Juez absuelve a depravado sexual por motivos «políticos» según su resolución
Calmavonici pertenece a una agrupación de ddhh con afinidad a movimientos de izquierda que promueven la homosexualidad y pedofilia.
El magistrado que pertenece a organizaciones ideológicas permitió el triunfo del relato sobre la verdad, dejando a Yasmíin sola frente a su agresor.
La reciente absolución en el caso que enfrentaba a Yasmín con su agresor Cristian Godoy marcó un punto de quiebre en la credibilidad del Poder Judicial argentino. No solo por el veredicto en sí, sino por la evidencia de que quienes debían impartir justicia actuaron guiados por afinidades ideológicas antes que por los hechos del expediente. El episodio deja en claro que la Justicia, la que debería ser ciega e imparcial, quedó atrapada en el mismo entramado político que tantas veces dice denunciar.
DIEGO CALMAVONICI Y SU VÍNCULO CON ORGANIZACIONES IDEOLÓGICAS
Uno de los elementos más graves –y más silenciados– es el rol del propio Calmovicini, quien no solo permitió, sino que avaló explícitamente la participación de organizaciones de derechos humanos y agrupaciones militantes dentro del proceso judicial. Estas entidades, alineadas ideológicamente con el acusado, ingresaron al expediente de forma directa pese a la oposición fiscal, desbalanceando por completo el ambiente procesal.
Pero lo más escandaloso es que el propio Diego Calmavonici forma parte de una de estas organizaciones. Esa doble condición –árbitro y militante al mismo tiempo– pulveriza cualquier presunción de imparcialidad. ¿Cómo puede un juez actuar objetivamente cuando las mismas agrupaciones que él integra defienden públicamente al imputado? La respuesta quedó estampada en una absolución que no hace más que confirmar ese conflicto de interés.
YASMÍN ABANDONADA FRENTE A UNA MULTITUD MILITANTE
Mientras el agresor solicitaba y obtenía, gracias al aval del magistrado, 15 lugares para activistas que lo defendieran dentro del juzgado, Yasmin no pudo obtener siquiera una silla para su propia madre. La escena es digna de un país donde la justicia está secuestrada por la política: una víctima sola, asustada, rodeada de militantes que no buscaban la verdad, sino imponer un relato.
La situación no terminó allí. Afuera del tribunal, más activistas convocados por el imputado celebraban, cantaban y hostigaban, dejando claro que su presencia no era casual, sino una puesta en escena para intimidar a quien se animó a denunciar. Y todo esto fue posible porque el Diego Calmavonici permitió que esas mismas organizaciones influyeran dentro y fuera del proceso judicial.
LA JUSTICIA QUE SE QUITA LA VENDA
En la Argentina liberal que muchos buscan construir, no hay espacio para una justicia capturada. La imparcialidad no es negociable. Cuando quienes deben aplicar la ley se colocan del lado del victimario solo porque pertenece al colectivo “correcto”, estamos ante una involución institucional peligrosa.
Este caso demuestra que existe un sector del Poder Judicial dispuesto a sacrificar a víctimas reales para proteger identidades políticas. Que la militancia sirva como escudo contra la ley es inadmisible. La absolución dictada por el Diego Calmavonici no es justicia: es un acto de militancia judicial disfrazado de sentencia.
La libertad, la república y el Estado de Derecho exigen que todos –absolutamente todos– respondan por sus actos. Nada puede justificar que la víctima sea abandonada y el Cristian Godoy premiado. Ninguna bandera, ninguna identidad, ninguna agrupación militante tiene derecho a ubicarse por encima de la ley.
— Ecus
La libertad no se mendiga, se ejerce
