La millonaria estafa de otra cooperativa de Grabois: familiares, testaferros y facturas a empresas fantasma.
El Gobierno continúa cortando los curros de una cooperativa por usar indigentes para financiar cajas negras de la política.
Una cooperativa vinculada a estructuras de la economía popular de Juan Grabois fue suspendida de manera preventiva por el Ministerio de Capital Humano tras detectarse presuntas irregularidades en su funcionamiento.
El caso vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre organizaciones que administran fondos públicos y el rol de las «cajas negras» de la política.
Según el comunicado oficial, la medida alcanza a la cooperativa “La Azurduy Ltda.” y se enmarca en una investigación que detectó desvíos de fondos, facturación irregular y utilización de proveedores sin respaldo operativo. La decisión fue acompañada por la apertura de un sumario administrativo por laç desnaturalización de la figura cooperativa.
Las irregularidades detectadas
La fiscalización identificó un esquema sistemático de irregularidades:
- Conflictos de interés: Se detectó que funcionarios del FISU (Fideicomiso de Integración Socio Urbana) comparten domicilios fiscales con directivos de la cooperativa y sus familiares.
- Vínculos familiares: Actores clave de la estructura presentan lazos de parentesco y domicilios compartidos.
- Facturación interna: Integrantes de la comisión directiva facturan servicios a la propia cooperativa a través de otras entidades que ellos mismos presiden.
- Proveedores fantasma: Personas ajenas a la entidad facturan materiales y fletes a través de sociedades que carecen de locales comerciales, depósitos o vehículos registrados.
- Falta de documentación: La entidad no brindó respaldo sobre operaciones relevantes, como la adquisición de un terreno, una acción que se encuentra fuera de su objeto social.
Una red con conexiones políticas y sociales
La investigación apunta a que la cooperativa no operaba de forma autónoma, sino bajo el control operativo de movimientos sociales y gremiales como el MTE y la UTEP. Según el informe, comparten sedes físicas, autoridades y correos electrónicos.
Entre los nombres señalados aparecen:
- Ramona Fernanda Miño: Ex presidenta del FISU, cuyo cónyuge y asociados a la cooperativa comparten su mismo domicilio.
- Sergio Oseira y José Antonio Ruiz Díaz: Vinculados al MTE y la UTEP.
- Pablo Nicolás Ávalos: Secretario Administrativo del Bloque Ciudadanos Unidos/UCR de la Legislatura porteña, quien controlaba sociedades que facturaban materiales a la cooperativa.
Cajas negras y privilegios
El caso reavivó las críticas sobre cómo ciertos sectores de la política han manejado históricamente recursos como el FISU para consolidar estructuras de poder. Estas «cajas» se utilizaron para financiar privilegios políticos bajo la fachada de causas nobles y ayuda social.
La falta de controles de los gobiernos anteriores permitió la expansión de un sistema donde, con total impunidad y sin consecuencias, la asistencia a los más vulnerables termina siendo una herramienta para el sostenimiento de aparatos partidarios.
Mientras que desde algunos espacios se defiende el rol de las cooperativas para la inclusión, la detección de facturas apócrifas y empresas sin infraestructura (como Maiza del Pilar SRL o Athenea Construcciones) refuerza la hipótesis de un uso irregular de los fondos estatales.
