Romina Diez le declara la guerra a las fake news: «Chimenteros de cuarta que fabrican noticias y se disfrazan de periodistas»
La presidente de La Libertad Avanza en Santa Fe salió al cruce de dos operaciones mediáticas fabricadas en 48 horas por el mismo diario digital: un concejal libertario convertido en hacker y un militante de perfumes transformado en capo del contrabando.
23 de abril de 2026 – El concejal Santiago Fontana llegó a Granadero Baigorria como un abogado joven e hizo exactamente lo que prometió: trabajar.
En un bastión peronista provincial donde los concejales se habían votado ellos mismos un aumento de sueldo, Fontana presentó un proyecto para congelar esas remuneraciones. No es una idea revolucionaria. Es, simplemente, sentido común. Pero en la política tradicional de Santa Fe, el sentido común molesta, y los que molestan pagan un precio.
El precio, en este caso, fue la expulsión de un secretario administrativo del Concejo, un empleado de ideas afines a La Libertad Avanza que estaba cumpliendo funciones en su puesto. La acusación: que estaba “borrando información” de la computadora que él mismo operaba.
Una denuncia que, sometida al mínimo rigor periodístico, se desmorona sola. Pero el periodismo militante no trabaja con rigor; trabaja con timing y con sirena.
La nota la levantó Álvaro Maté en LPO, el diario digital cuyo apodo en los pasillos del periodismo santafesino es “La Opereta Online”, un alias que se ganó a pulso.
El título fue brutal y sin sustento: un funcionario libertario acusado de hackear el sistema informático del Concejo.
El problema es que nadie hackeó nada.
Hay una denuncia impulsada por concejales que acababan de votarse su propio aumento y necesitaban disciplinar al único que se opuso.
“En 48 horas, el mismo diario fabricó un hacker, un traficante de perfumes y una cueva financiera. La metodología no cambió. Solo cambió la víctima.”
Al día siguiente, el mismo diario —ahora con la firma de Fabricio Navone desde Rosario— lanzó la segunda andanada.
Esta vez, el blanco fue un militante de LLA en San Lorenzo, a quien de pronto convirtieron en “referente máximo” del partido en ese departamento.
La evidencia del crimen: un chat donde vendía perfumes.
A eso, el artículo sumó que los perfumes venían de Paraguay (contrabando), que el tipo manejaba una cueva financiera y que todo eso lo vinculaba directamente a Romina Diez, a quien le colocaron una foto al lado de la historia como si fuera una firma implícita.
El problema, nuevamente, es que no hay pruebas.
Hay un chat de perfumes, una foto y un diario con motivaciones que la opinión pública ya conoce.
LPO funciona desde hace años como caja de resonancia de intereses políticos que pagan por operar contra adversarios.
No se trata de una acusación novedosa: es una descripción de su modelo de negocio tal como lo conocen quienes cubren política en la provincia.
Romina Diez respondió con la velocidad y la firmeza que la situación exigía.
Primero, en el caso del supuesto “hacker”, salió a aclarar que la acusación era apenas un manotazo de ahogado de concejales que no podían tolerar que un libertario intentara congelarles el sueldo.
Segundo, frente a la nota sobre el supuesto contrabandista, dejó en claro quiénes son sus verdaderos referentes en San Lorenzo —Eugenia Rolón y Pablo Aquino— y anunció que ya no perdería tiempo respondiendo fakes: todo seguirá en la Justicia.
La movida de Diez es inteligente porque evita caer en el juego de desmentir punto por punto, lo que solo le daría oxígeno a operaciones que no lo merecen.
En cambio, marca territorio: estas acusaciones son mentiras fabricadas, periodistas que militan con título y operan con micrófono, y el único árbitro que importa es la Justicia y las urnas.
Hay además un contexto nacional imposible de ignorar.
La pelea de Javier Milei con sectores del periodismo viene escalando desde los primeros días de su gobierno, y el escándalo por el supuesto espionaje ilegal en Casa Rosada —con Geuna, de TN, en el centro de la tormenta— le dio una dimensión nueva al debate sobre los límites del periodismo de inteligencia.
Lo que ocurre en Santa Fe es, en escala provincial, el mismo fenómeno: medios que dejaron de informar y empezaron a operar; periodistas que dejaron de investigar para convertirse en soldados de una trinchera política; y una audiencia que, cada vez más, los observa con la desconfianza que merecen.
La credibilidad del periodismo argentino lleva años en caída.
Pero hay algo nuevo: la ciudadanía ya tiene herramientas para contrastar en tiempo real.
Cuando una nota sale por la mañana diciendo que alguien es hacker y por la tarde ya circula el contexto completo, el ciclo de vida de una opereta se reduce a horas.
Ese es, quizás, el único consuelo en este panorama: el periodismo militante sigue fabricando relatos, pero cada vez le dura menos el efecto.
Lo que hicieron con Fontana y con el militante de San Lorenzo no es periodismo.
Es un servicio de presión que alguien contrató.
Y cada vez que se repite, la factura se la cobran ellos mismos, en la única moneda que ya no pueden recuperar: la reputación.
