El ocaso del monopolio estatal: El mercado empuja a Rosario a analizar legalización de Uber
Durante años, los municipios como el de Rosario lucraron vendiendo “chapas” a los taxistas, en un modelo de concesión monopólica que limitó la competencia, elevó los precios y castigó a los usuarios. El negocio era simple: el Estado otorgaba licencias, cobraba tasas, y restringía el ingreso de nuevos oferentes. A cambio, prometía un mercado protegido frente a cualquier competencia, incluso frente al avance inevitable de la tecnología. Pero esa burbuja explotó.
Hoy, el municipio rosarino anuncia que busca “legalizar Uber” y, como gesto, elimina algunas tasas municipales a los taxis. Pero esta medida llega tarde. La realidad se impuso sobre la planificación: los usuarios ya eligen aplicaciones móviles por precio, eficiencia y libertad. La tecnología barrió con la fatal arrogancia estatista que creyó poder frenar el mercado con ordenanzas.
El problema, sin embargo, no es Uber. El problema es el Estado.
El municipio vendió durante décadas un «derecho exclusivo» que nunca debió existir. En lugar de dejar que el mercado determine quién presta servicios y cómo, creó una ficción regulatoria que benefició a unos pocos a costa de muchos.
En esta decadencia del viejo modelo de transporte, los sindicatos del taxi tienen una cuota central de responsabilidad. Durante décadas creyeron que nunca tendrían que competir, amparados en su connivencia con el Estado y sostenidos por un sistema de licencias que funcionó como un feudo moderno. Nunca les importó lo que pedía el cliente: ni poder calificar al chofer, ni elegir el vehículo, ni tener tarifas dinámicas según la demanda. Reaccionaron como auténticas mafias: golpeando a colegas que decidían sumarse a Uber, intimidando a pasajeros, y hasta obligando a la gente a subirse a los autos que ellos indicaban, como son los conocidos casos en todas las terminales de colectivos del país negando el derecho elemental a elegir. Todo esto fue protegido por un sindicalismo vetusto, paralizado ante los procesos de cambio, incapaz de entender que el mercado no es otra cosa que la suma de millones de decisiones individuales. Y esas decisiones —libres, cotidianas, irreversibles— hoy están enterrando su modelo.
Incluso muchos taxistas —y posiblemente ya la mayoría— han optado por sumarse a la plataforma Uber, entendiendo que resistirse al cambio es inútil cuando la decisión ya fue tomada por la verdadera fuerza que manda: el mercado, es decir, la libre elección de la gente. Ese paso arrollador, imposible de detener por regulaciones ni lobbies, refleja la democracia más pura y espontánea que existe: la que se ejerce cada vez que un ciudadano elige cómo moverse, a quién pagarle y en qué condiciones.
Ahora, enfrentado al avance imparable de la competencia digital, el mismo Estado que creó el monopolio no sabe cómo salir del laberinto. Y mientras los usuarios celebran la diversidad de opciones, los taxistas –engañados por años con promesas de protección– ven desplomarse el valor de sus licencias, algunas adquiridas a precios exorbitantes.
¿No debería el municipio indemnizar a quienes le compraron un monopolio que hoy no puede sostener?
En un verdadero Estado de derecho, si el gobierno otorga un beneficio a cambio de dinero y luego lo revoca, o en este caso, es incompetente para mantener el acuerdo, debe hacerse cargo de las consecuencias. Así como los gobiernos deben pagar cuando expropian propiedades, también deberían responder cuando destruyen artificialmente el valor de un activo que ellos mismos vendieron.
La única solución auténticamente justa no es más intervención, ni más subsidios, ni más parches. Es la desregulación total del transporte: que cualquier persona pueda ofrecer servicios de traslado si hay demanda, sin necesidad de permisos, tasas ni favores políticos. Que sea el usuario, y no el burócrata, quien decida qué servicio vale la pena pagar.
Mientras tanto, los intendentes se ven atrapados entre el mercado que avanza y las promesas que no pueden cumplir. Así se derrumba otro mito del estatismo: que el control político garantiza orden. Al contrario, lo único que garantiza la libertad es el respeto irrestricto a la propiedad privada y la libre competencia.
