Ciudad de Santa Fe: el concejal Pablo Mussio denuncia que el SEOM dejó de ordenar el tránsito y se convirtió en una “caja” sin control
La Libertad Avanza, a través del concejal Pablo Mussio, denunció que la reforma del SEOM dejó de ser una herramienta de ordenamiento urbano para transformarse en un esquema de recaudación expansivo, con tarifas atadas al combustible, ampliación automática de zonas y controles debilitados, que golpea el bolsillo de los vecinos y reaviva el debate sobre las “cajas” municipales.
La reforma del Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) en la ciudad volvió a encender la polémica, pero esta vez con un condimento político que incomoda: la denuncia fue impulsada por La Libertad Avanza, a través del concejal Pablo Mussio, y pegó como un sacudón en el “círculo rojo” santafesino. No es un debate menor: se trata de un esquema que toca recaudación, contrataciones, control institucional y, sobre todo, las cajas enquistadas en una ciudad que concentra altísimo empleo público y, por lo tanto, altísima circulación de fondos municipales en el corazón de la provincia.
Lo que nació como una herramienta para ordenar el uso del espacio urbano, incentivar la rotación vehicular y favorecer la actividad comercial, hoy aparece transformado —según los críticos del nuevo esquema— en un mecanismo de recaudación encubierta, con reglas expansivas y controles debilitados, que impacta de lleno en el bolsillo de los vecinos.
Más zonas, más dársenas, más recaudación
La nueva ordenanza amplía considerablemente las áreas alcanzadas:
- Zona 1: ahora abarca el macrocentro, Barrio Sur y Candioti, extendiéndose hasta Avenida Freyre hacia el oeste.
- Zona 2: se incorpora el área portuaria y Alem.
El resultado es directo: más superficie tarifada, más lugares cobrados y, en consecuencia, mayor volumen de ingresos para un sistema que, según la denuncia, opera con contrapesos institucionales débiles.
El punto más cuestionado: un sistema que puede expandirse casi sin control
Uno de los ejes del planteo se centra en el Artículo 19, que habilita al Poder Ejecutivo a modificar o ampliar zonas mediante la simple presentación de un proyecto que entra en vigencia automáticamente, salvo que el Concejo Municipal lo trate en un plazo de apenas 15 días.
Con UNIDOS como mayoría legislativa, distintos sectores advierten que esa cláusula otorga una capacidad de expansión casi total, con margen para decisiones discrecionales y con un debate público reducido al mínimo. Para los denunciantes, el esquema termina funcionando como una “ventanilla rápida” de ampliación recaudatoria, más que como una política urbana con control real.
La adjudicación y un patrón que se repite en varias ciudades
Segun investigaciones periodisticas y propias del espacio de La Libertad Avanza, la licitación del nuevo sistema fue adjudicada a Electromecánica Tacuar S.R.L., con un canon del 35,5% de la recaudación bruta durante cinco años.
La elección no pasó desapercibida porque, entre 2024 y 2025, varias ciudades del país avanzaron con procesos similares de “modernización” del estacionamiento medido: San Salvador de Jujuy, Resistencia (Vía Parking), Villa Allende, Mar del Plata y Santa Fe, con modelos de características muy parecidas.
Según los críticos, la repetición de discursos (“smart”, “moderno”, “tecnológico”) y la similitud de estructuras técnicas en los pliegos alimentan sospechas sobre una estrategia coordinada de implementación, con actores empresariales recurrentes y escaso control externo.
Evaluación técnica con alto margen de discrecionalidad
Otra alarma surge del mecanismo de puntaje: el 70% de la evaluación técnica quedó sujeto a criterios definidos por una comisión integrada exclusivamente por funcionarios del Ejecutivo.
No hubo veedores externos, universidades, especialistas independientes ni organizaciones ciudadanas. Para los denunciantes, esa ausencia amplía el margen de subjetividad y vuelve más opaca la comparación real entre ofertas.
Pliegos técnicos “hechos a medida” y un paquete único que limita la competencia
También se cuestiona el contenido del pliego por incluir especificaciones extremadamente detalladas, no orientadas a objetivos funcionales, sino a soluciones muy concretas. Cuando un pliego describe “cómo” debe ser la solución en vez de “qué” se busca resolver, aumenta la sospecha de que el proceso puede terminar favoreciendo a oferentes previamente compatibles.
Además, el contrato concentró múltiples servicios en un solo paquete, lo que —según observadores— reduce de hecho la competencia. La empresa adjudicataria debía cumplir simultáneamente con:
- Gestión integral del nuevo SEOM
- Instalación y operación de semáforos inteligentes
- Colocación de cámaras con videoanalítica
- Implementación de un Centro de Monitoreo Urbano
- Desarrollo de una plataforma tecnológica integrada
- Provisión de infraestructura informática
- Soporte técnico durante cinco años
Cuanto más grande y “todo en uno” es el paquete, menos jugadores pueden competir. Y cuanto menos competencia hay, más se encarece y más se consolida un esquema cerrado.
Tarifas variables, control concentrado y un golpe al bolsillo
El nuevo esquema incorpora un sistema de tarifas variables sin límites claros, cuya definición queda concentrada en el Ejecutivo. Para los críticos, la combinación de expansión automática de zonas + discrecionalidad en la evaluación + control centralizado de precios configura un modelo con alto potencial recaudatorio y escasos contrapesos institucionales.
A esto se suma un dato clave: el valor queda atado al precio del combustible. Según el Artículo 4 de la Ordenanza 13.045, se fija un mínimo equivalente al 40% de la nafta súper (aprox. $680), lo que implicaría un aumento del 134% respecto del mínimo anterior. El máximo puede alcanzar un litro completo (hoy cerca de $1.700), es decir, un incremento del 295%.
Y no termina ahí:
- Las motos comenzarán a pagar (art. 13).
- Los contenedores serán tarifados como un automóvil (art. 14).
- El Ejecutivo podrá activar el SEOM de forma temporal en zonas y horarios donde normalmente no funciona, ante eventos o situaciones especiales en los barrios.
Con tarifas variables atadas a un índice inflacionario como el combustible, sin topes claros y sin controles externos efectivos, el sistema deja de parecer una herramienta de ordenamiento urbano y pasa a operar —según la denuncia— como un mecanismo de recaudación flexible, de impacto creciente sobre la economía cotidiana.
El fondo del debate: ¿ordenamiento urbano o negocio redondo?
Mientras el discurso oficial insiste en modernización y eficiencia, la denuncia de La Libertad Avanza y el concejal Mussio instala una pregunta incómoda para el poder local: ¿el SEOM sigue siendo una política pública de ordenamiento urbano o se convirtió en un negocio redondo financiado por los vecinos para engordar la recaudación municipal?
La discusión, además, no es técnica: es política. Porque cuando se señalan cajas, contratos, falta de controles y expansión automática, lo que tiembla no es un sistema de estacionamiento: tiembla la arquitectura de recaudación de una de las ciudades con más estructura estatal y más recursos en juego de toda la provincia.
