La vergüenza de los medios santafesinos que se corrompieron para convertirse en agencias propagandísticas del poder
La protesta policial que estalló tras la represión a efectivos y familiares expuso no sólo la crisis de seguridad: qutió el velo y nos mostró que los medios de comunicación grandes, medianos y chicos dejaron de informar para convertirse en agencias de propaganda del poder político de turno.
Durante días, el reclamo policial en Rosario y en buena parte de la provincia creció por debajo del radar informativo. No por falta de señales: el malestar venía acumulándose, con denuncias por condiciones de trabajo, salarios licuados y episodios de salud mental que terminaron en tragedia. De hecho, en las últimas semanas el conflicto ya había quedado expuesto públicamente por el impacto del suicidio de un agente y el intento oficial de “descomprimir” el clima interno.
Pero lo grotesco llegó el lunes por la noche (9 de febrero), cuando la protesta frente a la Jefatura en la zona sur rosarina derivó en un episodio tan inédito como intolerable: policías reprimiendo a policías y a sus familiares para liberar el ingreso y desalojar el corte. La concentración, que incluyó “sirenazo”, quema de cubiertas y tensión creciente en la puerta del edificio, escaló con un operativo que terminó con denuncias de heridos y uso de gas pimienta.
Ese punto de quiebre —la represión contra los propios— no sólo encendió la indignación dentro de la fuerza. También dejó al desnudo algo que en El Liberador venimos señalando hace tiempo: la degradación del periodismo local cuando se acostumbra a vivir de la pauta oficial.
La noche que se viralizó “por abajo”
Mientras los videos circulaban en grupos internos, WhatsApp y redes, el tema se instaló con fuerza dentro de la policía. Las crónicas de El Liberador e influencers independientes describieron el corazón del episodio: la protesta frente a la Jefatura ubicada sobre Ovidio Lagos al 5200, el intento de desalojo y el clima de enfrentamiento entre efectivos.
A partir de ahí, la crisis se expandió: acuartelamientos y concentraciones en distintos puntos de la provincia, con patrulleros y personal fuera de guardia visibilizando el reclamo.
Y, sin embargo, la sensación dominante en la calle —y en la fuerza— fue otra: que el relato público llegó tarde. Que durante las horas calientes, cuando se definía si el conflicto se apagaba o se multiplicaba, la información circuló más por canales informales que por las pantallas y portales que presumen “cobertura total”.
Hasta que el conflicto ya era imposible de disimular (y antes de que apareciera el “parte” político con su encuadre), las portadas seguían como si en la provincia no hubiera una crisis de seguridad en ebullición:
AIRE Digital abría con “Santa Fe en alerta por el juego compulsivo: ‘El celular hace que la apuesta sea inmediata’”;
La Capital encabezaba con “La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente” y que el pollo subió en 14% en Rosario
Rosario3 ponía arriba “Gremios marcharán martes y miércoles en Rosario contra la reforma laboral”;
y Cadena 3 destacaba “Bullrich busca cerrar acuerdos con legisladores para aprobar la reforma laboral”.
Y cuando finalmente “se habilitó” el tema, la primera reacción no fue mostrar a los manifestantes, ni reconstruir la represión, ni explicar el quiebre interno: fue amedrentar y alinearse con la amenaza oficial. La Capital lo sintetizó con una story que decía textual: “Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario: el gobierno aplicará sanciones”, acompañada sólo por la imagen de los efectivos con escudos en formación frente al cartel de la Jefatura (ninguna foto de los policías y familias que protestaban).
Aire de Santa Fe arrancó con el tono más disciplinador posible: “Pasarán a disponibilidad a 20 policías: les quitarán el arma reglamentaria y el chaleco antibalas” y el sello “Urgente”.
Cadena3 directamente puso al ministro como protagonista —más vocería que cobertura— con el texto: “PROTESTA POLICIAL EN ROSARIO: COCOCCIONI DIJO QUE ESTÁN BUSCANDO DESESTABILIZAR Y CONFIRMÓ PASES A DISPONIBILIDAD”, en una placa donde el primer plano no es la calle ni la protesta, sino el funcionario.
Y como broche de la misma música comunicacional, se suman cuentas “nacionales” que de golpe descubren Santa Fe para repetir el libreto, como porfavorcoherencia, que publicó: “En Santa Fe los policías ganan más del doble que en otras provincias. Todos los policías que dejaron su función para hacer paro poniendo en riesgo la seguridad de los santafesinos van a ser desplazados.” Una grosería sin vergüenza: mientras la provincia ardía, las tapas miraban para otro lado; y cuando miraron, fue para apuntar el dedo contra quienes reclamaban y encima con una burda mentira, ya que los oficiales que apenas comienzan no llegan a ganar $800 mil de sueldo.
