El gobierno de Milei desregula la ganadería y moderniza el Senasa
Milei derogó normas ganaderas de 1968 y avanzó con la desregulación del SENASA. Menos papeles, menos Estado y más libertad para producir.
Derogan regulaciones vigentes desde 1968 y avanzan en una reforma profunda para liberar la producción agropecuaria
El Gobierno nacional dio un nuevo paso decisivo en su política de desregulación y modernización del Estado. A través de la Resolución 62/2026 del SENASA, publicada en el Boletín Oficial, se derogaron capítulos clave del histórico Decreto 4238/68, una norma heredada de la época de Juan Carlos Onganía que aún regía aspectos centrales de la producción de alimentos de origen animal.
La medida fue celebrada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien remarcó que la ganadería argentina vive un momento excepcional, pero seguía atada a regulaciones obsoletas, pesadas y anacrónicas, casi seis décadas después de su sanción.
Qué se deroga, por qué y qué cambia con la Resolución 62/2026 del SENASA
La Resolución 62/2026 del SENASA deroga dos capítulos específicos del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado originalmente en 1968 por el Decreto 4238/68. Se trata de una norma redactada hace casi 60 años, en un contexto productivo, tecnológico y comercial completamente distinto al actual.
Qué capítulos se eliminan
Capítulo XXIX – “Del asesoramiento”
Este capítulo obligaba al Estado a difundir las condiciones normativas mediante folletos, opúsculos impresos y material físico, un esquema propio de otra época.
Por qué se deroga:
- Está totalmente obsoleto frente al uso actual de plataformas digitales oficiales.
- Generaba rigidez burocrática innecesaria.
- No aportaba control sanitario real, solo carga administrativa.
Qué cambia:
- El SENASA sigue informando y fiscalizando, pero lo hace con herramientas modernas, actualizables en tiempo real.
- Menos trámites inútiles, más eficiencia estatal.
Capítulo XXXIII – “De los productos provenientes de la agricultura familiar”
Este capítulo creaba un régimen especial y diferenciado para productos de origen animal elaborados por la agricultura familiar.
Por qué se deroga:
- El régimen había quedado desactualizado y mal adaptado a la realidad productiva actual.
- Generaba confusión normativa, superposiciones y criterios poco claros.
- No reflejaba los avances tecnológicos ni sanitarios alcanzados en las últimas décadas.
Qué cambia:
- Se unifican los criterios sanitarios: todos los productores quedan bajo un marco general común.
- Se elimina un esquema rígido que no ayudaba ni al control ni al desarrollo productivo.
- La responsabilidad sanitaria sigue vigente: no se relajan controles, se ordenan.
Lo que NO cambia (y el Gobierno aclara)
- No se eliminan controles sanitarios.
- No se desprotege al consumidor.
- No se libera la producción sin reglas.
- Los productores siguen siendo responsables por la sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos.
- El SENASA mantiene todas sus facultades de fiscalización.
- Se aplica la ley general, sin regímenes arcaicos ni excepciones mal diseñadas.
Menos trabas, más producción
Desde el Ejecutivo destacaron que la derogación no implica un retroceso sanitario ni una pérdida de controles, sino todo lo contrario: se unifican criterios, se elimina burocracia innecesaria y se mantiene la responsabilidad primaria de los productores sobre la sanidad e inocuidad de los alimentos, tal como lo establecen las leyes vigentes.
La medida se enmarca en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que promueve un Estado más ágil, eficiente y enfocado en controlar lo esencial, sin ahogar al sector productivo con regulaciones inútiles.
Con esta decisión, el Gobierno envía una señal política clara: se terminó la Argentina de las normas vetustas y los privilegios regulatorios. La desregulación no es abandono del control, sino confianza en los productores, simplificación administrativa y apuesta al crecimiento.
La derogación de estos capítulos es apenas el primer paso de una reforma integral del régimen sanitario de productos de origen animal, que continuará avanzando hacia un marco normativo más liviano, moderno y acorde al siglo XXI.
