Una corte de EE.UU. suspende por ahora el embargo de las acciones de YPF
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió el embargo de las acciones de YPF dispuesto por la jueza Loretta Preska. La Argentina evita, por ahora, la entrega del 51% de la petrolera, pero sigue bajo una condena récord de US$ 16.100 millones más intereses diarios de US$ 2 millones, fruto de la estatización kirchnerista de 2012 y su incumplimiento contractual.
El caso YPF volvió a ganar titulares este viernes, cuando la Corte de Apelaciones de Nueva York decidió mantener en suspenso el embargo sobre el 51% de las acciones de la petrolera, actualmente en manos del Estado argentino. El fallo congela la ejecución de la orden que en junio había dictado la jueza Loretta Preska, quien había dispuesto que esa participación accionaria se utilice como forma de pago de la histórica condena.
La defensa argentina logró que el tribunal superior mantenga vigente la cautelar presentada en julio, lo que le da margen para apelar la sentencia y evitar, al menos por ahora, la pérdida de control sobre la compañía.
La condena, confirmada en septiembre de 2023, asciende a US$ 16.100 millones, a los que se suman intereses diarios superiores a los US$ 2 millones. No se trata de un juicio sobre el derecho a expropiar, sino sobre el incumplimiento del estatuto de YPF, que obliga a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) cuando un accionista toma control mayoritario. La Argentina, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ignoró esa cláusula en 2012, durante la estatización que entonces fue presentada como un acto de “recuperación de la soberanía energética” pero que terminó siendo uno de los costos judiciales más altos de la historia del país.
El principal beneficiario del fallo es Burford Capital, un fondo especializado en comprar derechos de litigio. En 2015 adquirió las demandas de Petersen Energía y Eton Park —ex accionistas de YPF— y, desde entonces, ha litigado contra el Estado argentino.
La suspensión del embargo es apenas un alivio momentáneo. Si la Argentina pierde la apelación, el país deberá afrontar una deuda que, por su magnitud, supera ampliamente las reservas netas del Banco Central y se suma a la larga lista de pasivos heredados de políticas populistas.
La factura del populismo de izquierda
Lo que está en juego en este caso no es solo el control de YPF, sino el costo acumulado de décadas de estatismo irresponsable. La expropiación de 2012 fue presentada como una gesta patriótica, pero ignoró contratos y reglas básicas de mercado, generando un juicio internacional cuyo resultado hoy nos asfixia.
En un país con respeto por la propiedad privada y las instituciones, una operación de esta magnitud habría seguido los procedimientos establecidos. Pero el kirchnerismo eligió el atajo de la confiscación, convencido de que la ideología podía torcer la legalidad.
Ahora, los mismos que festejaron la estatización hablan de “ataque judicial extranjero” y “fondos buitres”, cuando en realidad se trata de cobrar por lo que el Estado argentino incumplió. La lección es clara: romper las reglas del juego tiene un precio, y lo pagan los contribuyentes.
Mientras tanto, YPF sigue siendo una empresa semiestatal con problemas financieros crónicos, sin que el control estatal haya significado una mejora sustancial en su eficiencia ni en su aporte energético. Un monumento al mito del “Estado empresario” que termina generando pérdidas, juicios y más deuda para los argentinos.
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