Irán declaró terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas: la amenaza de un régimen que todavía debe responder por la AMIA
Teherán calificó como organizaciones terroristas a dos fuerzas militares de la Argentina. La ofensiva diplomática del régimen iraní reaviva el recuerdo de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, y expone una contradicción para la izquierda y el kirchnerismo, que deberán explicar cuál es su posición frente a un Estado señalado por los ataques más brutales de la historia argentina.
El régimen extremista de la República Islámica de Irán volvió a cruzar una línea en su enfrentamiento con la Argentina. Este miércoles 11 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní declaró formalmente a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina como organizaciones terroristas, en una represalia directa contra la política de seguridad impulsada por el presidente Javier Milei.
La decisión constituye una nueva escalada diplomática y representa una señal de hostilidad explícita hacia el país. Teherán justificó la medida mediante una legislación de 2019 basada en el principio de reciprocidad, luego de que el Gobierno argentino incorporara al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
En su comunicado, la Cancillería iraní advirtió que el Gobierno argentino será responsable de “todas las consecuencias” derivadas de la decisión. Sin embargo, no precisó cuáles serán las medidas concretas ni anunció acciones militares.
La declaración alcanza a la Armada y a la Fuerza Aérea, mientras que el Ejército Argentino quedó fuera de la clasificación. Se trata de una decisión unilateral de Teherán que no implica un reconocimiento internacional de las fuerzas argentinas como organizaciones terroristas.
Un régimen que todavía debe responder por los atentados en la Argentina
La reacción iraní adquiere una dimensión especialmente grave por los antecedentes que marcaron la relación entre ambos países.
El 17 de marzo de 1992, un atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires dejó 29 muertos y más de 200 heridos. Dos años después, el 18 de julio de 1994, la explosión de una bomba contra la sede de la AMIA provocó 85 fallecidos y centenares de heridos.
Ambos ataques fueron atribuidos por las investigaciones judiciales argentinas a funcionarios iraníes y a Hezbollah, organización respaldada por Teherán. Irán rechazó las acusaciones, pero los reclamos de justicia continúan vigentes y los atentados permanecen entre las heridas más profundas de la historia nacional.
En ese contexto, la decisión de Milei de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria no constituye un gesto aislado ni una mera alineación automática con Washington. Se inscribe en una política que busca reforzar la seguridad nacional, impedir el financiamiento de estructuras terroristas y sostener el reclamo argentino de justicia.
La respuesta de Irán confirma, además, que el régimen no está dispuesto a aceptar pasivamente las decisiones de los países que cuestionan sus estructuras militares y de seguridad.
La izquierda y el kirchnerismo, ante una contradicción política
La declaración iraní abre un interrogante inevitable para la izquierda argentina y el kirchnerismo que respaldan a Iran y al mundo islámico y cuestionan el alineamiento con Occidente
¿Qué dirán ahora frente a un régimen que acaba de calificar como terroristas a dos instituciones fundamentales de la defensa nacional?
La pregunta resulta especialmente relevante para quienes se presentan como defensores de la soberanía argentina, pero mantienen una mirada indulgente frente a gobiernos autoritarios que confrontan con Occidente.
El nacionalismo no puede limitarse a cuestionar a Washington, a Israel o al Gobierno libertario. Defender la soberanía significa también rechazar las amenazas de cualquier potencia extranjera contra la Argentina, independientemente de su orientación ideológica. La defensa de la patria no puede estar condicionada por afinidades políticas, simpatías ideológicas o disputas domésticas.
La Argentina no puede convertirse en rehén de las contradicciones de quienes invocan la soberanía cuando les conviene, pero relativizan las amenazas provenientes de un régimen enfrentado con Occidente.
Traición a la Patria
El último pilar de la política exterior kirchnerista que destruye su propia narrativa de soberanía es el oscuro Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado en enero de 2013. Quebrando una sólida e histórica política de Estado que señalaba con firmeza a los jerarcas iraníes como los autores ideológicos del brutal atentado a la sede de la AMIA en 1994 —el peor ataque terrorista perpetrado en suelo argentino—, el gobierno de Cristina Kirchner decidió sellar un entendimiento político con el principal Estado patrocinador del terrorismo global.
Ochenta y cinco compatriotas fueron masacrados en aquel atentado, dejando cientos de heridos y una herida abierta en la sociedad argentina. Sin embargo, para la administración kirchnerista, la sangre derramada y el clamor de justicia de los familiares pasaron a un segundo plano ante la oportunidad de forjar alianzas geopolíticas y habilitar oscuras negociaciones de índole comercial y estratégica con el régimen islámico de Teherán. Este acuerdo binacional, cínicamente disfrazado bajo la figura de una supuesta «Comisión de la Verdad», no fue otra cosa que un andamiaje diplomático diseñado para garantizar la impunidad de los altos funcionarios iraníes prófugos de la justicia, facilitando un intento por dar de baja las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre ellos.
La gravedad institucional de este pacto, que subyugó la justicia argentina a los intereses de una teocracia extranjera, quedó expuesta en su dimensión más oscura por el fiscal Alberto Nisman. Tras años de liderar la unidad especial de investigación, Nisman denunció formalmente a la entonces presidente Cristina Kirchner y a sus funcionarios más cercanos por los delitos de encubrimiento agravado y traición a la patria. La acusación era lapidaria: el gobierno argentino había orquestado un plan criminal para fabricar la inocencia de los terroristas iraníes, a cambio de reactivar las relaciones comerciales y sellar acuerdos de intercambio de granos por petróleo.
El desenlace de esta valiente denuncia enlutó definitivamente a la República: el 18 de enero de 2015, cuatro días después de presentar su acusación formal y apenas horas antes de exponer las pruebas probatorias ante el Congreso de la Nación, el fiscal Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.
Milei profundiza el alineamiento con Occidente
La decisión iraní también se produce en medio del acercamiento estratégico de Milei a Estados Unidos e Israel. El Presidente ha convertido la lucha contra el terrorismo internacional y la defensa de los valores occidentales en pilares de su política exterior.
El 31 de marzo de 2026, la Argentina incorporó a la Guardia Revolucionaria Islámica al RePET, habilitando restricciones financieras y operativas dentro del país. La medida se fundamentó en antecedentes judiciales relacionados con los atentados de 1992 y 1994.
Para el Gobierno, el objetivo es impedir que estructuras vinculadas con el terrorismo puedan operar libremente dentro del sistema financiero argentino. Para Teherán, en cambio, la decisión representa una acción hostil contra una institución oficial de sus Fuerzas Armadas.
La respuesta iraní también tiene un antecedente cercano: el 1 de noviembre, el régimen había declarado organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Fuerza Aérea británicas, además de calificar como hostil al servicio de inteligencia exterior MI6.
La Argentina tiene una historia marcada por el terrorismo internacional y no puede permitirse relativizar sus consecuencias. Las víctimas de la Embajada de Israel y de la AMIA merecen justicia, memoria y una política exterior que no conceda legitimidad política a quienes fueron los responsables de esos ataques.
