El Senado dictaminó el nuevo Régimen Penal Juvenil: el Gobierno avanza para bajar la edad de imputabilidad a 14 años
En el marco de la nueva Argentina que impulsa el presidente Javier Milei, el Senado avanzó con el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves.
El oficialismo logró este jueves un paso clave en el Senado: el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen favorable al proyecto de Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, quedará habilitada para ser tratada en el recinto la próxima semana.
El encuentro comenzó a las 14.30 en el Salón Illia y fue presidido por los senadores Juan Carlos Pagotto y Ezequiel Atauche. Durante la reunión, Pagotto dejó la presidencia de la comisión de Justicia —al asumir la de Acuerdos— y fue designado en su reemplazo el senador Gonzalo Guzmán Coraita, a propuesta de Patricia Bullrich.
Minutos antes de las 16, el oficialismo y bloques dialoguistas reunieron las firmas necesarias y se obtuvo dictamen de mayoría.
El eje central: responsabilidad penal desde los 14 años
El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei reemplaza el régimen vigente desde 1980 y establece un nuevo marco penal para adolescentes en conflicto con la ley.
El punto central es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro.
Entre los aspectos principales:
- Pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves.
- Prohibición de prisión perpetua para menores.
- Cumplimiento de condenas en establecimientos diferenciados de adultos.
- Creación de institutos especializados con personal capacitado en infancia y adolescencia.
- Garantía de educación, atención médica y tratamiento de adicciones.
Además, se contemplan penas alternativas para delitos con escalas menores a los 10 años, priorizando medidas socioeducativas, monitoreo electrónico, prohibición de contacto con la víctima, restricciones para conducir o salir del país y servicios comunitarios.
Para delitos con penas inferiores a tres años, no se prevé cárcel.
Las víctimas en el centro del debate
Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue la exposición de madres y familiares de víctimas de delitos cometidos por menores.
Laura Fernández, madre de Lara Valentina Fernández —asesinada el 1° de enero de 2022 en Lomas de Zamora por un menor de 15 años— relató que el agresor ya se había fugado dos veces de un instituto de menores y que, tras un juicio abreviado, recuperará la libertad en 2029.
“Nos arruinaron la vida. Queremos evitar que otras familias pasen por lo mismo”, sostuvo.
También brindaron testimonio Nicolás Sabo —hijo del quiosquero Roberto Sabo, asesinado en 2021—, Karina Albarenga y otros familiares que reclamaron terminar con la impunidad de menores que cometen delitos graves.
El proyecto incorpora de manera expresa derechos para las víctimas, garantizando su participación en el proceso, patrocinio jurídico y asistencia psicológica.
Desde el oficialismo, Bullrich fue contundente:
“No es lo mismo que un menor que mata vuelva a su casa como si nada hubiera pasado. No hay nada peor que la impunidad”.
La iniciativa ya había sido aprobada en Diputados con 149 votos afirmativos y 100 negativos, con apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.
Próximo paso: sanción definitiva
La Libertad Avanza busca llevar el proyecto al recinto del Senado el jueves próximo en una sesión extraordinaria. El objetivo del Gobierno es convertir la reforma en ley de manera inmediata.
Con este dictamen, el oficialismo consolida otro avance legislativo clave dentro de su agenda de seguridad y reforma estructural del sistema penal, con el foco puesto —según remarcan desde el Gobierno— en terminar con la impunidad y dar una respuesta firme frente a delitos graves cometidos por menores.
Si el Senado lo aprueba, la Argentina tendrá un nuevo Régimen Penal Juvenil que fija responsabilidad desde los 14 años y establece penas proporcionales a la gravedad del delito, bajo un esquema que el oficialismo define como “orden, justicia y fin de la impunidad”.
Otro paso hacia la nueva Argentina
Con el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, la Nueva Argentina de Javier Milei da un paso histórico hacia la justicia real, bajo la premisa innegociable de que el que las hace, las paga. El Gobierno ha escuchado el grito de las víctimas y ha decidido terminar con décadas de impunidad garantista que protegía a los delincuentes mientras abandonaba a las familias honestas. Al bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, se envía un mensaje contundente: quien comete un delito de adulto, debe recibir una pena de adulto. No hay más lugar para las excusas ni para el romanticismo delictivo; la madurez para empuñar un arma y arrebatar una vida debe ser la misma madurez para enfrentar la celda.
Esta reforma no solo repara una deuda moral con la sociedad, sino que pone finalmente a las víctimas en el centro del sistema, dejando de financiar con los impuestos de los ciudadanos un modelo que reciclaba criminales. La determinación política de la gestión Milei demuestra que el orden y el respeto a la ley son los pilares de una nación civilizada. Al cerrar la puerta giratoria para los menores que eligen el camino del crimen, el Gobierno reafirma que en este país se acabó la fiesta para los delincuentes: hoy la prioridad es proteger a la gente de bien y asegurar que la justicia sea, por primera vez en años, verdaderamente justa.