Del silencio al apriete: la primera línea editorial fue “habrá sanciones”
En conflictos de alta sensibilidad, el lenguaje con el que se abre una cobertura importa más que mil editoriales. Y el encuadre que predominó en muchas primeras salidas fue el de la amenaza institucional: “abandono de servicio”, “sanciones”, “pasar a disponibilidad”, “no es acuartelamiento”.
No es que ese aspecto no exista. Es que empezar por ahí —sin explicar antes el detonante, sin narrar la secuencia de hechos y el clima social que la precede— funciona como un mensaje disciplinador: no se informa para entender; se informa para bajar la cabeza.
En términos humanos, la postal fue brutal: familias y allegados en la puerta de la Jefatura, efectivos reclamando ser escuchados, y un operativo que terminó embarrando la situación.
La pauta como sistema: no es “publicidad”, es control
La discusión no es moralista; es estructural. En Santa Fe, el Presupuesto 2026 proyectó decenas de miles de millones en comunicación, imagen y publicidad bajo órbita del Ejecutivo. Distintos análisis periodísticos y políticos ubicaron esa cifra alrededor de $46.428 millones para áreas vinculadas a comunicación/propaganda/pauta, y la compararon con presupuestos completos de carteras como Cultura o Ambiente.
También se registraron pedidos públicos de informes para conocer el detalle de la distribución.
Cuando el Estado maneja esos volúmenes de dinero, la pauta deja de ser “difusión” y pasa a ser una palanca: premia obediencias, castiga disidencias, estandariza líneas editoriales y, lo más dañino, produce autocensura preventiva.
Y acá aparece un dato clave: quienes administran esa caja no son fantasmas. Existen áreas específicas dedicadas a la planificación publicitaria. Por ejemplo, Andrés Bartolini figura públicamente como subsecretario de Planificación Publicitaria en la estructura provincial.
Que desde esos espacios se ejerzan presiones directas o indirectas es algo que muchos periodistas y trabajadores de medios dicen conocer (y que en algunos casos se denuncia en voz baja, por miedo a “quedar afuera”). Eso, por definición, es un problema democrático: no puede haber libertad de prensa real si el ecosistema depende del humor del funcionario de turno.
El antecedente “La Capital”: denuncias cruzadas y una verdad incómoda
En 2024 circularon denuncias sobre un supuesto esquema de asistencia/pauta millonaria a La Capital, medio históricamente central en la provincia. Algunas publicaciones hablaron de cifras de miles de millones y lo presentaron como “salvataje”.
Otras notas lo rechazaron abiertamente y lo calificaron como “fake news”.
¿Con qué nos quedamos? Con lo más importante: la opacidad. Cuando no hay un registro público, accesible y auditable de montos, criterios, contratos y beneficiarios, el sistema queda diseñado para que cada quien crea lo peor… y para que el poder pueda operar sin costo.
Los medios que no preguntan, no informan: administran la niebla
El episodio de la protesta policial expuso un vacío que no se tapa con un móvil a destiempo:
- Si había seis días de reclamo, ¿por qué no se explicó a tiempo su escalada?
- Si hubo represión y heridos, ¿por qué no se reconstruyó la secuencia completa desde el minuto uno?
- Si el conflicto se replicó en varias ciudades, ¿por qué el público se enteró tarde y fragmentado?
- Si el gobierno sostiene que “no se comprometió el patrullaje” mientras crece la protesta, ¿quién contrasta esa afirmación con datos verificables?
El periodismo no está para cuidar reputaciones oficiales. Está para contar lo que pasa, incluso cuando incomoda al despacho de turno. Si no lo hace, deja de ser periodismo y pasa a ser gestión de clima.
Y esto no es patrimonio de un color político: radicales, socialistas y kirchneristas se parecen más de lo que admiten cuando administran el Estado. Cambian los slogans; no cambian los incentivos. El “partido del Estado” se disfraza según la época.
Lo que habría que exigir mañana mismo
Si de verdad queremos una provincia adulta, la salida no es “apagar” el conflicto con sanciones, ni “apagar” la noticia con pauta. La salida es transparencia y reglas:
- Publicación completa del reparto de pauta oficial: montos, medios, fechas, campañas, objetivos y criterios.
- Tope legal a la pauta como porcentaje del presupuesto y prohibición de discrecionalidad.
- Auditoría externa y acceso ciudadano a contratos y órdenes de publicidad.
- Separación estricta entre comunicación institucional (servicios públicos) y propaganda política.
Porque cuando el Estado paga la voz de los medios, el contribuyente paga una cuenta doble: por medio de iimpuestos y después desinfromandose.
Lo que ocurrió frente a la Jefatura en Ovidio Lagos no fue un rumor: fue una señal. Y el espectáculo más triste no fue ver patrulleros cortando una avenida. Fue ver cómo, otra vez, una parte del sistema mediático eligió esperar la bajada oficial antes de cumplir con su trabajo.
