El Gobierno inicia la privatización de AySA: fin de una caja negra de corrupción y privilegios
Sobreprecios, monopolios amigos y un déficit financiado con emisión: el verdadero rostro de la empresa estatal.
El Gobierno nacional anunció oficialmente el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que abastece de agua y cloacas a millones de bonaerenses y que, durante años, funcionó más como una caja política que como un servicio esencial.
La decisión busca eliminar subsidios millonarios, atraer inversión privada y acabar con un déficit crónico que se financiaba con emisión monetaria, una práctica que empujaba la inflación y hacía que argentinos de todo el país pagaran, con sus impuestos, un servicio ineficiente y capturado por la política del conurbano bonaerense.
AySA, sinónimo de corrupción y privilegios
La historia reciente de AySA está marcada por casos que revelan cómo las empresas estatales se convierten en cajas negras al servicio de la política.
1. Los sobreprecios en la era Galmarini
Durante la presidencia de Malena Galmarini (esposa de Sergio Massa), la empresa adquirió 613 camionetas Renault Kangoo y camiones eléctricos con sobreprecios escandalosos. Según la Justicia, se pagaron alrededor de 42 mil dólares por unidad, cuando su precio de mercado rondaba los 14 mil.
El argumento oficial fue que los vehículos estaban “equipados especialmente”, pero el dato duro es que el pliego inicial fijaba un tope de 25 millones de dólares y se terminó pagando mucho más, lo que desató una investigación judicial por fraude al Estado.
2. El monopolio del “Rey del Cloro”
Otro símbolo de la corrupción fue el contrato con Mauricio Filiberti, conocido como el “Rey del Cloro”, dueño de Transclor. Su empresa se convirtió en proveedora casi exclusiva de insumos para potabilizar agua, gracias a licitaciones “a medida” que restringían la competencia.
Filiberti no solo acumuló contratos millonarios, sino que mantiene vínculos personales y políticos con Sergio Massa y Malena Galmarini, lo que explica, en parte, su posición privilegiada durante la gestión kirchnerista.
Déficit crónico y emisión: la estafa silenciosa
AySA fue una máquina de gastar. Los déficits crecientes se cubrían con emisión monetaria, lo que no solo alimentaba la inflación, sino que trasladaba el costo del derroche a todos los argentinos, incluso a quienes no reciben el servicio.
Lejos de ser un problema de ineficiencia técnica, fue una estrategia política deliberada: cuanto mayor el déficit, más excusas para aumentar los fondos destinados a contratos, subsidios y publicidad, sosteniendo la misma política que hundió al país en el gasto y la corrupción.
Un cambio de rumbo: privatización y control regulatorio
El Gobierno propone una licitación internacional que entregará la operación y mantenimiento a empresas privadas, mientras el Estado solo regulará tarifas y calidad. La concesionaria deberá invertir en modernización y expansión, algo que AySA nunca hizo de forma eficiente.
“No es justo que un argentino de Mendoza o Salta financie con sus impuestos el agua de Buenos Aires”, sostuvieron fuentes oficiales.
La medida ya enfrenta resistencia de sindicatos y opositores, pero el argumento oficial es claro: o seguimos pagando una caja política corrupta o avanzamos hacia un sistema competitivo que brinde un servicio eficiente sin saquear a los contribuyentes.
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