Capitán BermúdezHabrían extorsionado a empleada del Concejo a entregar la mitad de su sueldo para un asesor de Sol Ventura
Mirta Valeria Schenfeld, subsecretaria administrativa del Concejo Municipal, denuncia que durante meses fue obligada a transferir la mitad de su salario a un tal Samuel, community manager de la concejal Sol Ventura. Al negarse a seguir con el «aporte», le comunicaron el despido. Capturas de transferencias, audios y conversaciones comprometen a la dirigencia de Unidos en un nuevo escándalo de corrupción.
Un nuevo escándalo de extorsión y corrupción sacude a la política santafesina, esta vez en Capitán Bermúdez, el municipio industrial del Gran Rosario gobernado por el peronista Carlos Daniel Cinalli.
La protagonista es Mirta Valeria Schenfeld, quien se desempeña como subsecretaria administrativa del Concejo Municipal y que, según denuncia, fue obligada durante varios meses a pagarle la mitad de su sueldo a un tal Samuel, que trabajaba como community manager de la concejal Sol Ventura del bloque Unidos-PRO.
El mecanismo era simple y brutal: Schenfeld, empleada del Concejo desde el 2024, debía transferir parte de su salario para mantener su cargo. El destinatario no era un funcionario público, no era un empleado del municipio. Era el encargado de las redes sociales de una concejal de la coalición Unidos.
El «aporte» que se convirtió en extorsión
Según las pruebas que este diario pudo reconstruir, el esquema funcionó durante años bajo la supervisión de Andrés Danelón, dirigente de Unidos en Capitán Bermúdez, quien trabajó diez años con Schenfeld en diferentes tareas. La empleada, para conservar su puesto, debía «aportar» sistemáticamente parte de su remuneración al community manager de Ventura.
Las capturas de las transferencias de dinero —que este diario tiene en su poder— muestran movimientos regulares desde la cuenta de Schenfeld hacia la concejal, quien luego distribuía el dinero hacia Samuel. No era un favor ocasional. Era una renta extorsiva, un peaje institucionalizado para poder trabajar en el Concejo Municipal.
El esquema se mantuvo mientras Schenfeld accedió. Pero el límite llegó cuando la empleada decidió negarse a seguir pagando. La respuesta no se hizo esperar: le comunicaron que sería despedida de su cargo.
Sol Ventura: de la oposición funcional al escándalo
Sol Ventura —cuyo nombre completo es María Soledad Ventura— ocupa la vicepresidencia del Concejo Municipal de Capitán Bermúdez y es concejal por el bloque Unidos.. Su trayectoria política es un compendio de oportunismo: empezó en 2021 como candidata del partido CREO dentro del Frente Progresista Cívico y Social (el partido de Pablo Javkin, intendente de Rosario), saltó al PRO en 2023 para competir en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, y en 2025 un intento fallido por pertenecer a La Libertad Avanza, que sólo le alcanzó para cubrir un lugar testimonial en los 50 lugares como convencional constituyente.
Su accionar en el Concejo ya había generado críticas incluso dentro de la propia oposición. El dirigente socialista Leandro Aguiar —quien compartió lista con ella en 2023— la acusó públicamente de ser «más funcional al oficialismo que una oposición», señalando que aprobó «prácticamente todo lo del oficialismo», incluyendo la sobretasa para quienes no regularizaron obras y el presupuesto 2026 con aumentos de impuestos por encima de la inflación.
Pero ser «funcional al oficialismo» parece ser solo una parte de la historia. La otra es este sistema de extorsión interna donde una empleada del Concejo debía financiar al community manager de la concejal para mantener su puesto.
Unidos: la misma sombra en toda la provincia
El escándalo de Capitán Bermúdez no es un hecho aislado. Es la misma lógica que atraviesa toda la coalición Unidos en Santa Fe: el uso del Estado como caja personal, la extorsión como método de control, y la corrupción como sistema de gobierno.
En Granadero Baigorria, la presidente del Concejo de esa ciudad, Gisela Da Ponte, también de Unidos, lideró el despido del secretario administrativo de esa entidad por el hecho de ser libertario, en modo de reprimenda al concejal de La Libertad Avanza Santiago Fontana, quien se opuso al auto aumento de sueldos de los concejales y luego pidió que se lo bajen, perdiendo ambas votaciones 6 a 1.
La víctima, en este caso, no es un empresario millonario ni un contratista del Estado. Es Mirta Valeria Schenfeld, una empleada municipal que venía trabajando en la administración del Concejo desde el 2024 y que, al negarse a seguir siendo exprimida, fue amenazada con el despido.
Las pruebas que no se pueden borrar
Este diario cuenta con capturas de las transferencias bancarias que Schenfeld realizaba, conversaciones de WhatsApp donde se detallan los «aportes», y audios donde se discute el mecanismo de extorsión. No son rumores de pasillo. Son pruebas concretas de un delito: la extorsión y la coacción a una empleada pública para el beneficio privado de un dirigente político.
La pregunta que queda flotando es simple: ¿quién más en el Concejo de Capitán Bermúdez estaba obligado a «aportar»? ¿Cuántos empleados municipales financian, sin saberlo o sin poder negarse, los gastos personales y políticos de los concejales de Unidos?
Y la pregunta que le corresponde a Sol Ventura es directa: ¿por qué una empleada del Concejo debía pagarle el sueldo a su community manager? ¿Qué servicio público justifica que una secretaria administrativa transfiera la mitad de su salario al encargado de las redes sociales de una concejal?
Pero las pruebas van más allá de las transferencias. En conversaciones de WhatsApp que este diario también posee, Danelón aparece presionando directamente a Schenfeld: «¿Le transferiste el dinero a Samuel?», le exige en uno de los mensajes el 14 de enero de 2026. No es una consulta casual. Es una cobranza institucionalizada, la prueba de que la extorsión no era un arreglo informal entre dos personas, sino un mecanismo supervisado desde la dirigencia de Unidos.
El silencio cómplice
Mientras tanto, los grandes medios de Santa Fe —financiados con la pauta oficial de Unidos— no dirán una palabra. No investigarán. No preguntarán. Porque el que muerde la mano que le da de comer se queda sin pauta.
Pero El Liberador va a seguir.
Va a seguir mostrando lo que quieren ocultar. Va a seguir contando lo que compran para que nadie cuente. Va a seguir poniendo luz donde la coalición Unidos necesita oscuridad.
Porque cuando una empleada municipal es extorsionada para financiar al community manager de una concejal, no es un problema de «gestión». Es corrupción pura. Y cuando la víctima se anima a denunciar y la castiga con el despido, no es un trámite administrativo. Es venganza política.
