado con actos funcionales, contraprestaciones o fuentes ilícitas asociadas al ejercicio de sus responsabilidades estatales.
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