El fiscal pide agravar el procesamiento de Tapia y Toviggino: la AFA y los 19.000 millones de pesos que no llegaron al fisco
El titular de la asociación del fútbol y su tesorero apelaron sus procesamientos por evasión, pero la fiscalía contraatacó pidiendo endurecer la calificación penal. Retuvieron impuestos y aportes jubilatorios de clubes y jugadores durante años, usando ese dinero como si fuera propio
La «transparencia» de tapia se derrumba en la justicia. El fiscal Claudio Navas Rial pidió agravar el procesamiento de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, por la presunta evasión impositiva que supera los 19.000 millones de pesos. La maniobra es simple y dolosa: actuaron como agentes de retención de impuestos nacionales y recursos de la seguridad social —dinero que les pagaban clubes y futbolistas— pero nunca lo depositaron en las arcas del estado, violando el plazo legal de 30 días y quedándose con fondos que debían financiar obras públicas y jubilaciones.
El juez Diego Amarante ya los había procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo de 350 millones de pesos sobre sus bienes, prohibición de salir del país y la obligación de justificar cualquier ausencia de más de 72 horas. En lugar de aceptar la severidad de los cargos, las defensas apelaron, buscando revertir la decisión. La fiscalía respondió con contundencia: no solo mantiene la acusación, sino que exige que se reconozca la agravante por la calidad de funcionarios públicos de los imputados, lo que podría derivar en penas más duras y acelerar el camino hacia el juicio oral.
La ironía es que mientras la AFA emitía comunicados celebrando «nueve años de gestión transparente», sus máximos dirigentes retenían indebidamente ingresos por publicidad y derechos de imagen, utilizando ese capital como caja propia. Son los mismos que lloran pobreza cuando los clubes reclaman deudas, los mismos que negocian contratos millonarios con sponsors internacionales, los mismos que pretenden viajar a la copa del mundo en primera clase mientras el fisco no recibe ni un peso de sus retenciones.
El caso expone la podredumbre de un sistema donde los dirigentes deportivos actúan como feudales: cobran por derecha —retenciones que son obligación legal— pero no cumplen con la contra parte, que es entregar ese dinero al estado. Es apropiación indebida pura y dura, repetida en 34 oportunidades para tributos y 17 para aportes previsionales, según el procesamiento.
Tapia intentó lavarse las manos argumentando que las obligaciones impositivas las manejan «áreas técnicas» de la institución y que la deuda ya estaba cancelada, además de ampararse en una resolución del ministerio de economía que suspendía ejecuciones fiscales. El juez desestimó todos los argumentos: la responsabilidad penal es personal y el dinero nunca llegó a destino.
Ahora la causa está en la cámara penal económica, que definirá si los procesamientos se confirman con la agravante pedida por el fiscal. Mientras tanto, el fútbol argentino sigue siendo rehén de dirigentes que usan la pelota como negocio personal y al estado como financista cautivo de sus maniobras.
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