Acusan al municipio de San Javier de usurpar terrenos fiscales y robar electricidad al municipio
Interna caliente: radicales vs radicales
En San Javier, Santa Fe, la impunidad política alcanza nuevos máximos con las donaciones irregulares de terrenos fiscales a empleados municipales. El caso más escandaloso involucra a, según denuncian vecinos de la ciudad, un concejal en funciones, beneficiario de un predio de dominio público sin concurso ni adjudicación transparente, y a una empleada administrativa, responsable de la compra de materiales para el corralón, quien recibió otro lote fiscal justo donde levantó su vivienda particular.
Para completar el cuadro, la Municipalidad habilitó de manera discrecional una extensión de la red eléctrica desde los corrales municipales hasta la casa de dicha empleada, de modo que el alumbrado público financia su consumo domiciliario. Esta concesión no solo vulnera las normas que rigen la cesión de bienes del Estado, sino que aprovecha recursos de todos los contribuyentes para enriquecer a privilegiados de la estructura de poder local.
Lejos de responder a un supuesto interés comunitario, las maniobras de funcionarios y empleados municipales reflejan el uso del erario público como botín político. En lugar de licitaciones, subastas o registros públicos de inscripciones, se optó por la entrega directa, en violación de las ordenanzas municipales y de la Ley Provincial de Tierras Fiscales. Tampoco consta que se haya evaluado el valor de mercado ni que se haya pagado canon alguno: el regalo fue total, al margen de cualquier control.
Un caso que empeora la situación es lo que sucede en el barrio Pizarro, autodenominado Dignidad, donde su usurpación parece no dejarle ganancias económicas a los gobernantes de turno ni al menos haber vecinos amigos del poder municipal, porque su usurpación sí es combatida y los servicios negados desde hace años.
Este entramado clientelar daña la confianza en las instituciones y reduce al municipio a una caja de reparto para allegados al poder. San Javier merece transparencia, controles y rendición de cuentas: no más adjudicaciones arbitrarias ni favores electorales disfrazados de “gestiones exitosas”. Es hora de restablecer el principio de igualdad ante la ley y exigir que todo funcionario, sin importar su cargo, actúe con probidad y respeto por los bienes de la comunidad.
